El Decreto Supremo Nº 5518 establece la eliminación del arancel de importación (Gravamen Arancelario a 0 %) hasta el 31 de diciembre de 2026 para una amplia gama de dispositivos electrónicos y tecnológicos de consumo, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, tablets, impresoras, cámaras, auriculares, parlantes y consolas de videojuegos.
La medida:
- Modifica la alícuota del gravamen a 0 % para los productos listados, manteniendo vigentes los demás tributos internos (como el IVA).
- Entra en vigencia tres días hábiles después de su publicación en la Gaceta Oficial.
- Fue promulgada por el presidente Rodrigo Paz Pereira como parte de un paquete de medidas económicas adoptadas tras la crisis social generada por la eliminación de subsidios a los combustibles y el proceso de negociación con organizaciones sindicales y sectores movilizados.
Desde una perspectiva de economía política, el DS 5518 se inscribe en un contexto de recomposición de la legitimidad estatal, en el cual el Ejecutivo intenta combinar señales de ajuste fiscal con políticas de alivio al consumo y acceso a bienes tecnológicos, buscando equilibrar estabilidad macroeconómica y gobernabilidad social.
¿Qué establece la norma y cuál es su objetivo principal?
El decreto consta de un artículo central que dispone la reducción a 0 % del Gravamen Arancelario para los productos tecnológicos incluidos en el Anexo, abarcando bienes de los sectores de:
- Comunicación: teléfonos celulares y smartphones
- Computación: computadoras portátiles y de escritorio, tablets y monitores
- Electrónica de consumo: televisores, videocámaras, consolas de videojuegos
- Equipamiento periférico: impresoras, scanners, auriculares, micrófonos, parlantes y reproductores de sonido
No se trata de una reforma estructural del sistema tributario, sino de una medida sectorial y transitoria, con horizonte temporal hasta fines de 2026.
Objetivos declarados por el gobierno
El discurso oficial articula tres ejes principales:
- Acceso social a la tecnología
El Ejecutivo sostiene que reducir el costo de importación facilita la incorporación de herramientas clave para la educación, el teletrabajo y la productividad empresarial, especialmente para estudiantes, trabajadores y pymes. - Formalización del comercio y combate al contrabando
Al reducir la brecha de precios entre el mercado formal e informal, el gobierno apunta a debilitar los incentivos al contrabando y ampliar la base de operaciones legales bajo control fiscal y aduanero. - Modernización económica e integración comercial
La medida se presenta como parte de una estrategia de apertura y alineamiento con dinámicas regionales e internacionales de libre circulación de bienes tecnológicos.
En términos discursivos, el presidente Rodrigo Paz sintetizó esta visión al señalar que “la tecnología debe estar al alcance de nuestra población, siendo accesible para el estudio, el trabajo y el emprendimiento”, mientras que el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, definió el decreto como una política de “menos trabas, formalidad más barata y mejores precios para todos”.
Posibles efectos positivos
Reducción de precios relativos de bienes tecnológicos
La eliminación del arancel reduce el costo de importación en frontera. Si esta baja se traslada parcialmente al precio final, podría:
- Ampliar el acceso a tecnología en hogares de ingresos medios y bajos.
- Favorecer la digitalización de pymes y sectores educativos.
Impacto en productividad y capital tecnológico
El abaratamiento de equipamiento puede mejorar la capacidad operativa de empresas pequeñas y medianas, con potenciales efectos positivos sobre:
- Eficiencia productiva
- Conectividad digital
- Inserción en cadenas de valor de servicios basados en conocimiento
Limitaciones estructurales
Desde una perspectiva macroeconómica y fiscal:
- El IVA y otros tributos internos permanecen vigentes, lo que limita la magnitud real de la baja de precios.
- La medida puede incrementar la demanda de divisas vía mayores importaciones, lo que en un contexto de restricción externa podría tensionar la balanza comercial.
- El impacto depende de la elasticidad del consumo tecnológico, que suele ser mayor en sectores urbanos y de ingresos medios.
Reacciones y críticas
Actores del mercado y gremiales
Los sectores comerciales e importadores han expresado un respaldo condicionado:
- Valoran la medida como una oportunidad para ampliar la oferta formal y reducir distorsiones del mercado.
- Reclaman simplificación aduanera y reglas claras para evitar que la reducción del arancel se vea neutralizada por trámites, costos logísticos o demoras administrativas.
Desde estos sectores se destaca que, dado que Bolivia no produce masivamente este tipo de bienes, la política no desplaza producción nacional, sino que actúa principalmente sobre precios y formalidad comercial.
Críticas técnicas y sociales
- Persistencia del contrabando
Analistas advierten que una parte significativa del comercio tecnológico ya opera en canales informales, por lo que la reducción arancelaria, por sí sola, puede ser insuficiente para modificar conductas sin un fortalecimiento del control estatal. - Carga tributaria residual
La permanencia del IVA y otros impuestos internos limita la capacidad del decreto para generar una baja sustancial y visible de precios al consumidor final. - Foco político desplazado
La oposición política no ha desarrollado, hasta ahora, un discurso estructurado contra el DS 5518, en parte porque el debate público sigue dominado por las consecuencias sociales y económicas del conflicto en torno a los subsidios a los combustibles y la política fiscal general.
Política interna
El DS 5518 se interpreta como una herramienta de recomposición política tras la crisis generada por el Decreto 5503. En este sentido:
- Funciona como señal de apertura y sensibilidad social frente a sectores urbanos, jóvenes y clases medias.
- Refuerza el perfil del gobierno como promotor de modernización económica, en contraste con su política de ajuste fiscal en el área energética.
Debate social
Apoyos
- Consumidores y comerciantes formales ven la medida como un paso hacia precios más accesibles y mayor variedad de productos.
- Sectores educativos y tecnológicos valoran el potencial impacto en digitalización y acceso a herramientas de trabajo.
Reacciones cautelosas
- Gremios y analistas insisten en que sin políticas complementarias (control del contrabando, mejora logística, financiamiento al consumo), el efecto social puede ser limitado y concentrado en sectores de ingresos medios.
El decreto refuerza una estrategia de legitimación estatal basada en combinar ajuste fiscal con políticas de alivio al consumo, intentando reconstruir consenso social tras un ciclo de conflictividad.
Puede reducir precios relativos de bienes tecnológicos y mejorar la formalidad comercial. Pero también puede intensificar la restricción externa al estimular importaciones en un contexto de limitada capacidad exportadora tecnológica.
Beneficia principalmente a sectores urbanos, estudiantes y pymes con capacidad de demanda tecnológica. Genera dudas sobre su alcance redistributivo real en hogares de menores ingresos, donde el gasto en tecnología no es prioritario frente a alimentos, transporte y energía.
El Decreto Supremo 5518 no es solo una política comercial sectorial, sino una pieza dentro de una reconfiguración más amplia del modelo económico boliviano. Expresa una tensión central entre:
- Apertura e integración al mercado internacional, orientada al consumo y la modernización tecnológica, y
- Sostenibilidad macroeconómica y cohesión social, en un contexto de ajuste fiscal, conflictividad sindical y demandas redistributivas.
