Entre el viernes 9 de enero y el domingo 11 de enero de 2026, Bolivia vivió una aceleración de la crisis política, social y económica centrada en la protesta contra las reformas económicas del gobierno, especialmente el Decreto Supremo 5503 y la eliminación de subsidios a los combustibles. La situación ha tenido impactos económicos y un fuerte componente de conflicto social, con discursos enfrentados entre el Gobierno y los sectores opositores, en particular la Central Obrera Boliviana (COB)
Movilizaciones y bloqueos generalizados
- El viernes 9 de enero Bolivia inició el día con bloqueos en al menos 43 rutas del país, impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) y afiliados, en protesta por el Decreto Supremo 5503, que eliminó el subsidio estatal a los combustibles y otros ajustes económicos que afectan directamente el costo de vida.
- La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que para el sábado 10 de enero los bloqueos se multiplicaron, alcanzando al menos 68 puntos de conflicto en varios departamentos, incluidos La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Beni.
- Estas protestas llevan al quinto día consecutivo de presión social y paralización de transporte y logística, lo que ya empieza a afectar la economía y la movilidad interna.
Causas:
La reforma económica y el “Gasolinazo”
El conflicto se originó tras la implementación del Decreto Supremo 5503, que eliminó subsidios al combustible y generó saltos bruscos en los precios —con incrementos de hasta 86 % en gasolina y 163 % en diésel— provocando un impacto inmediato en los costos de transporte, alimentos y servicios.
Los líderes sindicales y sociales consideran la medida “inconstitucional” e “injusta”, argumentando que golpea principalmente a trabajadores, sectores rurales y a las familias de menores ingresos, agravando la ya delicada situación económica del país.
Posiciones y discursos
- Gobierno: defensa del ajuste y apertura al diálogo parcial
El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira (centrista, llegado al poder tras un giro político después de décadas de gobiernos del MAS) sostiene que las reformas —como la derogación del subsidio al combustible— son necesarias para estabilizar la economía y evitar un colapso fiscal mayor. El Ejecutivo ha manifestado que está dispuesto a modificar ciertos artículos del decreto, pero no a abrogarlo completamente, ya que considera que los subsidios eran insostenibles a largo plazo y drenaban reservas públicas.
El viceministro de Coordinación de Gestión Pública, Julio Linares, afirmó que el Gobierno no tiene previsto anular el Decreto Supremo 5503, aunque sí explorar ajustes limitados en respuesta a algunas demandas sociales.
En este marco, la administración de Paz continúa proponiendo un “diálogo” institucional con sectores sociales y dialoga con gremios, aunque con límites sobre las demandas clave.
- Oposición sindical y sectores sociales: ruptura del diálogo y “revolución nacional”
La Central Obrera Boliviana (COB) —la principal central sindical del país— rompió el diálogo con el Gobierno el viernes 9 de enero y declaró que las protestas han evolucionado más allá de simples reclamos económicos hacia una “revolución nacional”, acusando al Ejecutivo de “traicionar el voto popular” y de afectar los derechos económicos de amplios sectores sociales.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, ha declarado que las protestas no se limitan a bloqueos de carreteras, sino que representan una movilización de alcance nacional contra las políticas de ajuste, y exigió la abrogación total del decreto y no simplemente su modificación.
Sectores populares que participan —trabajadores urbanos, campesinos y gremios diversos— han advertido que de no atenderse sus demandas, las protestas podrían escalar y ampliarse.
Impactos económicos y sociales inmediatos
- Bloqueos y paralización productiva
Los bloqueos de carreteras están afectando la conectividad nacional, interrumpiendo el transporte de pasajeros y de bienes básicos, con riesgos de desabastecimiento y costos adicionales de logística.
Un informe del sector empresarial de Cochabamba indicó pérdidas millonarias en comercio y producción debido a la interrupción de transporte entre regiones —un síntoma de cómo la protesta afecta la actividad económica cotidiana.
- Inflación y costo de vida
Bolivia cerró 2025 con inflación alta (más del 20 % interanual), lo que significa que los aumentos en combustibles se trasladan directamente al costo de alimentos, transporte y servicios, profundizando la presión sobre los ingresos familiares.
Socialmente, la subida de precios y el impacto inmediato de los bloqueos agrava la percepción de crisis económica, reduciendo el poder de compra y aumentando la incertidumbre en hogares urbanos y rurales.
¿Cómo puede iniciar la semana? Escenarios y tensiones
- Escalada potencial de conflictos
Analistas y dirigentes sociales advierten que, al comenzar la semana laboral —el lunes 12 de enero y los días siguientes— las protestas podrían intensificarse si el Gobierno no atiende la demanda de abrogación completa del decreto.
La COB ha anunciado que las medidas de presión, incluyendo bloqueos y marchas, son parte de una estrategia sostenida para forzar cambios estructurales en las políticas económicas, no solo ajustes técnicos menores.
- Posibles reacciones del Gobierno
Por su parte, el Gobierno ha reiterado que el ajuste fiscal es indispensable, defendiendo la necesidad de eliminar subsidios ineficientes y redirigir recursos públicos a sectores prioritarios para estabilidad macroeconómica.
Esto anticipa una semana de confrontación política, con riesgo de que las protestas se mantengan o aumenten, pero también con presión sobre el Gobierno para ofrecer medidas muy concretas que reduzcan el costo social de las reformas.
Lectura desde la Economía Política
Desde una perspectiva estructuralista:
- La eliminación de subsidios es un ajuste macroeconómico que busca corregir desequilibrios fiscales, pero choca con estructuras sociales y expectativas de redistribución popular que se habían mantenido durante décadas.
- El conflicto exhibe la tensión entre estabilidad macroeconómica y justicia social, donde las políticas de corrección tienen costos inmediatos sobre la reproducción social de sectores populares.
- Las protestas no solo son económicas, sino también políticas, al cuestionar la legitimidad de un gobierno reciente que abandona un modelo que había sido ampliamente instituido por dos décadas.
- La escalada de bloqueos y la declaración de “revolución nacional” por parte de la COB reflejan cómo los conflictos sociales se estructuran como momentos de disputa por el sentido y el rumbo de la política económica.
