En la provincia de Jujuy, tanto las rutas nacionales como las provinciales atraviesan un escenario marcado por problemas de transitabilidad, cortes recurrentes y deterioro estructural, asociados a una combinación de condiciones climáticas extremas, déficits de mantenimiento preventivo y una creciente presión del tránsito productivo, turístico y minero.
De acuerdo con reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy y comunicados de Vialidad Nacional, en los últimos meses se registraron cortes totales y restricciones parciales por lluvias intensas, crecidas de arroyos y daños en la calzada. Entre los tramos más afectados se destacan la Ruta Nacional 52, en la zona de Purmamarca (corredor estratégico del eje bioceánico hacia Chile) y sectores de la Ruta Nacional 40, particularmente en el área de Ciénaga de Paicone.
En el plano provincial, se reportaron inhabilitaciones parciales y deterioro en rutas como la RP 73, RP 70, RP 79 y RP 83, que conectan localidades del interior y cumplen un rol clave en la integración territorial.
Desde Vialidad Nacional se informó que cuadrillas operativas realizan trabajos de emergencia y rehabilitación en tramos de la RN 9 y otras rutas nacionales cada vez que se producen cortes por eventos meteorológicos, con el objetivo de restablecer la circulación en corredores críticos para el abastecimiento y el transporte interprovincial.
Mantenimiento y obras provinciales
El Gobierno de Jujuy, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), viene ejecutando tareas de perfilado de traza, reposición de áridos, desmalezado y limpieza de cunetas en distintos corredores de la red provincial. Entre las rutas incluidas en los planes de mantenimiento se encuentran la RP 62, RP 8, RP 56, RP 4 y RP 14, además de caminos secundarios que conectan zonas rurales y centros turísticos.
En 2025, la DPV licitó la obra de mejora de la Ruta Provincial N.º 56, en el tramo Carahunco–Cruce Ferrocarril, como parte de un esquema de intervención focalizada en corredores con alto flujo productivo y social. Asimismo, se firmaron convenios con municipios para ampliar la capacidad operativa en tareas de conservación vial y respuesta rápida ante contingencias climáticas.
Políticas provinciales y enfoque oficial
El gobernador Carlos Sadir ha planteado públicamente que la expansión de actividades como la minería, el turismo y el transporte de carga ejerce una presión creciente sobre la infraestructura vial de la provincia. En ese marco, sostuvo que “sin rutas en condiciones, no hay desarrollo económico sostenible ni integración territorial posible”.
Sadir destacó las gestiones ante el Gobierno nacional para priorizar obras en rutas nacionales estratégicas que atraviesan la provincia, en particular la RN 52, la RN 34 y la RN 40, consideradas ejes fundamentales para la logística regional, el comercio transfronterizo y la salida de la producción minera hacia los puertos del Pacífico y del Atlántico.
En una señal de apertura a esquemas mixtos de financiamiento, el mandatario provincial afirmó que empresas mineras que operan en la Puna jujeña manifestaron disposición a colaborar con el mantenimiento de rutas nacionales intensamente utilizadas por el sector productivo. No obstante, subrayó que estas vías se encuentran bajo jurisdicción nacional, por lo que cualquier mecanismo de aporte requiere acuerdos institucionales entre la Nación, la Provincia y actores privados.
En el plano interno, el Ejecutivo provincial también anunció inversiones en equipamiento y renovación del parque automotor de la DPV, con recursos propios destinados a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias viales y tareas de conservación sistemática.
Críticas y reclamos de la oposición
Desde sectores opositores provinciales, la diputada Gisel Bravo denunció que la falta de mantenimiento y de inversión por parte de Vialidad Nacional ha convertido a las rutas en “un peligro fatal”, vinculando el deterioro de la infraestructura con el aumento de siniestros viales y reclamando una intervención urgente del Estado nacional.
En el Congreso, legisladores jujeños como María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti (UCR) instaron formalmente al Distrito Jujuy de Vialidad Nacional a gestionar obras prioritarias en los tramos críticos de la RN 52, RN 40 y RN 34, subrayando que estas rutas no solo cumplen una función local, sino que forman parte de los corredores productivos del norte argentino y del sistema logístico regional del Mercosur ampliado.
Otras voces opositoras han vinculado el deterioro de la red vial con el desfinanciamiento de la obra pública y los recortes presupuestarios en organismos nacionales, advirtiendo que la falta de licitaciones de mantenimiento estructural profundiza la precariedad de los corredores estratégicos del NOA.
Coordinación interinstitucional y control del transporte
Como parte de una estrategia de gestión integral, el Ministerio de Seguridad de Jujuy, junto con la DPV, Vialidad Nacional y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), impulsó mesas de trabajo para coordinar el control del transporte de carga pesada que circula por rutas nacionales y provinciales.
El foco está puesto en la sobrecarga de camiones, señalada por técnicos viales como uno de los factores que aceleran el deterioro estructural de las calzadas, especialmente en tramos utilizados por el sector minero y el transporte de granos.
