Informes técnicos elaborados por trabajadores de Vialidad Nacional y por gremios del sector indican que entre el 65 % y el 70 % de la red vial nacional se encuentra en estado “regular o malo”. El deterioro se manifiesta en tramos con baches profundos, desgaste estructural del pavimento, deformaciones y fallas de señalización que dificultan la transitabilidad y elevan los riesgos de siniestralidad.
Los corredores más señalados por su criticidad incluyen la Ruta Nacional 33 (Buenos Aires–Santa Fe), ejes logísticos del Litoral y el Noroeste argentino, y rutas estratégicas de la Patagonia, claves para el transporte de hidrocarburos, producción agrícola y conectividad regional.
Estos diagnósticos también vinculan el deterioro vial con un incremento de la siniestralidad en rutas nacionales, señalando que la precariedad de la infraestructura actúa como un factor estructural que agrava los accidentes de tránsito, especialmente en zonas de alto tránsito pesado.
¿Por qué están en mal estado?
Los gremios y trabajadores viales advierten que el mantenimiento rutinario —bacheo sistemático, desmalezado, conservación de banquinas y sellado de fisuras— ha sido recortado de manera significativa, lo que acelera el deterioro estructural del pavimento y eleva los costos de rehabilitación futura.
Paralización de obra pública
La suspensión o ralentización de obras de repavimentación y ampliación de calzadas ha dejado numerosos tramos sin intervenciones de fondo. Esta situación se vuelve crítica en corredores vinculados a la logística agroindustrial y al transporte de cargas, donde el tránsito pesado acelera el colapso de la estructura vial.
Reducción presupuestaria y reorganización institucional
Informes sindicales y comunicados internos de Vialidad Nacional señalan que, desde 2023, el organismo ha enfrentado reducciones presupuestarias, recortes de personal y limitaciones operativas, lo que habría llevado a reemplazar políticas de mantenimiento integral por intervenciones de corto plazo, definidas por los propios trabajadores como “bacheos precarios”.
Cambio de modelo: concesiones y privatizaciones
El Poder Ejecutivo impulsó un esquema de concesión de tramos de rutas nacionales a operadores privados, bajo la lógica de que el sector privado puede garantizar mayor eficiencia, inversión y mantenimiento a través del cobro de peajes y contratos de largo plazo.
Sin embargo, este proceso ha generado debates políticos y demoras administrativas, especialmente en la transición entre gestión estatal y concesionada, lo que, según críticos del modelo, ha dejado extensos corredores en una “zona gris” de responsabilidad institucional.
Discursos de autoridades y voces públicas
Gobierno nacional
Desde el Ejecutivo se ha defendido el giro hacia concesiones y privatizaciones bajo el argumento de que la gestión estatal integral de la red vial resulta fiscalmente insostenible y operativamente ineficiente. Voceros oficiales y funcionarios del área de infraestructura han señalado que un esquema de participación privada permitiría:
- Atraer inversiones para el mantenimiento de rutas estratégicas.
- Mejorar la calidad del servicio al usuario.
- Reducir la carga sobre el presupuesto nacional.
En esa línea, el Gobierno anunció procesos de licitación para concesionar cerca de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, priorizando corredores productivos y logísticos, y atribuyó parte del deterioro actual a atrasos acumulados de obras provenientes de gestiones anteriores.
Oposición y gremios
Los sindicatos del sector vial, en particular la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), han calificado la situación como una “emergencia vial”, responsabilizando al Gobierno por:
- La reducción de recursos presupuestarios.
- La paralización de la obra pública.
- El debilitamiento institucional de Vialidad Nacional.
Desde la oposición política se sostiene que el deterioro de la red no solo compromete la seguridad vial, sino que tiene efectos estructurales sobre la economía regional, al encarecer los costos de transporte, afectar la competitividad exportadora y profundizar las brechas territoriales en conectividad entre el centro económico del país y las provincias periféricas.
