La comunidad educativa de las 64 universidades nacionales de Argentina comenzó abril con su tercera semana consecutiva de paro nacional, en el marco de un conflicto que no cesa desde el inicio del ciclo lectivo.
Docentes, no docentes y estudiantes realizaron “ruidazos” y clases públicas en todo el país, con un reclamo que ya no es solo salarial: es por la supervivencia de un sistema educativo que el gobierno de Javier Milei, según denuncian, está vaciando sistemáticamente. El detonante es la negativa del Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), sancionada por el Congreso en 2025, vetada por el Presidente, ratificada por el Parlamento y, finalmente, confirmada por la justicia en segunda instancia el 30 de marzo.
A pesar del fallo judicial, el gobierno no transfirió “ni un peso del presupuesto que la ley exige”, según denunció el director del CBC de la UBA, Felipe Vega Terra. Mientras tanto, los salarios docentes acumulan una pérdida real del 32% desde noviembre de 2023, y la caída del poder adquisitivo supera el 35% en algunos casos, llevando los sueldos a “mínimos históricos”.
La ley que el gobierno no cumple
El conflicto universitario no es nuevo, pero en 2026 alcanzó un punto de ebullición. En 2025, tras una serie de masivas marchas federales, el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), que establece la actualización del presupuesto de funcionamiento de las universidades y una recomposición salarial para docentes y no docentes equivalente al 54%.
La respuesta del presidente Javier Milei fue inmediata: vetó la ley. Pero la oposición, con una amplia mayoría en el Congreso, logró ratificarla en octubre de 2025, forzando al Ejecutivo a promulgar la norma. Sin embargo, el gobierno incluyó en el decreto de promulgación un artículo que condicionaba su aplicación a que el Congreso indicara de dónde saldrían los fondos, argumentando que no podía comprometer el equilibrio fiscal.
“Sería divertidísimo. Había un partido de izquierda que decía que todos cobremos dos millones de pesos”, ironizó en ese momento el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, justificando la decisión de no aplicar la ley hasta que se definieran las partidas presupuestarias. El gobierno nacional, en su exposición ante la Comisión de Presupuesto de Diputados, advirtió que “no podemos cumplir cosas de imposible cumplimiento” y aseguró que el incremento salarial “se financiará con el aumento de la actividad económica”.
La comunidad universitaria recurrió entonces a la justicia. En diciembre de 2025, un juez de primera instancia dictó una medida cautelar ordenando al gobierno aplicar la ley. El Ejecutivo apeló, pero el 30 de marzo de 2026, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo en segunda instancia, rechazando los argumentos del gobierno por considerarlos “vagos, ambiguos y contradictorios”.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán fueron categóricos: el argumento del gobierno sobre el impacto fiscal no se sostiene, ya que la ley “contempla una mera actualización por inflación de partidas ya existentes, las cuales se ven compensadas por el incremento automático de la recaudación tributaria derivado del mismo proceso inflacionario”. Además, señalaron que “el equilibrio fiscal constituye una decisión política y no un valor de jerarquía constitucional”.
Pero el gobierno, una vez más, ignoró el fallo. A pesar de la orden judicial, el Ejecutivo no transfirió los fondos. Como denunció Felipe Vega Terra, director del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, en una entrevista con Infobae: “Al día de hoy, todavía los docentes universitarios, los trabajadores universitarios y las universidades seguimos sin contar con el presupuesto que la ley indica que tenemos que tener”.
El estado de situación
Mientras el gobierno y la justicia dirimen el conflicto en los tribunales, la realidad en las aulas es cada vez más crítica. Los números que describen la situación de los trabajadores universitarios son lapidarios.
Según un informe de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), el salario real de los docentes universitarios se encuentra en un mínimo histórico: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 (mes previo a la asunción de Milei) y 2,7% por debajo de los niveles más bajos registrados en 2004. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) precisó que, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumularon “un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%”, lo que arroja una pérdida del 32%.
En términos concretos, esto significa que un docente con un cargo inicial de Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) percibe “una garantía de 260 mil pesos en mano por una dedicación simple”, según detalló Vega Terra. Un profesor con dedicación exclusiva puede alcanzar aproximadamente 1.350.000 pesos mensuales, “bastante por debajo de la línea de pobreza”. En el Nacional de Buenos Aires, por tres horas de trabajo semanales, un docente cobra “un sueldo de 146 mil pesos”.
El impacto de esta caída salarial es doble: afecta a los trabajadores que ya no pueden sostener su actividad, y también a la calidad educativa que reciben los estudiantes. Ricardo Mozzi, secretario general de la federación gremial de docentes de la UTN (Fagdut), advirtió que “está ocurriendo un éxodo de colegas docentes que no pueden tolerar más ver la heladera vacía”. Vega Terra agregó: “Tenemos muchos profesores, sobre todo estos profesores con dedicación exclusiva… Son personas con formaciones de posgrado, de doctorado, de posdoctorado… Es un recurso humano muy deseado por universidades privadas, por institutos de investigación, por el exterior”.
Las consecuencias ya son visibles en las instituciones. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), “hay concursos a los que no se presenta nadie, están quedando cátedras vacantes porque hay docentes que por ese salario no están dispuestos a trabajar”. En la UTN de Rosario, más de 30 docentes dejaron de enseñar en los últimos meses. La directiva de Coad lo resumió con una frase que condensa el drama: “Este es un problema no solo individual, de compañeros y compañeras que no llegan a fin de mes… sino también es un problema para toda la sociedad argentina, porque habla de que durante años estuvimos formando docentes, estuvimos formando recursos humanos para que se desempeñen en nuestras universidades nacionales y hoy esas personas no están y dejan vacantes áreas estratégicas”.
Las medidas de fuerza
El malestar de la comunidad universitaria se tradujo en un plan de lucha que lleva tres semanas consecutivas. El lunes 30 de marzo comenzó la tercera semana de paro nacional, impulsado por las federaciones docentes Conadu y Conadu Histórica, que nuclean a los gremios de todo el país.
La medida de fuerza incluye un cese de actividades de 72 horas (de lunes a miércoles), aunque el paro se extiende por toda la semana en algunas universidades debido a los feriados de jueves y viernes. En la Universidad Nacional de Luján (UNLu), docentes y no docentes realizarán una semana completa de paro hasta el 4 de abril “en defensa de la universidad pública y por salarios dignos”. En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Asociación de Docentes (ADULP) también resolvió profundizar las medidas de fuerza durante toda la semana.
Las acciones de visibilización incluyeron “ruidazos” en las puertas de las facultades, con cortes intermitentes de calles en ciudades como Rosario, donde docentes de Coad y estudiantes del Superior de Comercio se manifestaron frente al histórico edificio de Mendoza y Balcarce. “La sociedad acompaña, el que no acompaña es el Gobierno”, afirmó Luz Prados, secretaria adjunta de Coad, en referencia a los bocinazos de apoyo de los automovilistas que pasaban por el lugar.
Una de las acciones más simbólicas fue la clase pública frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito. Docentes y estudiantes de la AGD-UBA y el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras eligieron ese lugar para visibilizar la desigualdad: mientras los funcionarios nacionales registraron aumentos en sus ingresos o patrimonio, los docentes universitarios vieron sus salarios destruidos por la inflación.
La hoja de ruta del conflicto incluye una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, prevista para el 23 de abril. Si el gobierno no envía los recursos, los sindicatos tienen previsto instalar carpas en distintos puntos del país para visibilizar sus reclamos.
El discurso del gobierno
Mientras los docentes ocupan las calles y la justicia le exige cumplir la ley, el gobierno nacional mantiene su postura de no ceder. La narrativa oficial se sostiene en dos pilares: el equilibrio fiscal y la denuncia de “persecución política” en los claustros universitarios.
En la exposición del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto de Diputados, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, definió la política educativa actual como “una visión articulada al servicio de las personas y de la sociedad” y apuntó contra las gestiones anteriores: “Mientras se desarrollaba una fuerte retórica del Estado presente, el Estado fue engordado pero vaciado de capacidades profesionales y tomado por grupos corporativos ideológicos que no representan el sentido popular” .
El subsecretario Alejandro Álvarez fue más allá al anticipar una “postura muy fuerte para evitar persecución política en los claustros”: “Sean amigos de la izquierda, del peronismo o del radicalismo, si una autoridad ejerce presión sobre estudiantes, nosotros vamos a resolver el problema”. Esta advertencia se enmarca en la decisión del gobierno de intervenir en el funcionamiento interno de las universidades, que la comunidad académica rechaza como una intromisión inaceptable.
En materia presupuestaria, el gobierno argumenta que el presupuesto para 2026 será de $4,8 billones, un aumento del 14% respecto al ejecutado en 2025, y que “no se cerró ninguna universidad ni hay éxodo docente”. Esta última afirmación, sin embargo, es desmentida por los propios datos que surgen de las universidades, donde las renuncias y las cátedras vacantes son cada vez más frecuentes.
Desde la oposición, el diputado Leandro Santoro (Unión por la Patria) cuestionó la coherencia del argumento oficial: “Cómo financiaron el gasto de la SIDE, lo hicieron con una resolución. Hace tres años que no hay presupuesto y el jefe de Gabinete se la pasó transfiriendo partidas y reasignando fondos. Es mentira que las universidades están contentas”.
El impacto económico y social
La crisis universitaria no es un fenómeno aislado. Es la expresión más visible de una política de desinversión en educación pública que el gobierno de Javier Milei ha llevado adelante desde su asunción. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, desde noviembre de 2023 hasta hoy, las universidades nacionales han sufrido “una caída real acumulada del 45,6%” de sus fondos para funcionamiento.
Esa caída se traduce en consecuencias concretas: becas estudiantiles congeladas en torno a los $35.000, laboratorios sin insumos, bibliotecas que no pueden adquirir libros, investigaciones que se detienen, y la progresiva deserción de los mejores profesionales que, al no poder vivir de su vocación, emigran al sector privado o al exterior.
El impacto económico de esta desinversión es de largo plazo. Como advirtió la secretaria adjunta de Coad, Luz Prados, “habla de que durante años estuvimos formando docentes, estuvimos formando recursos humanos para que se desempeñen en nuestras universidades nacionales y hoy esas personas no están y dejan vacantes áreas estratégicas”. En otras palabras, el país está perdiendo el capital humano que necesita para su desarrollo.
El impacto social es aún más profundo. La universidad pública, gratuita y con ingreso irrestricto es una de las instituciones más valoradas por la sociedad argentina. Alberga a 2,1 millones de alumnos, cerca de 159.000 docentes y 60.000 empleados no docentes. Es, además, el principal motor de movilidad social ascendente del país. Su debilitamiento no solo afecta a quienes trabajan y estudian en ella, sino que erosiona un pilar fundamental de la democracia argentina.
