La crisis política venezolana es un proceso de larga data, atravesado por altos niveles de polarización, cuestionamientos electorales, deterioro institucional y conflictividad social. Durante 2025, el país atravesó un nuevo pico de inestabilidad marcado por:
- protestas masivas en distintos centros urbanos,
- respuestas represivas del aparato estatal,
- acusaciones de fraude vinculadas a las elecciones presidenciales de julio de 2024,
- y una escalada sostenida de tensión entre el oficialismo y sectores opositores.
A comienzos de 2026, este cuadro se profundizó abruptamente a partir de los hechos que derivaron en la remoción forzada del presidente Nicolás Maduro, generando un escenario de transición altamente inestable. El Poder Ejecutivo pasó a ser ejercido de facto por Delcy Rodríguez, en un contexto de fuerte cuestionamiento político y ausencia de consensos amplios, incluso dentro del propio chavismo. La crisis de legitimidad, lejos de resolverse, se amplificó.
Situación social: deterioro estructural y desgaste del tejido social
La crisis política se articula con una crisis social profunda y persistente. Venezuela enfrenta desde hace años un deterioro acumulativo de sus condiciones de vida, expresado en:
- caída sostenida de la producción petrolera,
- escasez crónica de servicios básicos (electricidad, agua, salud),
- procesos inflacionarios severos que erosionaron los ingresos reales,
- migración masiva, con millones de venezolanos fuera del país,
- y una marcada pérdida de capacidad estatal para garantizar derechos sociales mínimos.
Los acontecimientos políticos recientes y la intervención externa intensificaron estas tensiones. Dando lugar tanto a protestas internas —especialmente en sectores populares históricamente vinculados al chavismo— como a expresiones de rechazo internacional frente a la injerencia extranjera. El conflicto dejó de ser solo institucional para convertirse en un problema de reproducción social cotidiana.
El petróleo como eje económico y geopolítico
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero esa riqueza contrasta con un colapso prolongado de su capacidad productiva real. Décadas de desinversión, deterioro operativo de PDVSA, corrupción, sanciones internacionales y pérdida de capacidades técnicas redujeron drásticamente la producción, mucho antes de los acontecimientos de 2025–2026.
La industria petrolera —históricamente el sostén fiscal y externo del país— dejó de cumplir su rol como generadora de divisas, debilitando las finanzas públicas, el gasto social y la estabilidad macroeconómica. La restricción externa volvió estructural y la dependencia del petróleo se transformó en un factor de vulnerabilidad.
Estados Unidos y Venezuela: acuerdos, presión y reconfiguración del poder económico
En enero de 2026 se confirmó la existencia de negociaciones entre PDVSA y Estados Unidos para la venta de volúmenes de crudo, en un contexto signado por la intervención política y la reconfiguración del poder interno venezolano. Estas negociaciones fueron presentadas como acuerdos comerciales, aunque se desarrollan bajo condiciones profundamente asimétricas.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció un entendimiento preliminar que contempla la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, con tres objetivos explícitos:
- reactivar parcialmente las exportaciones venezolanas,
- garantizar suministro energético para EE. UU.,
- y canalizar los ingresos hacia la compra de bienes estadounidenses.
Desde Washington se planteó, además, que la comercialización del petróleo venezolano quedaría bajo supervisión estadounidense, con administración parcial de los ingresos, lo que introduce un cambio sustantivo en el control efectivo de los recursos estratégicos del país.
Condiciones geopolíticas y alineamiento estratégico
Diversos reportes de política exterior indican que Estados Unidos condicionó la normalización petrolera a un reordenamiento de las alianzas internacionales de Venezuela, exigiendo el distanciamiento de China, Rusia, Irán y Cuba. Paralelamente, se discutieron planes para que empresas petroleras estadounidenses participen directamente en la reconstrucción operativa del sector, con inversiones significativas y control técnico.
Desde una mirada crítica, estas iniciativas no solo buscan recuperar producción, sino reinsertar a Venezuela en el mercado energético global bajo una lógica funcional a los intereses estratégicos y corporativos de Estados Unidos, desplazando márgenes de autonomía económica.
Interpretación desde la Economía Política
Desde una perspectiva estructuralista latinoamericana, la situación venezolana permite identificar varios núcleos analíticos centrales:
- Recursos naturales y dependencia estructural
El petróleo sigue siendo el eje de la disputa geopolítica, incluso en un contexto de colapso productivo, reafirmando la condición periférica y extractiva de la inserción venezolana en la economía mundial.
- Soberanía y control externo
Los acuerdos petroleros y la intervención política implican un desplazamiento efectivo del control sobre los recursos estratégicos, erosionando la autonomía económica y estatal.
- Crisis de legitimidad interna
La reconfiguración del poder político sin consensos amplios profundiza la fragmentación social y debilita la capacidad de reconstrucción institucional.
- Venezuela en el sistema mundial
El caso expresa un patrón histórico regional: economías con recursos críticos, alta vulnerabilidad externa y fuerte exposición a disputas entre grandes potencias, donde la renta se convierte en objeto de control más que en palanca de desarrollo.
