Para el mes de febrero de 2026 el Gobierno nacional oficializó un aumento parcial de los impuestos sobre los combustibles, que se traslada gradualmente a los precios de venta al público
Montos de la actualización del impuesto
A través del Decreto 74/2026 (firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo) se estableció lo siguiente para los hechos imponibles del 1° al 28 de febrero de 2026:
- Naftas
- Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL): $16,773 por litro
- Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC): $1,027 por litro
- Gasoil
- ICL general: $14,372 por litro
- ICL diferencial (zonas como Patagonia, Malargüe, Patagones): $7,782 por litro
- IDC: $1,638 por litro
Este cambio no representa una suba directa del precio de surtidor “de pico a pico”, sino la actualización del tributo que luego trasladan las petroleras, lo que en términos generales se traduce en un encarecimiento estimado de ~1 % en el precio final que paga el usuario promedio en estaciones de servicio.
¿Por qué aumentaron los combustibles?
El Gobierno explicó que la actualización forma parte de un esquema trimestral automático del impuesto a los combustibles, que se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC. Según la normativa vigente, los montos fijos que componen estos impuestos deben ajustarse periódicamente para mantener su valor real frente a la inflación.
Sin embargo, el aumento completo se fue postergando mes a mes durante 2024 y 2025 para evitar un golpe fuerte en los precios, y finalmente parte de esa actualización pendiente se activó de forma parcial en febrero de 2026.
Desde el Ejecutivo se defendió la medida con estos ejes:
- Sostenibilidad fiscal: El Gobierno argumenta que la actualización gradual de tributos es necesaria para sostener un “sendero fiscal sostenible” que no sacrifique otras políticas económicas.
- Mitigación del impacto inflacionario: El decreto postergó parte de los aumentos remanentes y los aplicó de manera escalonada para no generar un salto brusco de precios que afecte la inflación general.
- Coherencia técnica: Desde la administración sostienen que los ajustes obedecen a una fórmula automática prevista en la legislación vigente y que su implementación gradual busca dar previsibilidad a mercados y a consumidores por igual.
Este tipo de comunicación está alineada con la estrategia de política económica de la gestión actual, que enfatiza reglas claras de ajuste, reducción de subsidios y menor discrecionalidad en variables como los combustibles o energía.
Críticas
Aunque las fuentes oficiales destacan la gradualidad, sectores críticos y opositores han manifestado objeciones importantes:
- Impacto en el bolsillo popular: Sectores de oposición y referentes sociales advierten que, aunque el aumento sea “parcial” o impositivo, termina trasladándose al valor final del litro y aumenta los costos para transportistas, sectores productivos y consumidores generales.
- Timing en contexto de inflación general: Diversos economistas cercanos al pensamiento opositor sostienen que aplicar aumentos impositivos en un contexto donde la inflación aún tiene niveles estructurales altos puede “seguir presionando los precios” al consumidor final, contrariamente a lo que sostiene el Gobierno. Este argumento circula en declaraciones públicas de dirigentes sindicales y políticos críticos difundidas en medios.
- Doble lectura sobre la gradualidad: Algunos sectores afirman que las postergaciones continuas de aumentos generan incertidumbre y “trampas” para los consumidores, ya que los aumentos se acumulan y luego se aplican concentrados en pocos meses (como marzo), con impacto mayor en el bolsillo.
