El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) —integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— constituye uno de los tratados más relevantes y controvertidos de las últimas décadas. Negociado durante más de 25 años, el proceso alcanzó avances decisivos hacia fines de 2024 y experimentó definiciones políticas clave a lo largo de 2025 y comienzos de 2026, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, reconfiguración de cadenas de valor y disputa por mercados estratégicos.
Qué es y qué implica el acuerdo
Formalmente denominado Acuerdo de Asociación UE–Mercosur, el tratado excede ampliamente un acuerdo de libre comercio tradicional. Incluye compromisos en:
- acceso a mercados,
- reglas de origen,
- comercio de servicios,
- contratación pública,
- propiedad intelectual,
- facilitación comercial,
- cooperación política, ambiental y laboral.
Entre sus principales objetivos se destacan:
- Eliminación progresiva de más del 90 % de los aranceles entre ambos bloques una vez ratificado.
- Reducción de barreras no arancelarias, buscando facilitar el intercambio y la integración productiva.
- Establecimiento de normas comunes en materia de inversiones, estándares laborales y compromisos ambientales.
La UE es actualmente uno de los principales socios comerciales de Mercosur: el intercambio bilateral supera los 50–57 mil millones de euros anuales, y Europa representa una porción significativa de la inversión extranjera directa en Sudamérica.
Estado reciente de la negociación
El 9 de enero de 2026, tras más de dos décadas de avances y retrocesos, una mayoría de Estados miembros de la UE otorgó respaldo político provisional al acuerdo, habilitando el camino hacia su firma formal y posterior tratamiento legislativo en el Parlamento Europeo.
El apoyo, sin embargo, no fue unánime. Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda votaron en contra. Bélgica se abstuvo, aunque sin alcanzar el umbral necesario para bloquear el proceso. En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó su disposición a avanzar con la firma, mientras que líderes del Mercosur —especialmente Luiz Inácio Lula da Silva— reclamaron públicamente la concreción del acuerdo tras décadas de negociación.
En este sentido, la ratificación definitiva aún depende del Parlamento Europeo y de la implementación de instrumentos legales complementarios, en particular cláusulas de salvaguardia para sectores sensibles como la agricultura.
Discursos oficiales y posicionamientos
Desde la Unión Europea
Ursula von der Leyen presentó el acuerdo como una herramienta estratégica de diversificación comercial, en un mundo atravesado por conflictos geopolíticos y disputas comerciales entre grandes potencias. Desde esta óptica, el tratado permitiría:
- consolidar la presencia europea en Sudamérica,
- abrir mercados para bienes industriales y servicios,
- reducir dependencias de Asia y Estados Unidos.
Gobiernos como el alemán y el italiano respaldaron el acuerdo, priorizando los beneficios industriales y geopolíticos, aun reconociendo tensiones en el sector agrario.
En contraste, el presidente francés Emmanuel Macron encabezó la oposición, argumentando que el acuerdo perjudica a los agricultores europeos y pone en riesgo estándares productivos y ambientales. La disputa generó una fuerte crisis política interna en Francia, con protestas rurales y hasta intentos de censura parlamentaria.
Desde el Mercosur
Los gobiernos del bloque sudamericano, pese a diferencias internas, sostuvieron una posición mayormente favorable, destacando el acceso preferencial a un mercado de alto poder adquisitivo. En el caso argentino, el acuerdo es presentado como una oportunidad para expandir exportaciones y diversificar destinos, aunque persisten debates sobre su impacto en la industria local.
Desde el Mercosur también se remarcó que el acuerdo debe incluir garantías ambientales, laborales y márgenes de política industrial, para evitar una reprimarización regresiva.
Críticas, tensiones y resistencias
Uno de los principales focos de conflicto se dio en el sector agrícola europeo. Productores de países como Francia, Polonia y Grecia protagonizaron protestas masivas, advirtiendo que la apertura a productos sudamericanos —carne, granos, azúcar— podría desplazar producción local y presionar a la baja los precios.
Organizaciones ambientalistas, por su parte, alertaron sobre riesgos de deforestación y expansión de modelos extractivos, aunque la Comisión Europea sostiene que el acuerdo incorpora cláusulas ambientales y mecanismos para bloquear importaciones asociadas a deforestación ilegal.
Para viabilizar políticamente el tratado, la UE incorporó cláusulas de salvaguardia, que permiten suspender preferencias arancelarias si determinadas importaciones afectan gravemente a sectores sensibles.
Interpretación desde la Economía Política
Desde un enfoque estructuralista latinoamericano, el acuerdo plantea dilemas de fondo:
- Inserción periférica: existe el riesgo de consolidar un patrón de especialización primario-exportador del Mercosur, sin garantizar encadenamientos productivos ni desarrollo industrial.
- Asimetrías estructurales: la liberalización se da entre bloques con capacidades tecnológicas, productivas y financieras muy dispares.
- Conflictos distributivos: tanto en Europa como en Sudamérica, el acuerdo redistribuye costos y beneficios, generando resistencias sectoriales.
- Dimensión geopolítica: más allá del comercio, el tratado es un instrumento de posicionamiento estratégico en un mundo fragmentado, donde UE, EE. UU. y China disputan influencia y mercados.
Estado de avance y próximos pasos
- Respaldo político provisional de la UE en enero de 2026.
- Pendiente ratificación del Parlamento Europeo y de los congresos nacionales del Mercosur.
- Implementación de salvaguardias y protocolos adicionales para destrabar resistencias internas
