El 2 de febrero de 2026, Marco Lavagna presentó su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), cargo que ocupaba desde diciembre de 2019, tras haber sido designado durante el gobierno de Alberto Fernández y ratificado posteriormente por la administración de Javier Milei.
La salida se produjo en un momento institucionalmente sensible: en plena transición metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC), a días de la publicación de los primeros datos de inflación bajo la nueva canasta basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017–2018, y en un contexto interno marcado por tensiones laborales, congelamiento salarial y recambios en equipos técnicos clave.
Desde una perspectiva de economía política, la renuncia no puede leerse únicamente como un hecho administrativo. Se inscribe en una disputa más amplia sobre el rol de la estadística pública en la construcción de legitimidad macroeconómica, expectativas sociales y credibilidad institucional.
Motivos de la renuncia
- Discrepancias técnicas y políticas sobre la metodología del IPC
El eje central del conflicto fue el desacuerdo entre Lavagna y el Poder Ejecutivo respecto al momento y la forma de implementación del nuevo método de cálculo del IPC. La actualización metodológica implica una canasta con mayor peso de servicios regulados, tarifas y consumos modernos, lo que potencialmente podría arrojar una dinámica inflacionaria distinta (y en determinados períodos, más elevada) que la registrada bajo la metodología anterior.
Desde el Ministerio de Economía se reconoció públicamente que existían “diferencias de criterio” sobre la oportunidad de aplicar el cambio. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que avanzar con la nueva medición en un contexto de comparaciones interanuales sensibles podía “generar confusión” o “suspicacias” en la lectura pública de los datos.
En términos políticos, esta tensión refleja una cuestión estructural: la medición de la inflación no es solo un indicador técnico, sino una variable que impacta directamente sobre salarios, jubilaciones, tarifas, bandas cambiarias y narrativa macroeconómica del Gobierno.
- Tensiones internas en el organismo
Más allá del debate metodológico, el INDEC atravesaba un clima institucional complejo. Durante 2025 se produjeron renuncias en áreas estratégicas, como la Dirección de Índices de Precios al Consumo y el área de Condiciones de Vida, en un contexto de salarios congelados y presión sobre los equipos técnicos.
Este escenario debilitó la cohesión interna del organismo y puso en discusión la capacidad del Estado para retener cuadros técnicos en una institución clave para el diseño y evaluación de políticas públicas.
- Un momento político particularmente sensible
La cercanía entre la renuncia y la publicación del primer IPC bajo la nueva metodología alimentó lecturas políticas. Sectores críticos interpretaron la postergación del cambio como un intento de evitar cifras que pudieran tensionar la narrativa oficial de desaceleración inflacionaria, en un contexto donde la inflación se mantiene como variable central del contrato político entre el Gobierno y la sociedad.
Transición en la conducción del INDEC
Tras la salida de Lavagna, Pedro Ignacio Lines, hasta entonces director técnico del organismo, fue designado como director interino.
El Gobierno no anunció, al menos en lo inmediato, un reemplazo definitivo. Desde el área económica se comunicó que la implementación plena de la nueva metodología quedará supeditada a la “consolidación del proceso de desinflación”, lo que introduce un margen de discrecionalidad política en un proceso que formalmente se presenta como técnico.
Discursos oficiales
El ministro de Economía, Luis Caputo, enmarcó la renuncia en un plano estrictamente técnico, señalando que “no hace falta cambiar el índice ahora” y que el momento elegido no alteraría sustancialmente la lectura macroeconómica en medio del proceso de desaceleración de precios.
Desde la Jefatura de Gabinete se reforzó la idea de que la postergación busca preservar la claridad estadística y evitar distorsiones en las comparaciones interanuales, presentando la decisión como un ejercicio de prudencia metodológica más que como una intervención política.
Al mismo tiempo, sectores del oficialismo destacaron la gestión de Lavagna al frente del INDEC, subrayando avances en la normalización y fortalecimiento del sistema estadístico nacional tras años de cuestionamientos a la credibilidad de las cifras oficiales.
Posturas críticas y opositoras
Analistas, académicos y referentes de la oposición señalaron que la nueva metodología (al otorgar mayor peso a servicios, tarifas y precios regulados) podría reflejar una inflación más alineada con la percepción cotidiana de los hogares, especialmente en un contexto de quita de subsidios y recomposición tarifaria.
Desde esta lectura, la postergación del nuevo índice no sería neutral: permitiría sostener una narrativa de desaceleración inflacionaria bajo una canasta que subrepresenta algunos de los rubros más dinámicos en el gasto real de las familias.
- Independencia estadística
Uno de los ejes más sensibles de la crítica apunta a la autonomía técnica del INDEC. La renuncia del director en medio de un cambio metodológico de alto impacto fue interpretada por sectores académicos como una señal preocupante sobre la frontera entre decisión política y producción estadística.
Medios internacionales y organizaciones especializadas en transparencia pública recordaron que la credibilidad del sistema estadístico argentino es un activo frágil, reconstruido tras episodios pasados de manipulación o desconfianza institucional.
Implicancias para el Gobierno
- Credibilidad de los datos
La salida de Lavagna introduce una tensión en la percepción pública de la independencia del INDEC. En un país donde la inflación cumple un rol central en la negociación salarial, la indexación de contratos y la política cambiaria, cualquier señal de controversia metodológica puede amplificar la desconfianza social y de los actores económicos.
- Narrativa macroeconómica
Desde el punto de vista del Ejecutivo, postergar una metodología que podría arrojar cifras más elevadas ayuda a sostener el relato de estabilización y desinflación gradual. Sin embargo, ese mismo movimiento abre flancos para la crítica política: la acusación de que la estadística se subordina a la estrategia comunicacional del Gobierno.
- Impacto en políticas públicas
El IPC no es solo un indicador informativo: es una variable de referencia para ajustes de jubilaciones, planes sociales, tarifas, bandas cambiarias y negociaciones salariales. Por lo tanto, la controversia metodológica tiene efectos concretos sobre la arquitectura de la política económica y social.
A nivel institucional, la renuncia también plantea un desafío en términos de gobernanza estatal: la dificultad para sostener equipos técnicos estables en organismos estratégicos en un contexto de ajuste fiscal y presión presupuestaria.
