La prestación del transporte público urbano de pasajeros en San Salvador de Jujuy atraviesa un momento de tensión y reconfiguración estructural, enmarcado en un nuevo proceso de licitación del servicio. El escenario combina disputas empresariales, preocupación por la continuidad laboral de los choferes, cuestionamientos al procedimiento administrativo y un creciente conflicto político-sindical entre el municipio, las empresas y la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Licitación del servicio y reordenamiento del sistema
A comienzos de febrero de 2026, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante la apertura de sobres de la Licitación Pública Nacional N.º I-02-2025, destinada a la concesión del servicio urbano de transporte de pasajeros por ómnibus. En el acto (fiscalizado por escribanos y autoridades municipales) se presentaron tres empresas oferentes, que ahora ingresan en la etapa de evaluación técnica conforme a los pliegos establecidos.
El proceso se sustenta en una ordenanza municipal aprobada en 2025 y en el decreto reglamentario que habilita al Ejecutivo local a adjudicar y ejecutar los contratos. Desde el municipio, el objetivo declarado es ordenar el sistema, renovar concesiones y mejorar la calidad del servicio, en un contexto de deterioro de flota y aumento de costos operativos.
Los pliegos exigen capacidad económica, solvencia técnica y renovación del parque automotor, con el argumento de “limpiar” el sistema y priorizar empresas con vehículos modernos y estándares de servicio más altos.
Empresas excluidas y polémica por la licitación
Uno de los focos centrales del conflicto se produjo tras la exclusión de la empresa Unión Bus del proceso licitatorio. La decisión desató protestas de trabajadores y fuertes críticas por parte de la empresa.
Su titular, Rodolfo Severich, sostuvo que la exclusión constituye un “pésimo antecedente para la seguridad jurídica en Jujuy” y denunció un proceso “direccionado desde el poder político municipal”, que (según su interpretación) perjudica a empresas que no forman parte del círculo de afinidad con la gestión local.
Desde sectores críticos se advierte sobre presuntas irregularidades en la evaluación de los requisitos administrativos, que podrían beneficiar a determinados actores en detrimento de otros, profundizando la desconfianza en la transparencia del proceso.
La UTA y la situación de los trabajadores
La UTA Seccional Jujuy ocupa un rol clave en el conflicto, intentando equilibrar la negociación sindical con un escenario de fuerte incertidumbre laboral.
- Posición oficial del gremio
La conducción de la UTA emitió un comunicado en el que aseguró que todo el personal registrado en las declaraciones juradas de las empresas actuales tiene garantizada la continuidad laboral bajo los nuevos contratos. El sindicato remarcó que el pliego de bases y condiciones obliga a respetar derechos laborales y antigüedad, buscando llevar tranquilidad a los choferes ante los cambios en la concesión. - Protestas y reclamos de base
Sin embargo, choferes de Unión Bus realizaron protestas frente a la sede de la UTA provincial, manifestando su temor a quedar desempleados tras la exclusión de la empresa, se realizó una permanencia en la sede pero la medida fue levantada este 4 de enero con accionar de la policia.
Desde la delegación de trabajadores se señaló que la empresa quedó fuera por no cumplir requisitos administrativos, como la presentación de libre deuda de ejercicios anteriores, situación que dejó en suspenso el futuro laboral de alrededor de 85 choferes y sus familias.
Discursos oficiales del Municipio
El Ejecutivo municipal defendió el proceso licitatorio como un paso necesario hacia la modernización del transporte urbano. Las autoridades destacaron la apertura de sobres como un acto administrativo transparente y remarcaron que el cumplimiento estricto de los pliegos es condición indispensable para mejorar el servicio.
Desde esta perspectiva, el municipio sostiene que un sistema más ordenado y con flota renovada beneficiará tanto a los usuarios como a los trabajadores, y que cualquier exclusión responde a criterios técnicos y legales, no políticos.
Posturas opositoras y críticas
- Sindicatos y trabajadores
Más allá de la postura formal de la UTA, sectores de base advierten que la licitación no garantiza en la práctica la continuidad laboral, y alertan sobre el riesgo de despidos encubiertos o reabsorciones parciales. - Defensa del consumidor
La CODECUC, asociación local de defensa de consumidores, presentó un reclamo formal solicitando la renuncia del secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, al considerar que el proceso está “plagado de vicios, irregularidades e ilegalidades en perjuicio de los usuarios”. - Empresarios excluidos
Desde el sector empresario, la exclusión de Unión Bus alimenta un discurso crítico sobre la falta de seguridad jurídica y la posible concentración del sistema en pocas manos, lo que podría reducir competencia y afectar la calidad del servicio a largo plazo.
Tarifas, calidad y presión sobre los usuarios
En este contexto, el boleto urbano registra desde el 20 de enero de 2026 un valor de $1.226,27 por viaje, tras un aumento cercano al 5 %. El ajuste se da en un escenario de ingresos reales deteriorados, lo que incrementa el peso del transporte en el presupuesto de los hogares.
Las autoridades justifican el aumento por el alza de combustibles, insumos y mantenimiento, mientras que los usuarios cuestionan que los incrementos tarifarios no se traduzcan en mejoras visibles del servicio.
Impactos económicos y sociales
- Empleo: la licitación genera incertidumbre laboral, especialmente entre los trabajadores de empresas excluidas.
- Calidad del servicio: persiste la duda sobre si el recambio de concesionarios implicará una mejora real o solo un reordenamiento formal.
- Costo social: el aumento del boleto presiona sobre el acceso al transporte, clave para el trabajo, la educación y la integración urbana.
Una disputa que excede lo técnico
El conflicto por el transporte urbano en San Salvador de Jujuy no es solo una discusión administrativa. Expone una puja de poder entre Estado, empresas y trabajadores, donde se cruzan intereses económicos, condiciones laborales, tarifas y calidad del servicio. En ese marco, la licitación se convierte en un campo de disputa política, con impactos directos en la vida cotidiana de miles de usuarios y trabajadores.
