A partir del 15 de enero de 2026 entró en vigencia en Argentina la eliminación total de los aranceles de importación para teléfonos celulares y smartphones, en el marco del Decreto 333/2025, que reformó el esquema de derechos de importación y la estructura tributaria sobre bienes tecnológicos de consumo.
Previo a esta decisión, el régimen arancelario atravesó tres etapas:
- Un arancel del 16 % sobre celulares importados,
- Una reducción al 8 % desde mayo de 2025,
- Y finalmente, la eliminación total del arancel desde enero de 2026.
El decreto también modificó los impuestos internos, reduciéndolos del 19 % al 9,5 % para productos tecnológicos importados. En paralelo, los bienes fabricados bajo el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego continúan tributando 0 % de impuestos internos, manteniendo un tratamiento diferencial.
Desde el discurso oficial, el Gobierno justificó la medida bajo tres objetivos centrales: abaratar precios al consumidor, incrementar la competencia formal y desincentivar prácticas ilegales como el contrabando y el robo de dispositivos.
Impacto en la economía y el consumo
- Precios y acceso al mercado
La eliminación del arancel —combinada con la reducción de impuestos internos— tiene el potencial de reducir el precio final de los celulares, aunque el traslado no es automático ni pleno. Persisten otros componentes relevantes del precio final: IVA, logística, Ingresos Brutos, tasa estadística y márgenes comerciales.
Estimaciones privadas indican que, en modelos específicos, la reducción acumulada podría ubicarse entre 16 % y 30 %, especialmente si se intensifica la competencia entre importadores. Sin embargo, la experiencia de 2025 muestra que la baja previa del arancel al 8 % no generó un aumento significativo del volumen de importaciones legales, lo que sugiere que las restricciones estructurales del mercado —costos logísticos, burocracia aduanera y competencia del mercado informal— siguen operando como límites.
- Consumo y comportamiento de los hogares
De trasladarse parcialmente al consumidor, la medida podría:
- Ampliar el acceso a dispositivos de gama media y baja, especialmente para sectores de ingresos medios y bajos.
- Presionar gradualmente a la baja los precios minoristas, aunque de manera desigual.
- Incentivar la formalización del consumo, reduciendo el peso relativo del mercado informal.
No obstante, el impacto real sobre el consumo dependerá del ingreso disponible, la evolución del crédito y el contexto macroeconómico general.
Efectos sobre sectores productivos y comercio interno
Industria electrónica local
La apertura arancelaria genera tensiones estructurales con la industria nacional, en particular con el polo electrónico de Tierra del Fuego, donde la producción de celulares tiene un peso significativo en empleo e ingresos locales.
Sindicatos y trabajadores, especialmente la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), advirtieron durante 2025 que esta política podría poner en riesgo más de 6.000 puestos de trabajo, al exponer a la industria local a una competencia externa difícil de absorber sin políticas compensatorias.
Desde las propias empresas fueguinas se reconoce que, aun con arancel 0 %, la competitividad no depende solo del comercio exterior, sino también de:
- Costos laborales,
- Logística y escala productiva,
- Presión tributaria provincial y nacional.
Esto vuelve ambiguo el impacto final sobre empleo y producción, y refuerza el carácter estructural del debate.
Sector importador y comercio minorista
Los importadores formales y cadenas de retail pueden beneficiarse con:
- Mayor diversidad de modelos,
- Mejor previsibilidad de costos,
- Incentivos a competir por precio y calidad.
Sin embargo, el peso de impuestos internos, IVA e Ingresos Brutos limita que el arancel 0 % se traduzca automáticamente en precios comparables con los de países vecinos.
Impacto macroeconómico y balanza comercial
Desde una mirada macroeconómica, la medida presenta efectos contradictorios:
- Puede contribuir a moderar la inflación de bienes tecnológicos, mejorando el consumo.
- Pero también incrementa la demanda de divisas, al facilitar importaciones en un contexto de restricción externa persistente.
- Asimismo, puede reforzar la tendencia al consumo vía plataformas de e-commerce internacional, ampliando el déficit comercial si no se acompaña de mayor capacidad exportadora.
Voceros del Gobierno, como Manuel Adorni, defendieron la medida bajo el lema de “menos impuestos, más competencia y mejores precios”, destacando además su rol en la lucha contra el contrabando y el mercado ilegal.
Desde el Ejecutivo se sostiene que alinear precios locales con los de la región mejora el bienestar del consumidor y contribuye a la desaceleración inflacionaria en bienes importados.
Sectores industriales y sindicales cuestionan la medida por considerar que:
- Debilita la producción nacional,
- Profundiza la dependencia tecnológica externa,
- Y carece de un plan de reconversión productiva.
La UOM y otros actores señalaron que la política subordina la estructura industrial local a importaciones, sin una estrategia de desarrollo tecnológico propia.
Diversos analistas advierten que el impacto sobre precios será gradual y heterogéneo, condicionado por factores estructurales que trascienden el arancel.
La medida refleja una reorientación del patrón de inserción internacional, privilegiando apertura y competencia externa. Reduce precios relativos de ciertos bienes, pero debilita capacidades productivas locales en sectores de menor escala. Reaviva la restricción externa, al estimular importaciones sin garantizar exportaciones compensatorias. Genera tensiones distributivas: consumidores se benefician en el corto plazo, mientras trabajadores e industrias locales asumen los costos de ajuste.
La implementación del arancel 0 % para celulares constituye un hito relevante en la política comercial argentina:
- Puede mejorar el acceso a tecnología y moderar precios,
- Pero también expone límites estructurales del modelo productivo,
- Y reabre el debate sobre industria nacional, empleo y soberanía tecnológica.
Mientras el oficialismo la presenta como una herramienta pro-competencia y anti-inflacionaria, sectores industriales y sindicales la interpretan como un riesgo para el desarrollo productivo local, en ausencia de una estrategia industrial integral.
