A comienzos de 2026, la relación entre Colombia y Estados Unidos —históricamente una de las más estrechas de América Latina, especialmente en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico— atravesó un punto de tensión diplomática y política sin precedentes en décadas. Las fricciones recientes tuvieron repercusiones regionales y estuvieron marcadas por una fuerte carga discursiva de ambos presidentes. Esta dinámica no debe leerse únicamente como un choque verbal, sino como la expresión de disputas geopolíticas más profundas y de definiciones contrapuestas sobre soberanía nacional y alineamientos estratégicos.
Escalada verbal y amenaza de intervención
A fines de 2025 y comienzos de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su retórica contra el gobierno de Gustavo Petro. Trump llegó a describir a Colombia como un país “muy enfermo”. Sugirió que la administración Petro no estaba haciendo lo suficiente para combatir el narcotráfico, incluso insinuando la posibilidad de una acción militar en el marco de la política regional de seguridad estadounidense, luego de la intervención de EE. UU. en Venezuela. Sectores del Congreso y del establishment político estadounidense reforzaron esta postura. Señalaron que Estados Unidos “no juega” cuando se trata de su seguridad interna y del combate al narcotráfico.
Este tono confrontativo marcó un pico de deterioro bilateral. Esto fue visible tanto en declaraciones oficiales de Washington como en la reacción política y social en Colombia, donde amplios sectores interpretaron los dichos como una injerencia directa sobre la soberanía nacional.
Respuesta colombiana y discurso de soberanía
Desde Colombia, la reacción oficial combinó gestos diplomáticos y una narrativa firme en defensa de la soberanía nacional. La Cancillería colombiana anunció la presentación de una queja formal ante el encargado de negocios de Estados Unidos por las declaraciones consideradas amenazantes. En paralelo, el presidente Petro convocó movilizaciones y actos públicos en defensa de la autodeterminación, en un contexto regional sensibilizado por la intervención estadounidense en Venezuela.
Estas expresiones se tradujeron en manifestaciones en distintas ciudades del país. Incluidas zonas fronterizas como Cúcuta, donde se escucharon consignas críticas a la política exterior de Washington y de respaldo a una política exterior autónoma.
Antecedentes de un deterioro prolongado
La crisis de enero de 2026 no surgió de manera aislada. Desde mediados de 2025, la relación bilateral venía mostrando signos de desgaste:
- En octubre de 2025, Colombia retiró a su embajador en Washington y suspendió parcialmente la cooperación de inteligencia tras acusaciones públicas de Trump contra el gobierno de Petro.
- Ese mismo año, Estados Unidos incluyó a Colombia en la lista de países “no plenamente cooperantes” en la lucha contra las drogas, una decisión de alto impacto simbólico.
- En noviembre de 2025, el gobierno colombiano suspendió temporalmente intercambios de inteligencia con agencias estadounidenses luego de operativos navales que provocaron víctimas civiles.
Estos episodios revelan que la relación ya estaba atravesada por tensiones estructurales antes del actual pico de conflicto.
Diálogo y cambio de tono: la llamada entre Petro y Trump
Tras la escalada inicial, los presidentes Petro y Trump mantuvieron una llamada telefónica este 7 de enero. Que significó un cambio parcial de clima. Ambos acordaron reducir la confrontación pública y avanzar hacia una reunión bilateral en la Casa Blanca. Trump calificó la conversación como “constructiva” y destacó el tono del mandatario colombiano.
Este giro fue interpretado como un intento de desescalar tensiones y preservar intereses estratégicos compartidos. Particularmente en materia de cooperación en seguridad, narcotráfico y estabilidad regional, aun en un contexto de diferencias políticas evidentes.
Tensiones geopolíticas y significado estructural
Desde una perspectiva de economía política estructuralista, estas tensiones exceden ampliamente el plano discursivo. Expresan un choque entre proyectos y prioridades estratégicas divergentes.
Estados Unidos sostiene una agenda de seguridad hemisférica centrada en el control del narcotráfico y la estabilidad regional bajo su liderazgo, lo que implica presiones políticas y condicionamientos sobre países aliados.
Colombia, bajo el gobierno de Petro, ha cuestionado los enfoques tradicionales de la “guerra contra las drogas”. Promoviendo una mayor autonomía, una mirada de derechos humanos y estrategias alternativas, lo que entra en fricción con la lógica histórica de la relación bilateral.
Desde la Economía Política
La reciente escalada y posterior distensión parcial entre Gustavo Petro y Donald Trump exhiben los límites de una relación que, aun siendo estratégica, atraviesa una fase de reconfiguración profunda. Desde una lectura estructuralista latinoamericana:
- La soberanía y la autodeterminación chocan con exigencias de alineamiento geopolítico del centro de poder.
- El narcotráfico opera como campo de disputa política y simbólica, más que como un problema meramente técnico.
- El vínculo bilateral refleja una disputa más amplia por el orden regional y por los márgenes de autonomía de América Latina frente a la política exterior estadounidense.
Aunque el conflicto fue momentáneamente moderado por canales diplomáticos, deja una señal clara. La relación entre Colombia y Estados Unidos ya no es un consenso estable, sino un espacio de tensiones estructurales que expresa cambios más profundos en la correlación de fuerzas regionales y globales.
