Más de 200 detenidos catalogados por organizaciones civiles como presos políticos iniciaron una huelga de hambre en el penal El Rodeo I, en las afueras de Caracas, en una protesta que refleja el creciente conflicto político y jurídico en torno a la aplicación de la reciente Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela.
La medida extrema fue adoptada luego de que numerosos internos constataran que la norma (promulgada el 19 de febrero de 2026) no contempla a quienes enfrentan imputaciones por delitos vinculados a seguridad nacional, terrorismo o causas militares, categorías bajo las cuales se encuentran muchos de los detenidos en ese establecimiento penitenciario.
Entre los participantes se encuentra el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, cuyo caso ha sido mencionado por familiares y activistas como ejemplo de procesos judiciales que consideran irregulares.
Familiares de los internos y organizaciones de derechos humanos alertaron además sobre el deterioro de las condiciones sanitarias dentro del penal y advirtieron que la prolongación de la huelga podría agravar la situación médica de los detenidos.
Qué exigen los presos en huelga
De acuerdo con los reclamos difundidos por allegados y organizaciones civiles, las demandas centrales de la protesta son:
• inclusión efectiva dentro del alcance de la Ley de Amnistía
• revisión judicial de las causas penales que motivaron las detenciones
• cumplimiento de promesas de liberación derivadas de la normativa
• acceso a atención médica adecuada y condiciones carcelarias dignas
La protesta ha sido acompañada por vigilias de familiares frente al establecimiento penitenciario, donde se han registrado consignas públicas reclamando libertad y revisión de causas judiciales.
Alcance y controversias de la Ley de Amnistía
La ley fue presentada oficialmente como un instrumento para facilitar la reconciliación política mediante la revocación de condenas y la liberación de personas detenidas por hechos considerados políticos desde 1999 hasta 2026.
Sin embargo, el texto establece exclusiones expresas para casos vinculados a:
• acciones armadas o uso de la fuerza
• delitos contra la seguridad del Estado
• imputaciones tipificadas como terrorismo
Estas limitaciones jurídicas son el núcleo del conflicto actual, ya que un número significativo de detenidos enfrenta precisamente este tipo de cargos.
Posición oficial del gobierno venezolano
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sostuvo públicamente que la ley se encuentra en plena ejecución y que el proceso de liberaciones ya está en marcha.
Según su postura institucional, “cientos de liberaciones” se están concretando conforme al mandato legislativo, aunque no se han difundido listados completos ni cifras detalladas por categorías de casos.
El discurso oficial del Estado venezolano mantiene además una línea política constante: las autoridades sostienen que no existen presos políticos en el país y que todas las detenciones responden a delitos tipificados en el ordenamiento penal vigente.
Reacción de la oposición y organizaciones civiles
La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática cuestionó la aplicación de la amnistía por considerarla restrictiva e insuficiente.
Según su verificación, el número de excarcelaciones sería considerablemente menor al anunciado por el oficialismo, lo que interpretan como una falta de voluntad política para una liberación amplia.
Organizaciones como Foro Penal y Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela sostienen que persiste un número elevado de detenciones por motivos políticos y califican la exclusión de ciertos casos dentro de la amnistía como discriminatoria desde el punto de vista jurídico.
Impacto político
La huelga de hambre expone las dificultades estructurales del proceso político venezolano en su etapa actual.
Entre los principales efectos políticos observados:
• cuestionamiento al alcance real de la política de reconciliación
• aumento de la presión interna e internacional sobre el sistema judicial
• profundización de la confrontación entre gobierno y oposición
• reaparición del debate sobre detenciones vinculadas al período de gobierno de Nicolás Maduro
El conflicto también reabre discusiones sobre el equilibrio entre seguridad del Estado y garantías individuales en el sistema judicial venezolano.
Impacto social y dimensión internacional
En el plano social, la protesta ha generado preocupación por el deterioro físico de los detenidos y ha movilizado a familiares, organizaciones civiles y actores internacionales.
La presencia de ciudadanos extranjeros entre los presos ha ampliado el alcance diplomático del conflicto, aumentando la atención internacional sobre el sistema penitenciario venezolano y el proceso de excarcelaciones.
Escenarios posibles
La posibilidad de una liberación más amplia dependerá de tres factores clave:
• reinterpretación o ampliación del alcance jurídico de la amnistía
• decisiones judiciales caso por caso
• presión política interna e internacional sostenida
Mientras estos factores no converjan, el conflicto en torno a los detenidos excluidos de la amnistía continuará siendo uno de los principales focos de tensión política en Venezuela.
