La comunidad de Yala se encuentra en estado de alerta tras la intimación de Vialidad Nacional para demoler y retirar los puestos de la emblemática feria. Desde el Municipio Ecoturístico denuncian una persecución contra los emprendedores locales y critican la gestión del organismo nacional.
¿Qué pasó?
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), bajo la órbita del gobierno nacional (LLA), envió una nota formal a la Municipalidad de Yala dirigida al intendente Santiago Tizón, exigiendo el cese inmediato de la Feria del Pan Casero. El organismo argumenta que la feria ocupa ilegalmente la banquina de la Ruta Nacional N° 9, como estacionamiento, generando riesgos de siniestralidad vial y obstruyendo zonas de seguridad.
Sin embargo, la respuesta del Municipio no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, las autoridades locales y los feriantes manifestaron su profunda preocupación ante lo que consideran un ataque a un emblema cultural, artístico y productivo de la región.
Los puntos centrales del reclamo municipal:
- Impacto de la economía local: La feria es el sustento de numerosas familias de Yala. Su cierre o demolición significaría la pérdida directa de puestos de trabajo para emprendedores que han convertido este espacio en un motor económico local.
- Cuestionamiento a Vialidad Nacional: El Municipio cuestionó la “selectividad” de los funcionarios nacionales. Señalan que, mientras se enfocan en desalojar la feria, existen problemas de infraestructura críticos y urgentes —como el peligroso ingreso a la localidad de Los Nogales— que siguen sin soluciones definitivas, apenas mantenidos con “parches” que no reducen la tasa de accidentes.
- Identidad Cultural: Para los vecinos, la feria no es solo un mercado, sino un punto de encuentro genuino que representa la identidad ecoturística de Yala.
El estado de situación
Bajo las consignas #noalcierredelaferia y #laferiaesdeYala, la comunidad ha comenzado a manifestarse en las redes y se esperan acciones para proteger este espacio. La intimación de Vialidad incluye una advertencia de responsabilidad civil y penal hacia el municipio por cualquier siniestro vial en la zona, lo que eleva la tensión política y judicial entre ambas jurisdicciones.
Por el momento, la incertidumbre reina entre los feriantes, quienes esperan que prime el diálogo y se reconozca el valor social de este espacio antes de avanzar con cualquier medida de fuerza o demolición.
