El barrio Alto Comedero, ubicado al sudeste de la ciudad de San Salvador de Jujuy, se ha consolidado como uno de los espacios urbanos más densamente poblados. Socialmente heterogéneo y con demandas históricas no resueltas de la provincia. Con un crecimiento demográfico sostenido y una población que supera ampliamente los 100.000 habitantes, el reclamo por contar con una municipalidad propia volvió a instalarse con fuerza en el debate público durante 2025–2026.
Lejos de tratarse de una demanda coyuntural, el planteo expresa un problema estructural: la desconexión entre la magnitud poblacional del barrio y la capacidad institucional del Estado local para proveer bienes y servicios públicos de manera adecuada.
Lo que dicen los vecinos: municipalización ahora
Los reclamos vecinales se organizan en torno a dos ejes centrales: la insatisfacción con la prestación de servicios básicos y la percepción de que la actual Delegación Municipal carece de recursos, autonomía y capacidad de decisión para resolver los problemas cotidianos.
Entre las principales demandas se destacan:
- Deficiencias en infraestructura, con calles sin pavimentar, ausencia de espacios verdes y terrenos públicos abandonados que generan inseguridad y problemas sanitarios.
- Servicios urbanos insuficientes, como cortes de agua, irregularidades en la recolección de residuos y falencias en el transporte público, que afectan directamente la movilidad y la vida cotidiana.
- Sensación de inseguridad y abandono estatal, especialmente en sectores con alta presencia de jóvenes y escasa oferta de políticas de contención social.
Frente a este escenario, organizaciones barriales y referentes comunitarios impulsan nuevamente la municipalización de Alto Comedero. Sostienen que solo un municipio propio —con intendencia y concejo deliberante— permitiría una gestión más directa de obras públicas, servicios urbanos, regularización dominial y políticas de seguridad y desarrollo local. El camino propuesto incluye la recolección de firmas para una iniciativa popular que fuerce el tratamiento legislativo del proyecto.
Respuesta del gobierno provincial: cautela fiscal e institucional
El gobernador Carlos Sadir reconoció públicamente que la municipalización de Alto Comedero constituye un “planteo histórico”. Aunque, remarcó que su viabilidad requiere un análisis integral y responsable, que contemple aspectos técnicos, jurídicos y especialmente financieros.
Desde la óptica provincial, la creación de un nuevo municipio implica evaluar:
- Su capacidad de financiamiento propio.
- El impacto sobre la coparticipación provincial.
- La sostenibilidad de una nueva estructura administrativa y política.
Sadir subrayó que se trata de una discusión abierta, pero no inmediata, dejando entrever que el principal límite no es político-discursivo, sino económico-fiscal.
La respuesta municipal: obras puntuales frente a demandas estructurales
Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, encabezada por el intendente Raúl “Chuli” Jorge, se vienen ejecutando intervenciones en Alto Comedero a través de programas como “Obras Mixtas”, que combinan aportes vecinales y mano de obra municipal para mejorar infraestructura básica.
También se avanzó en convenios con la provincia para obras de mayor escala, como la pavimentación de la avenida Pachamama, clave para la conectividad interna del barrio. A esto se suman acciones focalizadas en salud, educación y servicios urbanos.
Sin embargo, para una parte importante de los vecinos, estas políticas resultan fragmentadas e insuficientes. Esto, debido a que no alteran el problema de fondo: la falta de autonomía presupuestaria y capacidad de planificación integral para un territorio que funciona, en los hechos, como una ciudad dentro de la ciudad.
Economía urbana y municipalización: el trasfondo del conflicto
Desde una perspectiva de economía política urbana, el conflicto de Alto Comedero puede leerse como un problema de escala y asignación de recursos. El barrio concentra una enorme demanda de bienes públicos —infraestructura, transporte, seguridad, servicios sociales— pero no cuenta con una estructura institucional acorde a esa magnitud.
La Delegación Municipal opera sin presupuesto propio relevante, lo que genera:
- Subprovisión crónica de bienes públicos.
- Ineficiencias en la asignación de recursos.
- Externalidades negativas en términos de seguridad, informalidad y deterioro urbano.
La municipalización aparece entonces no solo como una demanda política, sino como una estrategia de reorganización fiscal y administrativa, que permitiría al territorio captar recursos, planificar inversiones y representar de manera directa los intereses de su población.
Síntesis desde la Economía Política
El debate sobre Alto Comedero excede largamente la discusión administrativa. Expresa una tensión estructural entre crecimiento demográfico, desigualdad territorial y capacidad estatal, típica de las periferias urbanas en economías con fuertes desequilibrios regionales.
Desde la economía política:
- El reclamo vecinal surge de una brecha persistente entre población y recursos públicos.
- La cautela del gobierno provincial responde a restricciones fiscales reales, pero también a la reconfiguración de poder político que implicaría un nuevo municipio.
- La estrategia municipal, basada en intervenciones parciales, muestra los límites de una gestión centralizada frente a territorios de gran escala y alta complejidad social.
Alto Comedero pone en evidencia una cuestión clave: cuando la estructura institucional no acompaña la estructura social y económica, el conflicto deja de ser excepcional y se vuelve permanente. La discusión sobre su municipalización, más que un problema local, interpela al modelo de gestión urbana y al federalismo real en la provincia de Jujuy.
