La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el 19 de febrero de 2026 la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una norma que busca cerrar un ciclo de judicialización política abierto durante más de dos décadas. El texto fue remitido para su promulgación por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en un contexto institucional extraordinario tras la captura del expresidente Nicolás Maduro semanas antes.
La medida aparece como un intento de recomposición política interna y de reordenamiento internacional, pero también expone tensiones estructurales sobre justicia, poder y legitimidad democrática.
Alcance jurídico de la amnistía
La ley concede amnistía a personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos ocurridos entre 1999 y 2025, abarcando episodios de protesta, conflictividad institucional y confrontación social.
El texto fija límites claros:
- quedan excluidos delitos graves como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones a derechos humanos;
- no se incluyen acciones armadas ni hechos de violencia severa;
- se crea una comisión parlamentaria de seguimiento para supervisar la implementación y establecer plazos de revisión judicial.
Desde el punto de vista institucional, el objetivo formal es descomprimir el sistema penal de causas políticas acumuladas y abrir un ciclo de normalización jurídica.
Lectura política del oficialismo
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, defendió la ley como un instrumento de reconciliación nacional y afirmó que el país debe “aprender de los dolores” para reconstruir la convivencia política.
Por su parte, Delcy Rodríguez presentó la norma como una señal de apertura institucional, subrayando que la amnistía no implica impunidad frente a delitos graves y que su propósito central es reducir la polarización política.
Desde sectores del oficialismo se enfatiza que la medida constituye un paso hacia la estabilización del sistema político y la reinserción de actores excluidos del juego institucional.
La oposición: entre el pragmatismo y la desconfianza
Las respuestas opositoras no han sido homogéneas.
Un sector moderado considera que la norma puede facilitar la liberación de detenidos y abrir espacios de competencia política más amplios. Sin embargo, sectores críticos advierten que la amnistía es incompleta: señalan exclusiones significativas, ausencia de restitución plena de derechos políticos y falta de garantías estructurales para el retorno de exiliados.
Organizaciones de derechos humanos coinciden en que la ley constituye un avance parcial, pero cuestionan la persistencia de restricciones políticas y judiciales sobre dirigentes opositores.
Impacto internacional y relación con Estados Unidos
La aprobación de la amnistía se inscribe en un proceso de reconfiguración diplomática de Venezuela. Diversos gobiernos occidentales interpretan la medida como un gesto político hacia la normalización institucional, aunque condicionado a reformas adicionales.
En el vínculo con Estados Unidos, la ley funciona como señal de distensión, pero no implica una normalización automática. Washington mantiene una postura de evaluación gradual basada en avances verificables en materia electoral y de garantías democráticas.
En Europa, el debate gira en torno a la eventual flexibilización de sanciones. Algunos gobiernos han sugerido revisar medidas restrictivas, mientras que otros sostienen una posición cautelosa a la espera de resultados concretos en el proceso político venezolano.
Impacto social: descompresión parcial, incertidumbre persistente
La norma fue aprobada en un clima de presión social sostenida por familiares de detenidos y organizaciones civiles. La liberación de presos políticos ha generado expectativas de distensión, pero no ha eliminado el clima de desconfianza institucional.
Organizaciones como Foro Penal advierten que aún permanecen personas privadas de libertad por motivos políticos, lo que mantiene abierto el debate sobre la profundidad real del proceso de normalización.
La amnistía como instrumento de gobernabilidad
Desde una perspectiva de economía política, la ley puede interpretarse como un mecanismo de estabilización del régimen en un contexto de reordenamiento interno y externo. La liberación de actores políticos reduce el costo social de la conflictividad, mejora la percepción internacional y puede facilitar la reinserción económica del país.
Sin embargo, la eficacia de la medida dependerá de su articulación con transformaciones institucionales más amplias. Las amnistías descomprimen conflictos, pero no sustituyen reformas estructurales en el sistema político, judicial y económico.
