El inicio de 2026 encuentra a la Provincia de Jujuy con su Presupuesto General aprobado y en vigencia. La Legislatura lo convirtió en ley mediante la Ley Provincial N.º 6490, sancionada el 9 de diciembre de 2025.
La aprobación se dio en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados y contó con un amplio consenso legislativo. El hecho adquiere relevancia en un contexto nacional marcado por tensiones fiscales y cambios en la relación Nación-provincias.
Desde el punto de vista cuantitativo, el Presupuesto 2026 proyecta una situación fiscal superavitaria. Los ingresos estimados alcanzan los $2,656 billones, mientras que los egresos se ubican en torno a los $2,284 billones. Como resultado, el cálculo oficial prevé un superávit cercano a los $372 mil millones. El oficialismo provincial interpreta este resultado como una señal de solidez fiscal y previsibilidad financiera.
Según el Poder Ejecutivo, este escenario permitiría cumplir obligaciones corrientes y, al mismo tiempo, planificar obras públicas y proyectos de inversión. Sin embargo, un análisis desde la economía política provincial obliga a matizar esta lectura optimista. El propio presupuesto reconoce una fuerte dependencia de los recursos de origen nacional.
Aproximadamente el 80 % de los ingresos proviene de transferencias automáticas y no automáticas de la Nación. Solo el 20 % corresponde a recursos propios de la provincia. Esta estructura de financiamiento refleja una característica histórica de las finanzas provinciales argentinas. En especial, afecta a jurisdicciones con menor desarrollo relativo de su base tributaria. Como consecuencia, la autonomía fiscal efectiva de Jujuy resulta limitada y vulnerable a cambios en la política económica nacional.
En relación con el gasto, la información oficial no presenta una desagregación detallada por finalidades y funciones. No obstante, informes periodísticos y legislativos aportan algunas precisiones.
Estos análisis coinciden en que una porción significativa del presupuesto se destina al pago de salarios del sector público. Este rasgo constituye un componente estructural del gasto provincial.
En este contexto, las asignaciones a áreas clave como salud, educación, seguridad y obra pública quedan condicionadas por la disponibilidad de recursos y las prioridades del Ejecutivo. Asimismo, la Ley de Presupuesto 2026 habilita la toma de endeudamiento para financiar obras y proyectos de inversión. Estas iniciativas no pueden cubrirse con recursos corrientes.
El oficialismo defiende esta herramienta como necesaria para sostener la inversión pública. En cambio, sectores de la oposición advierten sobre los riesgos de comprometer recursos futuros. Estas advertencias cobran peso ante un escenario macroeconómico nacional todavía incierto y volátil.
El presupuesto tampoco estuvo exento de controversias políticas y sociales. Diversas organizaciones cuestionaron la reducción o ausencia de partidas vinculadas a políticas de género. También señalaron recortes en programas de prevención de la violencia machista. A su vez, reclamaron mayor claridad en los mecanismos de asignación y ejecución del gasto. Estos planteos abrieron interrogantes sobre la transparencia y la orientación social del presupuesto provincial.
En síntesis, el Presupuesto 2026 de Jujuy se presenta como equilibrado y superavitario desde el plano formal. Sin embargo, su análisis expone tensiones estructurales persistentes. La dependencia de recursos nacionales, la rigidez del gasto salarial y el debate distributivo siguen marcando los límites del modelo fiscal provincial. El equilibrio fiscal, por sí solo, no agota la discusión sobre desarrollo.
