Los trabajadores del Poder Judicial argentino profundizaron un escenario de tensión institucional al iniciar un paro de 48 horas con ocupación de dependencias judiciales, en rechazo al traspaso de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y a disposiciones vinculadas con el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional.
La medida fue convocada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que resolvió en asamblea el cese total de actividades en el fuero laboral nacional y la toma del edificio central de tribunales laborales en el centro porteño. El sindicato calificó la decisión como una “acción de emergencia institucional” frente a lo que considera una reconfiguración estructural del sistema judicial laboral.
El conflicto se vincula directamente con el artículo 91 del proyecto de reforma laboral, que prevé la posibilidad de un acuerdo de transferencia de la función judicial en materia laboral entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con un plazo de hasta 180 días para su implementación. Según los trabajadores, ese mecanismo implicaría la suspensión progresiva de juzgados nacionales y una modificación sustancial del esquema de competencias, con impacto directo en la organización del sistema judicial laboral.
Alcance institucional del conflicto
El paro no se limita a una disputa sectorial ni a una discusión salarial. En términos políticos y jurídicos, el eje del conflicto radica en la estructura del fuero laboral nacional y su eventual reorganización jurisdiccional.
Desde la perspectiva sindical, el traspaso representa:
- una alteración del modelo histórico de justicia laboral nacional,
- un riesgo de fragmentación de criterios jurisprudenciales,
- y una eventual reducción de garantías para trabajadores litigantes.
Los judiciales sostienen que la justicia laboral nacional constituye un instrumento clave de tutela de derechos sociales y que su reconfiguración puede modificar el equilibrio entre empleadores, trabajadores y Estado.
Reclamos formales del sector
El pliego de demandas del gremio incluye tres ejes centrales:
- Rechazo al traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires.
- Defensa del carácter nacional del fuero laboral como garantía de uniformidad jurídica.
- Impugnación de aspectos institucionales de la reforma laboral que impactan en la estructura judicial.
El sindicato anunció además la continuidad de un plan de lucha que contempla movilizaciones federales y nuevas medidas de fuerza si no se abre una instancia de negociación institucional.
Discursos sindicales y posicionamiento político
El secretario general de la UEJN, Julio Piumato, encabezó los pronunciamientos públicos del sector. En comunicados gremiales se afirmó que la medida busca “preservar la justicia laboral como garantía constitucional de protección de derechos” y evitar lo que el sindicato define como una “transferencia que debilita el acceso a la justicia”.
El dirigente sostuvo que el proyecto en debate podría afectar principios vinculados al acceso a la tutela judicial efectiva y al funcionamiento de un fuero especializado en materia laboral. En el discurso sindical se plantea que la discusión excede la organización administrativa y se vincula con el modelo de regulación del trabajo en el país.
Posición del gobierno nacional
Desde el oficialismo no se difundieron pronunciamientos específicos centrados en el paro judicial, pero sí se han reiterado argumentos institucionales en defensa de la reforma laboral y de los mecanismos de reorganización jurisdiccional previstos en el proyecto.
El gobierno encabezado por Javier Milei sostiene que los cambios propuestos buscan modernizar el funcionamiento del sistema laboral, promover la competitividad económica y actualizar la organización institucional conforme a acuerdos entre jurisdicciones.
Desde esa perspectiva, el eventual traspaso de competencias es presentado como un proceso administrativo e institucional dentro del federalismo argentino, y no como una alteración sustantiva de derechos.
Impacto operativo inmediato
La medida de fuerza produjo efectos concretos en el funcionamiento del sistema judicial laboral:
- suspensión de audiencias programadas,
- interrupción de trámites procesales,
- funcionamiento limitado mediante guardias mínimas,
- acumulación de expedientes pendientes.
El impacto se extiende a trabajadores, empresas y profesionales del derecho laboral, que dependen de la actividad judicial para la resolución de conflictos contractuales y previsionales.
Consecuencias políticas y jurídicas
Más allá del efecto operativo, el paro adquiere relevancia en tres dimensiones:
- Institucional
Reabre el debate sobre la organización del sistema judicial nacional y el alcance del federalismo judicial.
- Sindical
Se inscribe en un ciclo de conflictividad más amplio vinculado a reformas estructurales del mercado de trabajo y del rol del Estado.
- Política
Refleja tensiones entre el programa de reformas del Ejecutivo y sectores del aparato estatal que cuestionan su implementación institucional.
Continuidad del conflicto
El gremio judicial anticipó que el paro constituye una primera etapa de un plan de lucha escalonado. La convocatoria a movilizaciones nacionales y la posibilidad de nuevas medidas de fuerza indican que el conflicto podría prolongarse si no se habilitan instancias de negociación institucional o revisión legislativa.
En términos políticos, el desenlace dependerá de tres variables:
- el avance parlamentario de la reforma laboral,
- la respuesta institucional del Poder Ejecutivo,
- y el nivel de adhesión sindical y social a las protestas.
