Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Se estima alrededor de 303 mil millones de barriles, lo que representa cerca del 19 % del total global, superando incluso a Arabia Saudita. Sin embargo, este extraordinario potencial contrasta de manera contundente con su limitada capacidad real de extracción, que se encuentra muy por debajo de los niveles históricos.
La producción de crudo ha sufrido una caída dramática en las últimas décadas. Mientras que en la década de 1970 Venezuela llegó a producir más de 3,5 millones de barriles diarios (b/d), en el período 2025–2026 la producción se estima entre 0,9 y 1,1 millones de b/d, lo que equivale a apenas alrededor del 1 % del suministro mundial. Esta contracción prolongada no responde a un único factor coyuntural, sino a una combinación de procesos estructurales.
Entre las principales causas del declive se destacan:
- en primer lugar, las políticas de control estatal y expropiaciones, que desarticularon progresivamente la gestión profesionalizada de PDVSA, la empresa petrolera estatal.
- falta sostenida de inversión en exploración, mantenimiento y modernización. Esto, derivó en el deterioro de la infraestructura, la pérdida de capacidades técnicas y la emigración de personal altamente calificado.
- Finalmente, las sanciones internacionales, particularmente las impuestas por Estados Unidos, restringieron severamente el acceso a financiamiento, tecnología y mercados de exportación.
Como resultado, la estructura productiva petrolera venezolana ingresó en un declive prolongado. Fue transformándose en una fuente de renta política que en un verdadero motor de acumulación económica.
Impactos económicos directos
El petróleo continúa siendo la columna vertebral de la economía venezolana. Representa más del 80 % de las exportaciones y constituyendo la principal fuente de divisas. Sin embargo, la caída en los volúmenes de producción y la necesidad de aplicar descuentos significativos para colocar crudo en mercados alternativos, especialmente en Asia, han deteriorado el ingreso efectivo por exportaciones. En este contexto, el precio promedio del crudo Merey 16 se ubicó en torno a los US$63 por barril en 2025, un nivel ligeramente inferior al del año previo.
La combinación de menor volumen exportado y menores precios efectivos reduce de manera significativa los ingresos petroleros en dólares. De esta manera, afecta directamente la capacidad fiscal del Estado y limita la importación de bienes esenciales, insumos productivos y tecnología. Esta dinámica profundiza la tradicional restricción externa de la economía venezolana y presiona sobre las ya debilitadas reservas internacionales.
La interrupción ocasional de envíos a mercados tradicionales y la inestabilidad de los flujos comerciales generan estrés adicional en la balanza de pagos. La escasez de divisas obliga al país a recurrir a mecanismos no convencionales de financiamiento de importaciones. Lo cual agrava las tensiones cambiarias internas y presionan el tipo de cambio real.
Impactos sociales vinculados al petróleo
La dependencia extrema del petróleo para financiar el gasto público y los servicios sociales convierte las fluctuaciones del sector en un determinante central del bienestar de la población. Diversos estudios muestran una correlación clara entre los ingresos petroleros y los indicadores sociales en Venezuela. Cuando el precio y la producción de petróleo aumentan, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) tiende a mejorar; cuando colapsan, el deterioro social se profundiza.
En la práctica, la caída sostenida de los ingresos petroleros ha provocado que los servicios públicos básicos —salud, educación, energía— se financien de manera crónicamente insuficiente. Para cubrir estas brechas, el Estado ha recurrido con frecuencia al financiamiento monetario, alimentando procesos inflacionarios e inestabilidad de precios. Paralelamente, el empleo formal continúa debilitándose, acompañado por una fuerte emigración de profesionales calificados —en particular del sector energético— y un aumento persistente de la informalidad laboral.
Contexto político y geopolítico
El sector petrolero venezolano se encuentra profundamente atravesado por el contexto político y geopolítico. El 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos. Lo que constituyó un punto de quiebre político de enorme magnitud, con impactos tanto internos como internacionales. Este hecho reconfiguró las relaciones externas del país y añadió un nuevo nivel de incertidumbre sobre el control, la gestión y el destino de la renta petrolera.
La posibilidad de un control temporal o prolongado del sector por jurisdicciones externas, como la administración de Estados Unidos, introduce interrogantes adicionales respecto de la inversión, la producción y la exportación de crudo. A su vez, la persistencia de sanciones y la ausencia de un marco legal estable y previsible continúan debilitando la confianza de potenciales inversores internacionales.
Incluso bajo escenarios de apertura o alivio parcial de sanciones, la recuperación del sector petrolero venezolano requeriría inversiones masivas y un horizonte temporal prolongado. Estimaciones conservadoras sugieren que retornar a niveles de producción previos al colapso demandaría entre US$20.000 y US$50.000 millones en infraestructura. Esto podría tomar años o incluso décadas. Además, un eventual aumento de la producción tendría un impacto limitado sobre el mercado petrolero global en 2026, dado el contexto de oferta relativamente abundante y las políticas de producción de la OPEP+ orientadas a moderar los precios.
Consecuencias estructurales y perspectivas
Desde la Economía Política, la experiencia venezolana constituye un caso paradigmático del modelo rentista petrolero. A pesar de contar con recursos naturales excepcionales, el país exhibe resultados económicos y sociales desfavorables debido a la centralización de la renta en un sector primario, la ausencia de diversificación productiva y la escasa acumulación de capital humano y tecnológico.
Esta dinámica se manifiesta en una vulnerabilidad macroeconómica extrema, presiones recurrentes sobre el tipo de cambio y la inflación. Dificultades persistentes para proveer bienes públicos básicos y un profundo deterioro institucional de PDVSA, acompañado por el éxodo de capacidades técnicas.
A corto plazo, el sector petrolero venezolano permanece en un estado crítico, con producción estancada y exportaciones condicionadas. A mediano y largo plazo, cualquier recuperación sostenible exigirá estabilidad política, garantías jurídicas, una profunda rehabilitación de la infraestructura petrolera y, fundamentalmente, una redefinición del rol del petróleo dentro de una estrategia de desarrollo más diversificada.
Síntesis desde la Economía Política
La crisis del petróleo en Venezuela no se reduce a una caída de la producción o a fluctuaciones de precios. Se trata de una crisis estructural, vinculada a un patrón de desarrollo rentista, políticas públicas inconsistentes y fuertes condicionamientos geopolíticos. Aunque el país posee el mayor reservorio de hidrocarburos del planeta, sus consecuencias económicas y sociales —desde el deterioro del ingreso nacional hasta la fragmentación del tejido social— revelan una profunda brecha entre el potencial productivo y la realidad material de acumulación y bienestar.
