El Consejo de la Paz (Board of Peace), lanzado por Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, se presenta como un nuevo cuerpo internacional orientado a la mediación de conflictos, con un foco inicial en la Franja de Gaza y aspiraciones de expansión hacia otros escenarios de crisis global. En sus intervenciones públicas, Trump ha sostenido que esta organización puede “trabajar con muchos actores, incluidas las Naciones Unidas”, aunque ha enfatizado que su principal virtud será una supuesta mayor agilidad y eficacia operativa frente a los mecanismos multilaterales tradicionales.
Este planteo introduce una tensión institucional directa con la ONU, que desde la posguerra ha sido el eje central de la arquitectura internacional de la paz y la seguridad colectiva. Lejos de fortalecer el sistema multilateral existente, el Consejo se configura como un dispositivo alternativo o complementario, con mayor capacidad de decisión concentrada en los países fundadores y, en particular, en Estados Unidos como actor central.
Desde una perspectiva de economía política estructural, este desplazamiento sugiere un corrimiento de la autoridad institucional desde un esquema de representación universal hacia una coalición selectiva de Estados con capacidad financiera y alineamiento geopolítico específico. El resultado potencial es una profundización de las asimetrías entre países centrales y periféricos, donde la capacidad de incidir en los procesos de paz y reconstrucción deja de estar asociada a principios de igualdad soberana y pasa a depender crecientemente del poder económico y político relativo.
Naciones Unidas frente al Consejo de la Paz
La ONU opera a través de estructuras amplias y formalmente representativas (Asamblea General, Consejo de Seguridad, misiones de mantenimiento de la paz) sustentadas en el principio de igualdad soberana de los Estados y decisiones colegiadas. En contraste, el diseño preliminar del Consejo de la Paz introduce criterios de membresía y liderazgo de naturaleza distinta:
- Participación condicionada a aportes financieros elevados, con menciones a contribuciones del orden de los US$1.000 millones para acceder a una membresía “permanente”.
- Presidencia centralizada o fuertemente influenciada por Estados Unidos, con Trump como figura política y simbólica dominante.
- Acceso selectivo para países con alineamientos geoestratégicos afines, más que por criterios de representatividad global.
Estas características contrastan con la Carta de las Naciones Unidas, que privilegia la participación multilateral y el principio de universalidad. En términos diplomáticos, la principal preocupación es que el Consejo de la Paz funcione como un modelo paralelo de gobernanza de la seguridad y la reconstrucción, erosionando la legitimidad y el rol central de la ONU en la resolución de conflictos y la administración de la paz internacional.
Postura de actores internacionales
La iniciativa ha encontrado resistencias explícitas en Europa occidental. Francia, Noruega, Suecia y el Reino Unido han rechazado su adhesión, argumentando que cualquier arquitectura de paz debe inscribirse dentro del marco de la ONU y el derecho internacional vigente. En la misma línea, el gobierno español ha sostenido que conflictos como el palestino-israelí deben abordarse desde los mecanismos multilaterales existentes y no mediante organismos alternativos impulsados por potencias individuales.
Estas posiciones revelan que la legitimidad internacional del Consejo está en disputa, particularmente entre Estados que buscan preservar el multilateralismo clásico frente a esquemas más concentrados de poder institucional.
Consecuencias políticas
El Consejo de la Paz tiende a profundizar la división entre dos modelos de política exterior global:
- Un modelo multilateral tradicional, centrado en la ONU, el derecho internacional y la cooperación amplia entre Estados.
- Un modelo selectivo y dirigido, promovido por Estados Unidos, basado en liderazgo concentrado y alianzas político-financieras estratégicas.
Esta bifurcación puede debilitar la coherencia de la gobernanza internacional en materia de paz y seguridad, al fragmentar los espacios de negociación y crear circuitos paralelos de toma de decisiones, donde la adhesión responde más a afinidades geopolíticas que a consensos universales.
Efecto en alianzas tradicionales
La ausencia o cautela de aliados históricos de Estados Unidos (como Alemania, Canadá y el propio Reino Unido) en la firma fundacional del Consejo evidencia una fisura dentro del bloque occidental. Mientras la OTAN sigue siendo el pilar central de la cooperación en defensa, el terreno de la mediación y la reconstrucción postconflicto aparece ahora disputado entre la ONU y esta nueva iniciativa estadounidense.
Impacto económico global
El Consejo de la Paz propone administrar y canalizar recursos financieros para la reconstrucción de territorios en conflicto, comenzando por Gaza. La exigencia de aportes elevados como criterio de membresía implica que el control de estos flujos de capital quede concentrado en los Estados con mayor capacidad financiera.
Desde una lectura estructural, esto puede generar:
- Nuevos circuitos de dependencia económica y política, donde los países receptores de fondos de reconstrucción queden condicionados por las prioridades geoestratégicas de los donantes.
- Privilegio estructural de los países centrales, que refuerzan su capacidad de influencia sobre las periferias a través del financiamiento y la inversión postconflicto.
- Desplazamiento de la ONU y de los bancos multilaterales tradicionales como nodos principales de la ayuda y el desarrollo, alterando las dinámicas históricas del financiamiento internacional para la paz.
