La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó esta semana al gobierno de Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), sancionada por el Congreso, ratificada tras el veto presidencial y, hasta ahora, sistemáticamente ignorada por el Ejecutivo.
El fallo, que los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán dictaron tras calificar los argumentos del gobierno como “vagos, ambiguos y contradictorios”, obliga al Estado a actualizar los salarios docentes y las becas estudiantiles. Pero la respuesta de la Casa Rosada fue inmediata: el gobierno apelará hasta la Corte Suprema.
No importa la ley, no importa la justicia, no importa la educación. Importa el ajuste. Importa la motosierra. Y en esa motosierra, el sistema universitario público (uno de los más prestigiosos de América Latina, formador de profesionales como René Favaloro, de científicos que hoy son disputados por los centros de investigación de Europa y Estados Unidos) está siendo desmantelado sistemáticamente.
La universidad que formó a Favaloro hoy agoniza
Hay una imagen que debería grabarse en la memoria de este país: un médico rural, formado en la Universidad Nacional de La Plata, que se fue a Estados Unidos, revolucionó la cirugía cardiovascular con el bypass coronario, y volvió a la Argentina para fundar una fundación que hoy, también, está en terapia intensiva por falta de recursos. Ese médico se llamaba René Favaloro. Y es apenas uno de los millones de profesionales que la universidad pública argentina le dio al mundo.
Hoy, esa misma universidad pública agoniza. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) informó que las casas de estudios perdieron el 45,6% de sus recursos desde el inicio de la gestión de Milei. Los salarios docentes acumulan una caída real del 32% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, mientras que la inflación del mismo período alcanzó el 280%. Un profesor adjunto con dedicación simple cobraba en diciembre de 2025 unos $334.080, casi un 50% menos que en 2015. En términos concretos: un docente con dedicación exclusiva, la máxima categoría, está apenas cien mil pesos por encima de la canasta básica, un monto que no alcanza para vivir.
Las becas Progresar, que permiten a miles de jóvenes de familias humildes sostener sus estudios, perdieron entre el 75% y el 96% de su valor real. Los estudiantes que no son nativos de las ciudades donde cursan abandonan las carreras y se vuelven a sus pagos de origen porque sus familias no pueden sostener los gastos. El programa de infraestructura universitaria tuvo ejecución cero en 2024 y 2025 y fue eliminado del presupuesto. Y mientras tanto, los ingenieros top de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ganan $1,5 millones y se van a trabajar afuera: más de 300 salidas desde 2023, especialistas formados en el país que terminan usufructuando otros.
La ignorancia que gobierna: ¿será por eso que no pudieron recibirse?
El presidente Javier Milei es economista. Estudió en la Universidad de Belgrano, una privada, y luego hizo posgrados en desarrollo económico en el Instituto de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba, pero nunca completó formalmente un doctorado. Su vicepresidenta, Victoria Villarruel, es abogada por la Universidad de Buenos Aires. Su ministro de Economía, Luis Caputo, es ingeniero industrial por la UBA. No son, estrictamente, “ignorantes” en el sentido académico. Pero su relación con la universidad pública es, cuanto menos, ambivalente.
Lo que sí es evidente es que el gobierno que hoy desfinancia las universidades públicas no tiene ningún problema en vaciar instituciones que formaron a los mejores profesionales del país. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, lo resumió con una frase que duele: “Las universidades muchas veces tuvimos dificultades, pero nunca estuvimos tan mal como ahora”.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, fue más explícito: “Lo que el Gobierno está haciendo, a través de la aniquilación de los salarios, es intentar terminar con el sistema público de universidades”. Y describió una realidad que pocos quieren ver: “Muchos profesores bajan sus dedicaciones, dejan horas para buscar otras actividades, dar clases particulares o trabajar en plataformas. Son los responsables del sistema universitario”.
No es un ajuste. Es una liquidación. Y la pregunta que late en los claustros, en las asambleas, en las clases públicas que los docentes organizan frente a la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es inevitable: ¿será que quienes gobiernan quieren destruir la universidad que no supieron valorar? ¿Será que la motosierra no es contra el gasto, sino contra una institución que forma ciudadanos críticos, que produce conocimiento, que es un orgullo nacional?
El discurso de odio y la fuga de cerebros
El gobierno de Milei construyó su identidad política sobre un discurso de odio: la casta, los parásitos del Estado, los que viven del curro. Las universidades, para ese discurso, son nidos de corrupción. Los científicos, especuladores. Los docentes, vagos que defienden privilegios. Ese discurso caló en una parte de la sociedad, la misma que hoy aplaude cuando el presidente dice que “no hay plata” para pagarles a los que forman a los futuros profesionales del país.
Pero mientras la motosierra corta, los mejores se van. “Las mentes más brillantes se van del país porque sus proyectos de investigación están paralizados por la asfixia financiera”, advierte Letra P. “Las universidades y los centros de investigación de Europa y Estados Unidos se las disputan por la calidad de su formación. No les pagan bien, pero les garantizan una subsistencia digna y el desarrollo profesional que la Argentina del milagro anarcocapitalista les niega”.
La fuga de cerebros no es nueva en Argentina, pero sí es nueva su aceleración. Un informe del Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que el deterioro y el desfinanciamiento del sistema científico tecnológico es “sin precedentes”, y que en 2025 el poder adquisitivo de las partidas para el fortalecimiento de la ciencia y la técnica equivale al 38,05% de lo ejecutado en 2023. Es decir, dos tercios de la inversión en ciencia se evaporaron en dos años.
¿Qué país puede permitirse perder a sus mejores científicos? ¿Qué nación en desarrollo puede darse el lujo de expulsar a los profesionales que necesita para su crecimiento? La respuesta es ninguna. Pero Argentina, bajo la conducción de un presidente que cree que el mercado proveerá, parece dispuesta a intentarlo.
La timba financiera importa, la educación no
Mientras las universidades agonizan, el gobierno se ocupa de otras cosas. En las últimas semanas, la agenda pública estuvo dominada por el “caso $LIBRA”, una criptomoneda promocionada por el presidente que generó ganancias millonarias para unos pocos y pérdidas para miles de pequeños inversores. También por las denuncias de corrupción contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Y por las permanentes operaciones de “timba financiera” que el gobierno impulsa para sostener un dólar artificial y pagar la deuda.
El 3% de los argentinos que operan en la bolsa, que especulan con bonos y acciones, que se benefician de la bicicleta financiera, son el centro de atención de un gobierno que dice defender al “mercado”. Pero la educación, la salud, la infraestructura, las jubilaciones, son “gasto” que hay que cortar.
Un diputado de Unión por la Patria lo planteó con crudeza: “Cómo financiaron el gasto de la SIDE, lo hicieron con una resolución. Hace tres años que no hay presupuesto y el jefe de Gabinete se la pasó transfiriendo partidas y reasignando fondos”. Si hay plata para la SIDE, para la bicicleta financiera, para los amigos del poder, ¿cómo es que no hay plata para las universidades?
La respuesta es simple: porque es una decisión política. El superávit fiscal no es un dato económico objetivo, es el resultado de un recorte que el gobierno elige dónde aplicar. Y elige aplicarlo en los que menos pueden defenderse: los trabajadores de la educación, los estudiantes que necesitan becas, los científicos que investigan, los jubilados que no llegan a fin de mes.
El fallo judicial que el gobierno ignora
El martes 31 de marzo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que ordena al gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Los jueces fueron categóricos: los argumentos del gobierno son “vagos, ambiguos y contradictorios”. La ley no prevé aumentos sin financiamiento, sino una “mera actualización por inflación de partidas ya existentes”. El equilibrio fiscal, agregaron, “constituye una decisión política y no un valor de jerarquía constitucional”.
El fallo fue celebrado por las universidades. “Excelente noticia para toda la comunidad universitaria del país”, dijo Bartolacci . Yacobitti expresó “alivio” porque la decisión “es algo que veníamos esperando hace mucho tiempo”.
Pero la respuesta del gobierno fue la misma de siempre: apelar. “Vamos a ir hasta la Corte”, aseguraron desde Casa Rosada. El recurso extraordinario federal es una herramienta procesal excepcional, pero el gobierno la usará para seguir dilatando, para seguir incumpliendo, para seguir con la motosierra mientras la justicia y la ley le dicen que pare.
La ley, el Congreso, la justicia, la Constitución: nada parece importar. La única variable que el gobierno cuida es el superávit fiscal. Y mientras el superávit se celebra, la universidad pública se desangra.
Un país que se queda sin futuro
La universidad pública argentina no es un gasto. Es una inversión. Es la máquina que forma los médicos que salvan vidas, los ingenieros que construyen infraestructura, los científicos que investigan enfermedades, los abogados que defienden derechos, los docentes que educan a las futuras generaciones. Es el principal motor de movilidad social ascendente del país. Es, también, una de las instituciones más valoradas por la sociedad argentina.
Su desmantelamiento no es un ajuste. Es una política de Estado. Y quienes la impulsan no lo hacen por ignorancia: lo hacen por convicción. Porque creen que el mercado proveerá. Porque creen que la educación es un servicio, no un derecho. Porque creen que los que no pueden pagar no merecen estudiar.
Pero la historia no les dará la razón. La Argentina que se deshace de sus mejores científicos, que expulsa a sus docentes, que cierra sus laboratorios, que abandona la investigación, esa Argentina se está quedando sin futuro. Y mientras los jóvenes se van, las cátedras quedan vacías, las becas se congelan y los salarios se hunden, el gobierno sigue apostando a la timba financiera, a la especulación, a la bicicleta.
El vicerrector Yacobitti lo dijo en una entrevista reciente: “La educación está ausente en el debate público”. Y es cierto. Pero también es cierto que los docentes, los estudiantes, los rectores, están en las calles. Que hacen clases públicas. Que marchan. Que se organizan. Que no se resignan.
Porque la universidad pública argentina no es solo una institución. Es un orgullo nacional. Y hay millones de argentinos que no están dispuestos a dejarla morir.
