Nigeria atraviesa un escenario político complejo, estructurado en torno a dos grandes ejes. La persistencia de conflictos armados internos y la presión geopolítica externa, particularmente desde Estados Unidos.
En el plano doméstico, el Estado nigeriano continúa enfrentando serias dificultades para ejercer el monopolio de la violencia en amplias regiones del territorio. En el noreste del país, la insurgencia de Boko Haram y su escisión ISWAP (Estado Islámico en la Provincia de África Occidental) sigue generando ataques recurrentes, desplazamientos masivos de población y destrucción de infraestructura civil y militar. De acuerdo con reportes de agencias internacionales y organismos humanitarios, estos conflictos han provocado millones de desplazados internos en la última década, afectando severamente la cohesión social y la actividad económica regional.
A esta insurgencia se suma una creciente violencia rural y bandolerismo armado en estados del centro y noroeste, como Níger, Zamfara y Kaduna. Ataques recientes, con decenas de muertos y secuestros masivos, reflejan la debilidad de la presencia estatal en zonas rurales y el avance de economías ilegales vinculadas al control territorial y al secuestro extorsivo (AP News).
En el plano internacional, la relación con Estados Unidos volvió a tensarse tras declaraciones del presidente Donald Trump. Sugirió la posibilidad de nuevos ataques militares estadounidenses en Nigeria ante la persistencia de la violencia contra comunidades cristianas. El gobierno del presidente Bola Ahmed Tinubu rechazó enfáticamente esta narrativa, subrayando que la violencia afecta tanto a musulmanes como a cristianos y que cualquier cooperación antiterrorista debe respetar la soberanía nacional (Reuters).
Este entramado de violencia interna y presión externa debilita la legitimidad estatal y limita la capacidad del gobierno para desplegar una agenda de desarrollo económico sostenido, afectando directamente al tejido social y productivo del país.
Reformas macroeconómicas y señales de estabilización
Durante 2025–2026, el gobierno de Tinubu profundizó un conjunto de reformas orientadas a corregir desequilibrios macroeconómicos crónicos:
- Eliminación del subsidio a los combustibles, una medida clave para aliviar el déficit fiscal, aunque con fuerte impacto inflacionario y social.
- Reforma del régimen cambiario, que permitió una mayor flexibilidad de la naira y redujo distorsiones entre tipos de cambio oficiales y paralelos.
- Mejora en indicadores fiscales y externos, con aumento de reservas internacionales hasta niveles cercanos a los USD 43.000 millones y una reducción relativa del peso del servicio de la deuda sobre los ingresos públicos (Gobierno de Nigeria).
Consultoras internacionales como PricewaterhouseCoopers (PwC) y analistas financieros coinciden en que estas medidas contribuyeron a una mayor previsibilidad macroeconómica en 2025. Con una inflación en proceso de desaceleración y mejores condiciones para la planificación empresarial.
Las proyecciones oficiales y privadas estiman que el PIB podría crecer entre 4 % y 4,5 % en 2026. Esto, impulsado por sectores no petroleros como telecomunicaciones, servicios, comercio y construcción.
Contrastes y tensiones económicas estructurales
Pese a estas señales positivas, la economía nigeriana sigue enfrentando restricciones profundas:
- Alta dependencia del petróleo, que continúa condicionando la balanza externa y los ingresos fiscales frente a la volatilidad de precios y problemas de producción.
- Pobreza estructural masiva: según el Banco Mundial, Nigeria concentra más de 106 millones de personas en situación de pobreza extrema. Esto es, una de las cifras más altas a nivel global.
- Inflación todavía elevada, que si bien comenzó a desacelerarse hacia fines de 2025, continúa erosionando los ingresos reales de los hogares.
En este contexto, el discurso oficial que sostiene que Nigeria “ha salido de la fase de inestabilidad económica”, como afirmó el vicepresidente Kashim Shettima, convive con una realidad social marcada por profundas desigualdades y deterioro del poder adquisitivo.
Impacto social: pobreza, inseguridad alimentaria y fragilidad cotidiana
La combinación de ajuste macroeconómico, inflación y violencia ha deteriorado sensiblemente las condiciones de vida. Organismos internacionales advierten que millones de nigerianos enfrentan inseguridad alimentaria severa, especialmente en regiones afectadas por conflictos armados y desplazamientos forzados (Programa Mundial de Alimentos).
La violencia no solo genera pérdidas humanas, sino que también destruye mercados locales, interrumpe la producción agrícola y refuerza un círculo vicioso entre pobreza, informalidad y criminalidad. En este sentido, la crisis social se convierte también en un problema de seguridad y gobernabilidad.
La crisis nigeriana puede leerse a partir de tres dimensiones centrales:
- Restricción periférica y especialización productiva
Nigeria posee un enorme potencial demográfico y de mercado interno, pero su estructura productiva no logró diversificarse de manera sostenida. La dependencia del petróleo y de servicios poco integrados limita la generación de empleo de calidad y de divisas estables.
- Violencia como freno al desarrollo
La inseguridad y los conflictos armados destruyen capital físico y humano, desincentivan la inversión productiva y obligan al Estado a priorizar gasto en seguridad en detrimento de educación, salud e infraestructura.
- Tensiones distributivas internas
Mientras sectores financieros y empresariales valoran la estabilización macroeconómica, amplios segmentos de la población no perciben mejoras materiales, lo que alimenta malestar social y potenciales reconfiguraciones políticas futuras.
En síntesis, Nigeria atraviesa en 2025–2026 una transición frágil: la estabilización macroeconómica convive con crisis sociales profundas, violencia persistente y límites estructurales de desarrollo. El crecimiento proyectado, aunque relevante, no garantiza por sí mismo una mejora generalizada del bienestar.
Sin una estrategia de diversificación productiva, fortalecimiento del Estado y reducción de desigualdades, el país corre el riesgo de quedar atrapado en un patrón de crecimiento desigual, alta conflictividad social y vulnerabilidad estructural, típico de muchas economías periféricas con fuerte dependencia de recursos naturales.
