La aprobación del Decreto Supremo N.º 5503 marca un punto de inflexión en la política económica reciente. Se introducen modificaciones sustantivas en las reglas laborales y administrativas del sector público. Presentado oficialmente como una herramienta para ordenar las cuentas del Estado y mejorar la eficiencia del gasto, el decreto genera, sin embargo, efectos económicos y sociales que van mucho más allá del plano fiscal.
Desde una perspectiva de economía política, el decreto no puede analizarse como una medida técnica aislada. Sino como parte de una estrategia de ajuste que redefine el rol del Estado, el empleo público y la distribución de costos de la crisis económica.
Ahorro fiscal con efecto contractivo
Uno de los objetivos centrales del decreto es la reducción del gasto corriente, particularmente el destinado a salarios y contratos temporarios. En Bolivia, el gasto en remuneraciones del sector público representa históricamente entre 7 % y 9 % del Producto Bruto Interno, y el empleo estatal directo e indirecto involucra a más del 15 % de la población ocupada urbana.
La reducción o no renovación de contratos implica, en los hechos, una caída de la masa salarial que circula en la economía. Este recorte tiene un impacto directo sobre el consumo interno. Especialmente en economías regionales donde el salario público cumple un rol clave como motor de la demanda. Estudios regionales muestran que una contracción del gasto salarial estatal puede reducir el crecimiento del PIB entre 0,3 y 0,6 puntos porcentuales, profundizando el estancamiento económico.
Empleo público y precarización laboral
El decreto amplía la discrecionalidad administrativa para la contratación y desvinculación de trabajadores, lo que introduce un proceso de flexibilización del empleo público. En un país con altos niveles de informalidad laboral —cercanos al 70 % del empleo total—, el Estado ha funcionado históricamente como un amortiguador social frente a crisis económicas.
La reducción de contratos estatales no solo incrementa la inestabilidad laboral, sino que empuja a miles de trabajadores hacia el sector informal. Esto se caracteriza por menores ingresos, baja productividad y ausencia de protección social. Lejos de resolver los problemas estructurales del mercado de trabajo, la medida tiende a profundizar la precarización y a debilitar la base contributiva futura del propio Estado.
Impacto social y distribución del ajuste
Las consecuencias sociales del decreto son significativas. La pérdida de ingresos o la incertidumbre laboral afectan principalmente a sectores medios y populares urbanos, generando un deterioro de las condiciones de vida en un contexto de inflación y aumento del costo de los servicios básicos. El ajuste no se distribuye de manera homogénea: recae fundamentalmente sobre el trabajo, mientras se preservan otras partidas y rentas de mayor poder económico.
Este sesgo regresivo contribuye a incrementar la desigualdad social, profundizando la brecha entre un sector vinculado al aparato estatal de mayor jerarquía y amplios segmentos de trabajadores precarizados. La reducción del gasto social y salarial debilita, además, la función redistributiva del Estado y erosiona la cohesión social.
Riesgo de conflictividad y pérdida de legitimidad
Históricamente, las políticas de ajuste sobre el empleo público han generado en Bolivia conflictos sindicales, protestas y tensiones políticas. El Decreto 5503 no parece ser la excepción. Al redefinir unilateralmente las reglas laborales, el Estado corre el riesgo de transformarse, a los ojos de amplios sectores sociales, de garante de derechos en agente disciplinador del ajuste.
El decreto puede mejorar transitoriamente el resultado fiscal, pero lo hace a costa de menor crecimiento económico, mayor precarización laboral y aumento del malestar social. Desde una mirada estructural, el problema de fondo no reside en el tamaño del gasto público, sino en la falta de una estrategia de desarrollo que amplíe la base productiva, diversifique la economía y genere ingresos genuinos.
Un ajuste que no resuelve lo estructural
El Decreto Supremo 5503 expone una tensión recurrente en América Latina: la búsqueda de equilibrio fiscal de corto plazo frente a la necesidad de sostener empleo, demanda interna y cohesión social. Sin cambios en la estructura productiva ni en el sistema tributario, el ajuste traslada los costos a los sectores más vulnerables y no resuelve los desequilibrios estructurales de fondo.
En definitiva, más que un camino hacia la estabilidad, el decreto abre interrogantes sobre la sustentabilidad económica y social del modelo de ajuste elegido. También plantea interrogantes sobre el rol que el Estado está dispuesto a asumir en un contexto marcado por crecientes desigualdades sociales y económicas.
