Informes técnicos de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) y relevamientos periodísticos señalan que entre el 65 % y el 70 % de la red vial nacional está en estado regular o malo, con tramos que presentan fallas estructurales severas, baches y desgaste de base del pavimento que reducen la velocidad y aumentan riesgos de accidentes.
Tramos con problemas críticos
Región Centro y Sur (logística productiva):
- Ruta Nacional 33 (Buenos Aires – Santa Fe): considerado uno de los más críticos, con fallas donde la base del asfalto ha cedido y parches que no resisten el tránsito pesado de la cosecha.
- Ruta Nacional 151 (Río Negro – La Pampa): clave para el transporte vinculado a Vaca Muerta, con informes de “abandono total” y calzada con cráteres profundos.
- Rutas Nacionales 35 y otros corredores patagónicos: superficie desgranada y pérdida de material estructural.
Litoral y fronteras (comercio y pasos internacionales):
- Ruta Nacional 121 (Corrientes): acceso al Puente Santo Tomé – São Borja con fallas estructurales severas.
- Ruta Nacional 119 (Corrientes): “punto rojo” de seguridad vial con efecto de “piel de cocodrilo”.
- Ruta Nacional 120 (Corrientes), A015 y 136 (Entre Ríos): acceso a puentes importantes para el comercio exterior, deteriorados.
Otras rutas señaladas por relevamientos previos:
- Ruta Nacional 9 y 66 en Jujuy, con altos niveles de siniestralidad y falta de mantenimiento en tramos provinciales (datos recientes de relevamientos provinciales).
- Ruta Nacional 16 en Chaco, con múltiples sectores en mal estado.
Impacto económico
Costos productivos y logísticos
La red vial nacional constituye la columna vertebral de la logística interna y de exportación de la Argentina. Las rutas deterioradas elevan costos logísticos, reducen la velocidad de circulación y encarecen el transporte de productos agrícolas, manufacturas y bienes industriales, lo que afecta la competitividad exportadora.
Por ejemplo:
- En la Provincia de Buenos Aires, donde solo el 36,8 % de las rutas nacionales está en buen estado, el tránsito más lento y los daños a los vehículos encarecen costos para productores y transportistas, que trasladan granos desde el interior hacia puertos como Bahía Blanca y Rosario.
- La Ruta 151, en el corazón de la producción de energía de Vaca Muerta, presenta deterioro estructural que afecta el transporte de insumos y producción petrolera.
Una estimación técnica (Instituto Argentina Grande / CAMARCO) señala que 30.000 km de rutas necesitan mantenimiento urgente, y que el costo de recuperación de la infraestructura, de no abordarse oportunamente, puede multiplicar por diez los gastos de mantener rutas en buen estado.
Pérdida de productividad
El aumento de tiempos de viaje y fallas en la red conllevan a mayores tiempos de entrega, mayor consumo de combustible y desgaste en flotas de transporte, reduciendo la productividad y redundando en precios más altos para usuarios y empresas.
Impacto social
Seguridad vial y salud pública
Los datos oficiales del Observatorio Vial Nacional muestran que en 2024 ocurrieron más de 3.800 fallecidos en siniestros viales, de los cuales 54 % ocurrieron en rutas (29 % en rutas nacionales) —un dato que vincula directamente el mal estado de infraestructura con riesgos para la población.
Asimismo, relevamientos independientes atribuyen un aumento de víctimas fatales y de accidentes graves al deterioro del pavimento y la infraestructura.
Afectación regional y social
- Comunidades rurales y pequeñas localidades que dependen de rutas nacionales para acceder a servicios de salud, educación y mercados ven su acceso limitado y más peligroso.
- En provincias como La Pampa, los tramos intransitables limitan la movilidad de familias y productores locales, afectando directamente la vida cotidiana.
Impacto político
Discurso de autoridades y oposición
Gobierno nacional
El Poder Ejecutivo ha defendido la transición hacia concesiones y privatizaciones como parte de la política vial, argumentando que la gestión estatal directa no es eficiente y que atraer inversiones privadas a través de licitaciones puede mejorar la infraestructura mediante un modelo de peajes y mantenimiento contratado.
Esta lógica ha sido expuesta en anuncios sobre la licitación de más de 4.400 km de rutas nacionales para concesión a privados con expectativa de atraer inversión y “mejorar resultados para usuarios”.
Gobernadores e intendentes opositores
El gobernador de Buenos Aires (por ejemplo) denunció ante la Justicia el desfinanciamiento de las rutas por parte de la Nación y reclamó la devolución de fondos correspondientes al Impuesto a los Combustibles que, según la provincia, debían destinarse a la infraestructura vial.
Intendentes de distritos afectados por rutas críticas (como Junín, Chacabuco o Azul) exigieron al Gobierno nacional la reactivación inmediata de obras en tramos con alta siniestralidad, señalando que la falta de atención compromete la seguridad vial local.
Voces sindicales y de la sociedad civil
Las entidades gremiales vinculadas a Vialidad (como FEPEVINA y sindicatos estatales) advierten sobre un “desmantelamiento institucional” de la infraestructura vial, responsabilizando al Gobierno por recortes presupuestarios, despidos y paralización de obras que intensifican el abandono de rutas.
Líderes sindicales han expresado públicamente que la crisis vial constituye una emergencia nacional, con impacto directo en la seguridad y la cohesión territorial, y han llamado a los gobiernos provinciales a “poner la cara” en defensa de la infraestructura.
