La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina durante la madrugada del 20 de febrero de 2026, tras más de doce horas de debate atravesado por confrontaciones políticas, protestas sociales y negociaciones de último momento.
El oficialismo logró reunir una mayoría suficiente para aprobar el proyecto en general y remitirlo a la Senado de la Nación Argentina, donde se definirá su sanción definitiva. Si la Cámara Alta no introduce cambios, la iniciativa quedará lista para su promulgación.
Cómo se construyó la mayoría
El quórum y la posterior aprobación fueron posibles gracias a la convergencia parlamentaria entre el bloque oficialista y espacios aliados como La Libertad Avanza, Propuesta Republicana, Unión Cívica Radical y el Movimiento de Integración y Desarrollo, junto a representantes provinciales.
La oposición intentó frenar el avance mediante mociones para devolver el proyecto a comisión y promover modificaciones estructurales, pero esas iniciativas fueron rechazadas en el recinto, lo que habilitó la votación general del texto.
Aunque el recuento final detallado de votos no fue difundido oficialmente al cierre de la sesión, fuentes parlamentarias coinciden en que el respaldo superó ampliamente el umbral de mayoría simple requerido.
Los ejes más controvertidos del debate
El tratamiento legislativo consolidó el núcleo de la reforma, pero dejó expuestas tensiones estructurales en torno al modelo de regulación del trabajo en Argentina.
Eliminación del artículo 44
El oficialismo retiró el artículo que modificaba el régimen de licencias médicas con reducción salarial, una concesión política clave para sostener apoyos parlamentarios. La decisión fue presentada como un gesto de apertura al diálogo, aunque no alteró el diseño general de la reforma.
Flexibilización del régimen laboral
El texto aprobado mantiene los puntos centrales ya definidos en el Senado:
- creación de sistemas de “banco de horas” para reorganizar la jornada laboral
- modificación del cálculo indemnizatorio
- cambios en negociación colectiva y derecho de huelga
- ampliación de servicios considerados esenciales
Estos elementos constituyen el corazón del proyecto de “modernización laboral” defendido por el Ejecutivo.
El discurso oficial
Durante la sesión, legisladores oficialistas y voceros del Gobierno defendieron la reforma como una herramienta estructural para transformar el mercado de trabajo.
El argumento central sostiene que la legislación vigente genera rigideces que desalientan la contratación formal y encarecen la producción. En esa línea, el Ejecutivo planteó que la flexibilización normativa permitiría:
- reducir la informalidad laboral
- mejorar la previsibilidad empresarial
- estimular la inversión productiva
- adaptar el régimen laboral a nuevas dinámicas económicas
Desde el oficialismo también se insistió en que la eliminación del artículo 44 demuestra disposición a negociar sin resignar el objetivo estratégico de reforma.
La oposición
Los bloques opositores (especialmente sectores del peronismo y la izquierda) caracterizaron la iniciativa como un cambio regresivo en materia de derechos laborales.
Entre los principales cuestionamientos expresados en el recinto se destacan:
- debilitamiento del poder de negociación sindical
- reducción del costo del despido como mecanismo disciplinador
- transferencia de riesgos económicos hacia el trabajador
- ausencia de políticas productivas complementarias
La sesión legislativa coincidió con una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo, lo que evidenció que el conflicto excede el plano parlamentario y se proyecta al terreno social.
Lo que viene
Con la media sanción de Diputados, el proyecto retorna al Senado para su revisión definitiva. Si la Cámara Alta convalida el texto sin cambios, el Gobierno logrará convertir en ley una de las reformas estructurales más relevantes de su programa económico.
Más allá del resultado legislativo, el episodio confirma un rasgo central del actual ciclo político: la transformación del régimen laboral se ha convertido en el eje de disputa entre dos diagnósticos económicos contrapuestos.
Para el oficialismo, el problema es la rigidez institucional del mercado de trabajo; para la oposición, la restricción principal sigue siendo la debilidad del entramado productivo.
Esa tensión, más que la votación en sí, define el verdadero alcance histórico del debate.
