Desde enero de 2026, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) —la obra social estatal que cubre a aproximadamente 190.000 afiliados— profundizó su política de control sobre los prestadores médicos, a partir de denuncias de afiliados y auditorías internas en clínicas, sanatorios y consultorios.
Como resultado, el organismo abrió 149 expedientes administrativos contra profesionales de distintas especialidades, con un esquema de sanciones que va desde suspensiones temporales de 3 a 6 meses hasta la exclusión definitiva del padrón de prestadores en los casos considerados más graves.
En paralelo, el ISJ reforzó los canales institucionales de reclamo, promoviendo el uso de la Credencial Digital ISJ y las oficinas administrativas para que los afiliados verifiquen prestadores habilitados y denuncien presuntos cobros indebidos o irregularidades en la atención.
Posición oficial del ISJ: control, pagos y defensa del afiliado
Desde la conducción del organismo, el discurso se articula en torno a dos ejes centrales:
- Compromiso financiero con los prestadores
El ISJ sostiene que mantiene un esquema de pagos quincenales bajo el sistema de “Pronto Pago”, con valores consensuados para consultas generales y especializadas. La conducción afirma que los montos están debidamente acordados con los prestadores, y que los controles buscan evitar desvíos que perjudiquen directamente al afiliado.
- Protección del beneficiario
Las sanciones son presentadas como parte de una política de mejora continua de la calidad del servicio, más que como una acción punitiva contra el cuerpo médico. En los comunicados oficiales, el énfasis está puesto en el “derecho del afiliado a recibir atención sin sobrecostos ni prácticas irregulares”.
Desde esta perspectiva, el ISJ se posiciona como un actor regulador que busca equilibrar sostenibilidad financiera, acceso a la atención y transparencia en la relación entre afiliados y prestadores.
La respuesta del Colegio Médico
El Colegio Médico de Jujuy (CMJ) reaccionó con un comunicado crítico, marcando distancia con la narrativa institucional del ISJ.
Principales cuestionamientos:
- Estigmatización del ejercicio profesional
El CMJ advirtió que las declaraciones públicas del organismo contienen “conceptos erróneos y agravantes” que afectan la imagen social de los médicos.
- Honorarios por debajo de los mínimos éticos
Según el Colegio, los valores fijados por el ISJ —$18.000 para consultas no especializadas y $28.000 para especialistas— se encuentran muy por debajo de los mínimos éticos definidos por el propio Consejo Médico Provincial, que establece referencias de $35.000 y $45.000, respectivamente.
- Problemas de previsibilidad en los pagos
Los médicos sostienen que se registraron atrasos y pagos parciales en algunos períodos, lo que impacta en la estabilidad económica de consultorios y centros de atención que dependen en gran medida de la obra social estatal.
- Reclamo de institucionalidad
El Colegio propone trasladar el conflicto a mesas técnicas de negociación, evitando —según su postura— la “judicialización mediática” de una discusión que consideran estructural y no coyuntural.
A este planteo se sumaron otros colectivos profesionales, como psicólogos y trabajadores de la salud, que también denuncian insuficiencia en los valores de cobertura y falta de actualización frente al aumento del costo de vida.
El conflicto expone una tensión clásica en la economía política del bienestar provincial:
- Estado regulador y control del gasto social vs. autonomía profesional y sostenibilidad del trabajo médico.
La disputa trasciende lo administrativo y se proyecta como un debate sobre el rol del Estado provincial en la gobernanza del sistema de salud, especialmente en un contexto de restricción presupuestaria y presión sobre las finanzas públicas.
Los valores de consulta fijados por el ISJ inciden directamente en la rentabilidad de la práctica médica privada, particularmente en el interior provincial, donde la obra social estatal es, en muchos casos, el principal pagador.
Si bien las sanciones pueden ser interpretadas como una defensa frente a cobros indebidos, también generan el riesgo de reducción en la oferta de prestadores, especialmente si algunos médicos optan por dejar de atender bajo las condiciones actuales.
La disputa impacta en la confianza del afiliado en su obra social y en la percepción sobre la calidad y accesibilidad del sistema de salud.
En zonas con baja densidad de profesionales, cualquier retracción de prestadores puede traducirse en mayores tiempos de espera, traslados forzados o sobrecarga del sistema público.
Una disputa que revela un dilema estructural
La controversia entre el ISJ y los médicos de Jujuy no es un conflicto técnico ni menor. Expresa una tensión estructural del modelo de salud provincial:
- Por un lado, la necesidad del Estado de contener el gasto, garantizar transparencia y proteger al afiliado.
- Por otro, la demanda de los profesionales por honorarios que acompañen la inflación, previsibilidad en los pagos y reconocimiento del valor del trabajo médico.
La resolución de este conflicto no solo definirá la relación entre el ISJ y los médicos, sino también el futuro de la gobernanza sanitaria en Jujuy, en un contexto de presión fiscal, aumento del costo de vida y creciente demanda social por servicios de salud accesibles y de calidad.
