Dictadura y economía: la verdad que el Gobierno omite

El gobierno de Javier Milei insiste con la “memoria completa” que equipara la violencia estatal con la guerrilla, presentándose como el único dispuesto a contar “toda la verdad”. Pero si de verdad se trata, entonces hablemos de lo que la dictadura hizo con la industria nacional, con el salario de los trabajadores, con la deuda pública y con la estructura económica del país. Hablemos de cómo el terrorismo de Estado fue la condición de posibilidad para un programa económico que concentró la riqueza, destruyó el tejido productivo y sentó las bases del modelo que, décadas después, seguimos padeciendo. Porque la verdad que no se dice es la que más pesa.

El 24 de marzo de 2026, cientos de miles de personas volvieron a colmar la Plaza de Mayo. A 50 años del golpe cívico-militar más sangriento de la historia argentina, la consigna de los organismos de derechos humanos fue clara: “Son 30 mil y fue genocidio”, arengaron los organizadores en respuesta a quienes relativizan la cifra de desaparecidos. “No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”, señalaron desde el escenario central.

La respuesta del Gobierno nacional fue, una vez más, la ausencia. El presidente Javier Milei pasó la jornada en Olivos, respondiendo críticas en redes sociales mientras ponderaba a Raúl Alfonsín por sobre Néstor Kirchner. Pero la ausencia física no implicó inactividad discursiva. Horas antes, la Casa Rosada había publicado un video de 75 minutos titulado “Las víctimas que quisieron esconder”, donde acusa al kirchnerismo de haber impuesto “una visión sesgada y revanchista” de la historia y reclama una “memoria completa” que ponga en pie de igualdad el terrorismo de Estado con la violencia guerrillera.

La estrategia oficial tiene un nombre preciso: reinstalación de la “teoría de los dos demonios”, aquella que durante los años ochenta sirvió para limitar los juicios a los responsables de la dictadura. El gobierno de Milei la ha convertido en política de Estado. Pero esta versión oficial de la “verdad completa” omite sistemáticamente una dimensión central del terrorismo de Estado: su carácter de condición necesaria para la implementación de un programa económico que cambió para siempre la estructura productiva del país.

Si vamos a hablar de verdad, hablemos con datos. El último golpe militar no fue solo un quiebre institucional. Fue, en los términos de la historiografía económica, “la transformación de una estructura productiva centrada en la industrialización sustitutiva en otra regida por la égida del capital financiero, donde primaron las aperturas comerciales y financieras y las desregulaciones de la actividad económica”.

El ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, definió su programa como de “liberalización, apertura y modernización de la economía”. En los hechos, se trató de un proceso de desindustrialización brutal que tuvo consecuencias que aún hoy condicionan la economía argentina.

Las medidas fueron sistemáticas y respondían a una lógica precisa:

• Ley de Entidades Financieras (1977): desreguló el sistema bancario, incentivó la especulación financiera y transfirió recursos desde el sector industrial hacia el sector financiero.
• Apertura comercial irrestricta: se redujeron los aranceles aduaneros que protegían la producción local, inundando el mercado de productos importados y destruyendo miles de empresas nacionales.
• Reforma financiera y endeudamiento externo: la deuda externa pasó de 9.700 millones de dólares en 1976 a 45.100 millones en 1983. Gran parte de esa deuda, contraída por empresas privadas, fue luego asumida por el Estado, en una de las transferencias de recursos más escandalosas de la historia económica argentina.
• Privatización de empresas estatales: se entregaron a manos privadas 120 de las 433 empresas que existían entonces.

El resultado fue devastador para los sectores populares. El salario real cayó un 40%. La participación de los trabajadores en el ingreso nacional se redujo al 30%. La desocupación trepó al 9% y la mortalidad infantil superó el 30% en algunas zonas del Gran Buenos Aires.

Rodolfo Walsh, en su célebre Carta Abierta a la Junta Militar del 25 de marzo de 1977, fue implacable: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

La “memoria completa” que pregona el Gobierno omite también el rol de los sectores civiles que apoyaron y se beneficiaron de la dictadura. Como señala el historiador Ezequiel Adamovsky, la dictadura fue “cívico-militar” precisamente porque “neoliberales fuertemente ligados a los intereses de los sectores exportadores y financieros tomaron las riendas de la economía”.

Entre esos sectores, el Grupo Clarín ocupó un lugar central. Durante la dictadura, el diario fundado por Roberto Noble se convirtió en un actor clave del poder económico, beneficiándose de la intervención estatal en medios de comunicación y consolidando un monopolio que décadas después seguiría siendo objeto de debate. Pero el caso de Clarín no fue una excepción. Numerosas empresas aprovecharon el contexto represivo para disciplinar a sus trabajadores, reducir costos laborales y posicionarse en el nuevo escenario económico.

Otro de los grandes negocios de la dictadura fue la transferencia de deuda privada al Estado. Empresas del sector financiero e industrial tomaron deuda en el exterior a tasas elevadas. Cuando sobrevino la crisis de la deuda en 1982, el Estado argentino asumió esas obligaciones como propias, socializando las pérdidas y privatizando las ganancias. Esa fue la génesis de la deuda externa que durante décadas condicionaría la soberanía económica del país.

La pregunta que la “memoria completa” del oficialismo no se hace es por qué las políticas económicas de la dictadura no fueron completamente revertidas con el retorno de la democracia. La respuesta es compleja, pero tiene un punto de partida claro: el programa neoliberal iniciado por Martínez de Hoz sentó las bases de un modelo de acumulación que, con vaivenes, atravesó los gobiernos democráticos.

La Ley de Entidades Financieras, por ejemplo, se mantuvo vigente hasta la crisis de 2001. La apertura comercial y la valorización financiera se profundizaron durante el gobierno de Carlos Menem en los años noventa. Y la concentración económica en grandes grupos empresarios (muchos de los cuales nacieron o crecieron al amparo de la dictadura) sigue siendo un rasgo estructural de la economía argentina.

En ese sentido, la dictadura no fue un paréntesis en la historia económica argentina. Fue el momento de imposición forzada de un modelo que luego se consolidó por otras vías. Y el terrorismo de Estado fue, como sostiene Adamovsky, la condición que “despejó el camino” para que ese modelo pudiera aplicarse sin resistencia social.

El gobierno de Javier Milei se presenta como el único dispuesto a contar “toda la verdad”. Pero su verdad es selectiva. Habla de los excesos de la guerrilla, pero no dice que el 70% de las víctimas de la dictadura no tenía ninguna militancia armada. Habla de las víctimas olvidadas por el kirchnerismo, pero no dice que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se condenó a 1.231 represores, mientras que su propio gobierno estudia un indulto para muchos de los condenados.

Y, sobre todo, no habla de la economía. No dice que la dictadura fue el parto violento del modelo neoliberal en Argentina. La deuda que hoy seguimos pagando se multiplicó por cinco entre 1976 y 1983. No dice que el salario real cayó un 40% mientras los grandes grupos empresarios se beneficiaban de la especulación financiera y la apertura importadora.

Esa es la verdad que falta. La verdad sobre la complicidad civil, sobre la transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia el capital concentrado. La verdad sobre las bases económicas del terrorismo de Estado.

La Plaza de Mayo, una vez más, dijo presente. Lo hizo con pañuelos blancos, con fotos de desaparecidos, con la exigencia de que los represores digan dónde están los cuerpos de las víctimas. Y también con consignas que vinculaban el negacionismo de Milei con su política económica: “Milei basura, vos sos la dictadura”.

Porque la memoria no es solo recordar los nombres de las víctimas. Es también entender el proyecto de país que la dictadura quiso imponer a sangre y fuego. Es recordar que la represión no fue un fin en sí mismo, sino el método para disciplinar a la sociedad y allanar el camino a un modelo económico que concentró la riqueza, destruyó la industria nacional y endeudó al país por generaciones.

El gobierno habla de “memoria completa”. Pero su memoria es la que olvida la complicidad de los sectores económicos que financiaron y apoyaron la dictadura. Es la que omite que la deuda externa que hoy condiciona la soberanía argentina se gestó en aquellos años. Es la que calla que los monopolios mediáticos que hoy sostienen al oficialismo se consolidaron al amparo del terrorismo de Estado.

Si de verdad se trata, digamos toda la verdad. Porque la que no se dice es la que más pesa.