El vicepresidente Edmand Lara Montaño rechazó con dureza el Decreto Supremo 5552, firmado el 20 de febrero de 2026 por el presidente Rodrigo Paz Pereira, al que calificó como un retroceso institucional que debilita la democracia y altera el equilibrio interno del Poder Ejecutivo.
A través de declaraciones públicas y mensajes difundidos en redes sociales, Lara sostuvo que la norma representa “un duro golpe a la democracia” y denunció que su contenido implica una reducción sustancial de las capacidades operativas de la Vicepresidencia.
Qué objeta el vicepresidente
Según la posición oficial expresada por Lara, el decreto introduce cambios estructurales que afectan el rol político y administrativo del cargo:
- Reduce funciones, presupuesto y estructura operativa de la Vicepresidencia.
- Coloca áreas técnicas y administrativas bajo dependencia del Ministerio de la Presidencia.
- Debilita (según su interpretación) un cargo electivo al subordinarlo funcionalmente dentro del propio Ejecutivo.
- Fue aprobado sin consulta previa, en un proceso que el vicepresidente describió como realizado “entre gallos de medianoche”.
El vicepresidente advirtió además que el rediseño institucional podría generar un precedente que afecte la autonomía de otros órganos del Estado, incluyendo la Asamblea Legislativa, el Órgano Electoral y el sistema judicial.
En el plano político, Lara vinculó la decisión con tensiones internas dentro del gobierno y con su denuncia previa contra autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por presuntas irregularidades, sugiriendo que el decreto tendría un trasfondo de disputa de poder.
En ese contexto, convocó a la ciudadanía a mantenerse “en estado de alerta” frente a lo que considera un proceso de concentración institucional.
Qué establece el Decreto Supremo 5552
De acuerdo con la normativa oficial publicada por el Ejecutivo, la medida forma parte de una reorganización administrativa orientada a racionalizar el funcionamiento del Estado. Entre sus principales disposiciones:
- Transferencia de unidades técnicas y administrativas de la Vicepresidencia al Ministerio de la Presidencia.
- Reasignación de personal y recursos presupuestarios.
- Concentración de funciones administrativas en la estructura central del Ejecutivo.
- Redefinición del rol vicepresidencial hacia funciones de asesoramiento institucional y articulación legislativa.
El Gobierno sostiene que la reforma busca eliminar duplicidades, optimizar recursos públicos y mejorar la coordinación administrativa.
Una relación política en tensión
El conflicto por el decreto se inscribe en una relación previamente deteriorada entre el presidente y su vicepresidente. Desde el inicio de la gestión, Lara había manifestado diferencias respecto de la toma de decisiones estratégicas, nombramientos y orientación política del Ejecutivo.
El nuevo episodio profundiza esas divergencias y expone fracturas dentro del oficialismo, abriendo interrogantes sobre la cohesión gubernamental en un momento de reformas estructurales.
Especialistas en derecho constitucional consultados por medios locales coinciden en que el decreto no elimina atribuciones formales del cargo, pero advierten que puede generar fricciones institucionales si no existe un acuerdo político que ordene el funcionamiento interno del Ejecutivo.
Impacto político
El enfrentamiento público entre presidente y vicepresidente reconfigura el escenario político boliviano en tres dimensiones principales:
- Debilitamiento de la estabilidad institucional
La disputa introduce incertidumbre sobre el equilibrio de poder dentro del Ejecutivo y proyecta señales de fragmentación política.
- Visibilización de divisiones internas
El conflicto deja expuestas tensiones dentro del oficialismo y podría trasladarse al ámbito legislativo.
- Riesgo de parálisis política
La disputa por atribuciones administrativas se transforma en un debate sobre gobernabilidad, con impacto potencial en la agenda de reformas del Gobierno.
En un contexto de cambios administrativos y económicos de alto impacto, el Decreto Supremo 5552 no solo redefine funciones estatales: también reabre la discusión sobre el equilibrio de poder y la estabilidad política en Bolivia.
