En 2025 Bolivia atravesó un punto de inflexión político de carácter histórico tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), iniciados bajo el liderazgo de Evo Morales y continuados por Luis Arce. Las elecciones generales de octubre marcaron un quiebre del ciclo político previo, con la llegada al poder de Rodrigo Paz Pereira. Un dirigente de perfil centrista que planteó la necesidad de un giro económico bajo la consigna de un “capitalismo para todos”.
Paz asumió la presidencia el 8 de noviembre de 2025 con una agenda explícita de estabilización macroeconómica. Un contexto signado por la caída de reservas, el agotamiento del modelo hidrocarburífero y un Estado fiscalmente tensionado tras años de subsidios generalizados. En su discurso de asunción, el nuevo mandatario anunció el fin del aislamiento internacional y la intención de recomponer vínculos con organismos multilaterales y con Estados Unidos, marcando un cambio respecto de la estrategia más autónoma seguida durante los gobiernos del MAS.
En el plano interno, la ruptura política dentro del MAS —expresada en la disputa entre Arce y Morales— debilitó al principal actor del ciclo anterior y profundizó la fragmentación del sistema político. Esta fractura no solo reconfiguró el mapa partidario, sino que también amplificó la polarización social en un contexto económico adverso.
Economía: recesión, inflación y presión externa
- Recesión prolongada
Bolivia ingresó en recesión en 2024 y la contracción se profundizó durante 2025. Registrando una caída del Producto Interno Bruto que no se observaba desde mediados de la década de 1980, con excepción del shock del COVID-19. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, el PIB se contrajo aproximadamente -2,4 % en el primer semestre de 2025, poniendo fin a más de tres décadas de crecimiento relativamente sostenido.
Proyecciones del Banco Mundial advierten que la economía boliviana podría continuar en una senda contractiva hasta 2027. Con efectos acumulativos sobre el empleo, los ingresos y la inversión, lo que da cuenta de una crisis de carácter estructural y no meramente coyuntural.
- Inflación y ajuste de precios
Durante 2025, la inflación se aceleró hasta ubicarse cerca del 20 % anual, impulsada por la escasez de divisas, la devaluación de la moneda y la corrección de precios relativos, particularmente en combustibles. Este fenómeno erosionó el poder adquisitivo y revirtió parcialmente los avances distributivos logrados en años anteriores.
El gobierno proyecta para 2026 una inflación sensiblemente menor, aunque todavía en niveles de dos dígitos, lo que indica que los desequilibrios macroeconómicos de fondo —restricción externa, fragilidad fiscal y dependencia importadora— permanecen vigentes.
- Crisis de divisas, déficit y deuda
Uno de los núcleos de la crisis actual es el agotamiento de las reservas internacionales,. Resultado de años de déficit fiscal, subsidios energéticos crecientes y una fuerte caída de los ingresos por exportaciones de hidrocarburos, históricamente la principal fuente de divisas del país.
Entre enero y octubre de 2025, las exportaciones del sector energético se redujeron de forma significativa. Profundizando el déficit comercial y limitando la capacidad del Estado para sostener importaciones esenciales. En este marco, diversos informes previos ya advertían que Bolivia enfrentaba riesgos de incumplimiento de deuda si no lograba acceder a financiamiento externo, elevando la presión sobre la política económica.
- Sector energético: conflicto y reformas
El sector hidrocarburífero constituye uno de los principales focos de tensión. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), afectada por años de baja inversión y deterioro operativo, enfrenta dificultades de producción y abastecimiento que derivaron en escasez de combustibles en distintas regiones del país.
Como respuesta, el nuevo gobierno avanzó en la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles, que representaban un costo fiscal elevado, y ajustó los precios internos hacia valores más cercanos a los internacionales. Si bien estas medidas buscan recomponer las cuentas públicas y aliviar la presión externa, su impacto social inmediato fue significativo.
Medidas económicas y reacciones sociales
- Ajustes estructurales
El gobierno de Rodrigo Paz implementó un paquete de medidas de choque que incluyó:
- La eliminación de subsidios a los combustibles, con fuertes aumentos de precios.
- Un incremento del salario mínimo nacional, que pasó de aproximadamente USD 395 a USD 474 mensuales, con el objetivo de amortiguar la pérdida de poder adquisitivo.
- El refuerzo de programas sociales y bonos compensatorios para los sectores más vulnerables.
- Reacciones políticas y empresariales
Las medidas generaron respuestas encontradas. Desde el sector empresario, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó preocupación por el aumento del salario mínimo. Señaló posibles impactos negativos sobre el empleo formal, aunque respaldó la eliminación de subsidios como una medida fiscalmente inevitable.
En contraste, sindicatos y movimientos sociales, encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB), impulsaron bloqueos de rutas y protestas masivas contra el retiro de subsidios, reclamando su reversión y una mayor protección social. Estas acciones paralizaron ciudades y corredores logísticos clave, profundizando el clima de tensión.
Impacto social y condiciones de vida
La combinación de recesión, inflación elevada y ajuste de políticas públicas deterioró sensiblemente las condiciones de vida. La pérdida de poder adquisitivo, la escasez de combustibles y la contracción del empleo empujaron a amplios sectores a reducir el consumo básico y a desplegar estrategias de supervivencia económica.
Organizaciones sociales advierten que, sin mecanismos compensatorios suficientes, el ajuste puede profundizar la desigualdad y la pobreza. Especialmente en zonas rurales e indígenas, donde la dependencia de subsidios energéticos era mayor.
Inserción regional e internacional
El cambio de orientación política también reconfigura la inserción externa de Bolivia. El nuevo gobierno manifestó su intención de recomponer vínculos con Estados Unidos y organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID, en contraste con el enfoque más autónomo del período anterior.
Este giro podría facilitar el acceso a financiamiento externo, aunque también implica condicionamientos estructurales y márgenes de política económica más acotados.
Desde la Economía Política
la situación boliviana expresa una crisis multidimensional:
- La restricción externa y el agotamiento del ciclo hidrocarburífero limitan la capacidad de crecimiento.
- El modelo de subsidios prolongados choca con límites fiscales y productivos.
- El giro político no elimina las tensiones distributivas, ya que los costos del ajuste se distribuyen de manera desigual.
- La conflictividad social refleja la disputa entre demandas de protección social y exigencias de orden macroeconómico.
Bolivia atraviesa una crisis estructural profunda, donde convergen estancamiento económico, reconfiguración política y malestar social creciente. El desafío central del nuevo gobierno es administrar una transición que permita corregir desequilibrios macroeconómicos sin romper el tejido social. Esto exige no solo disciplina fiscal, sino también políticas redistributivas, fortalecimiento productivo y consensos políticos amplios.
