El Perú se encuentra nuevamente inmerso en una intensa turbulencia política. Este 11 de enero el Congreso de la República logró reunir las 78 firmas necesarias —el equivalente a tres quintas partes del pleno— para solicitar la convocatoria de una sesión extraordinaria destinada a debatir la moción de censura y posible vacancia contra el presidente interino José Jerí, quien asumió el cargo el pasado octubre tras la destitución de Dina Boluarte.
La acción ocurre en medio de un clima de profunda desconfianza ciudadana, acusaciones de irregularidades y un persistente cuestionamiento sobre la legitimidad de la autoridad presidencial en un contexto marcado por continuos cambios de mandatarios en las últimas décadas.
Acusaciones y reproches
La moción para destituir a Jerí se apoya en presuntas reuniones no registradas con empresarios chinos y cuestionamientos sobre contrataciones controvertidas dentro de su entorno gubernamental, que opositores califican como muestra de “incapacidad moral permanente”.
Particularmente el caso que desató un escandalo, fue el “chifagate”, se filtraron videos de cámaras de seguridad que muestran a Jerí entrando de forma clandestina (usando una capucha y fuera de horario) a un restaurante de comida china (chifa) en San Borja y a un supermercado en el centro de Lima.
Se reunió con el empresario chino Zhihua Yang (conocido como “Johnny”) sin registrar los encuentros en la agenda oficial, lo cual es ilegal para un presidente.
Se investiga si hubo tráfico de influencias o patrocinio ilegal, ya que empresas vinculadas a este entorno habrían obtenido contratos con el Estado, como una licitación para instalar cámaras en transporte público sin concurso previo.
Jerí primero dijo que fue a comprar caramelos y a coordinar una fiesta cultural. Sin embargo, recientemente otros empresarios presentes lo han desmentido ante el Congreso, asegurando que las reuniones tenían otros fines. Ante la presión de los videos, el presidente terminó pidiendo disculpas por las formas, admitiendo que las reuniones sí ocurrieron pero negando cualquier negocio turbio. La Fiscalía ya le abrió una investigación preliminar.
Estos señalamientos forman parte de una narrativa política más amplia, en la que muchos sectores ven la presidencia de Jerí como un eslabón más de una serie de gobiernos que han carecido de estabilidad política. Según expertos, de prosperar la vacancia, Perú podría tener su octavo presidente en 15 años, una cifra que ilustra la volatilidad del sistema político peruano reciente.
La maniobra en el Parlamento
Con las firmas recolectadas, la Mesa Directiva del Congreso, liderada por Fernando Rospigliosi, tiene ahora hasta 15 días para convocar el pleno extraordinario que abordará la moción. La Constitución permite este mecanismo incluso durante el receso parlamentario, pero su formalización depende de la entrega y validación de las rúbricas.
No obstante, fuentes parlamentarias han señalado discrepancias en la validez de algunas firmas, lo que podría retrasar o complicar el procedimiento formal para convocar la sesión plenaria. Algunos legisladores han señalado que iniciativas similares demoraron semanas hasta corregir errores de procedimiento o cumplir requisitos reglamentarios.
Vacancia vs. censura
Uno de los elementos más delicados de esta crisis es la distinción técnica entre censura y vacancia. La censura, entendida como desaprobación general del funcionario, suele aplicarse a ministros o presidentes del Congreso. En cambio, la vacancia presidencial, que es el objetivo de esta iniciativa, se basa en causas más graves como la incapacidad moral permanente contemplada en la Constitución.
La diferencia importa: la vacancia requiere una votación más amplia y formal en el pleno, lo que exige un consenso más fuerte dentro del Legislativo y añade un componente de complejidad jurídica y política al proceso.
Un país con poca paciencia
La percepción de inestabilidad política, alimentada por continuos cambios de gobierno, ha calado hondo en la sociedad peruana. El historial reciente incluye la destitución de Pedro Castillo y la posterior salida de Dina Boluarte, así como el ascenso de Jerí desde la presidencia del Congreso hacia el Ejecutivo. Este patrón ha generado un ambiente de constante incertidumbre institucional y volatilidad social.
Este ciclo de crisis refleja problemas estructurales en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, una fragmentación política profunda y un sistema de partidos que dificulta la gobernabilidad. En este contexto, la nueva moción contra Jerí no solo es un pulso entre poderes del Estado, sino una expresión de malestar político acumulado.
Con las firmas ya reunidas, el país espera la convocatoria formal por parte de la Mesa Directiva del Congreso. La oposición ha presionado públicamente para que el pleno se celebre antes del reinicio oficial de sesiones ordinarias en marzo, buscando evitar la dilución del debate dentro de la agenda legislativa regular.
Si la moción supera el umbral requerido en el pleno, Jerí dejaría la presidencia antes del final de su mandato transitorio, activándose el mecanismo constitucional de sucesión presidencial. En ese escenario, figuras como María del Carmen Alva o José María Balcázar aparecen entre los potenciales candidatos de transición, aunque la dinámica política aún es incierta. Aunque, las próximas elecciones son en abril.
Lo que está en juego va más allá del destino de un mandatario interino: es la credibilidad del sistema político peruano y la capacidad de sus instituciones para gestionar conflictos sin desbordes institucionales.
