El Ministerio de Economía informó que el conjunto de empresas estatales alcanzó en 2025 un superávit financiero de $903.000 millones, el segundo año consecutivo con resultado positivo. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei mantiene firme su plan de privatizar más de una decena de compañías, entre ellas AySA, Intercargo, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica y Corredores Viales, con el objetivo de obtener divisas para fortalecer las reservas y cumplir con los vencimientos de deuda por más de USD 8.000 millones que enfrenta el Tesoro en 2026. Mientras el oficialismo defiende la medida como parte de una “reducción del Estado” y una “señal a los mercados”, la oposición advierte que se trata de “una liquidación de activos estratégicos” que pone en riesgo la provisión de servicios esenciales y la soberanía energética y logística del país.
Empresas con superávit que el Gobierno quiere vender
El Ministerio de Economía publicó los resultados financieros de las empresas públicas correspondientes a 2025, y los números revelan una paradoja que atraviesa el centro del debate político. El conjunto de compañías estatales bajo análisis para privatización cerró el año pasado con un superávit financiero de $903.000 millones, el segundo año consecutivo con resultado positivo.
Sin embargo, ese excedente mostró una caída del 19,1% frente a 2024, cuando el superávit había alcanzado los $1,1 billones. El informe del Palacio de Hacienda incluyó una treintena de empresas, con foco en aquellas que el Gobierno ya incluyó o evalúa incluir en su plan de privatizaciones, entre ellas Enarsa, AySA, Belgrano Cargas, Intercargo, Corredores Viales y Nucleoeléctrica.
Las empresas con superávit financiero en 2025
| Empresa | Superávit (en millones de pesos) |
| Enarsa | $324.000 |
| AySA | $237.000 (operativo) |
| Nucleoeléctrica Argentina | $90.300 |
| Corredores Viales | $39.600 |
| Intercargo | $30.000 |
Fuente: Ministerio de Economía
El dato más relevante es que, pese a estos resultados positivos, el Ejecutivo ya inició procesos formales de enajenación para varias de las empresas que registraron superávit: Intercargo, Corredores Viales y Nucleoeléctrica. En el caso de AySA, el gobierno ya avanzó en el proceso de privatización, aunque aún requiere una ley para concretarlo.
Vender para pagar deuda y fortalecer reservas
La estrategia del gobierno nacional tiene un objetivo explícito: obtener divisas para fortalecer las reservas del Banco Central y cumplir con los vencimientos de deuda. Según estimaciones oficiales recabadas por Infobae, el Estado Nacional debe pagar USD 5.145 millones a los organismos multilaterales (sin contar al FMI) en el consolidado de 2026, mientras que al Fondo Monetario debe USD 4.249 millones. El neto que debe poner el Estado Nacional es de USD 3.588 millones.
El presidente Javier Milei fue explícito al respecto. En una publicación desde su cuenta de X, confirmó a los inversores que se pagarán los intereses de la deuda “con liquidación de activos del Estado”. El Gobierno ya inició el año con la venta de las centrales hidroeléctricas del Comahue (Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados), que aportaron USD 700 millones al Tesoro.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado esta estrategia a fines de 2025: “Se pueden acumular reservas de diferentes formas. Puede ser porque entran inversiones, porque hay financiamiento de compañías o de otras provincias. También está la opción, que no se habla, pero que nosotros estamos trabajando: va a haber venta de activo por miles de millones de dólares”.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), a cargo de Diego Chaher, lidera el proceso. Según Infobae, las privatizaciones que pueden tener resultados concretos en los próximos meses son AySA, Belgrano Cargas y Logística, Intercargo y Transener.
Las empresas en la mira
El universo de empresas que el Gobierno busca privatizar es amplio y abarca sectores estratégicos. Según el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, todas las sociedades o empresas con participación estatal debieron transformarse en Sociedades Anónimas (SAU), quedando sujetas a la Ley General de Sociedades y en igualdad de condiciones con las empresas privadas.
Las principales empresas en proceso de privatización o concesión
| Empresa | Sector | Estado del proceso |
| AySA | Agua y saneamiento | Privatización en curso; se prevé vender hasta 90% del capital estatal |
| Intercargo | Servicios aeroportuarios | Venta del 100%; interés del grupo francés Alyzia |
| Belgrano Cargas | Transporte ferroviario de carga | Licitación por líneas y talleres; modelo de acceso abierto |
| Corredores Viales | Rutas nacionales | Concesiones por peaje; primera etapa adjudicada |
| Nucleoeléctrica | Energía nuclear | Privatización parcial: Estado conserva 51% |
| Enarsa | Energía | Venta de unidades de negocio y participación en Transener |
| Transener | Transporte eléctrico | Venta de participación estatal (26,32%) |
| Hidrovía Paraná-Paraguay | Logística fluvial | Concesión por 30 años con obras por peaje |
| YCRT | Minería del carbón | Convertida en SA; se evalúa privatización parcial |
El discurso oficial: “reducir el Estado” y “dar señales a los mercados”
El gobierno nacional sostiene que el plan de privatizaciones forma parte de una estrategia más amplia de reducción del tamaño del Estado y de redefinición de su rol en la economía. En la presentación de los resultados fiscales de 2025, el ministro Luis Caputo celebró el superávit fiscal por segundo año consecutivo y destacó que “el ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico”.
Desde la Casa Rosada argumentan que el proceso apunta a “reducir el déficit, mejorar la eficiencia operativa y enviar una señal clara a los mercados sobre el rumbo económico, en un contexto en el que la acumulación de reservas sigue siendo uno de los principales desafíos”.
La transformación de todas las empresas estatales en sociedades anónimas fue presentada como un paso necesario para “ponerlas en igualdad de condiciones con el sector privado” y “eliminar las prerrogativas públicas”. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha sostenido en diversas ocasiones que “el Estado no debe ser empresario” y que las empresas públicas “han sido históricamente un agujero fiscal”.
El presidente Milei, por su parte, ha vinculado la venta de activos con su política de “déficit cero” y ha advertido que el Estado no debe sostener empresas que “no cumplen una función estratégica”.
“liquidación de activos estratégicos”
La oposición política y los sindicatos han rechazado con dureza el plan de privatizaciones. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha sido uno de los críticos más explícitos. En declaraciones periodísticas, señaló que “el gobierno de Milei está liquidando el patrimonio nacional para pagar deuda” y que “las empresas públicas que hoy tienen superávit son las mismas que quieren regalar al sector privado”.
El diputado nacional y exministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió en redes sociales que “privatizar empresas rentables no es reducir el Estado, es enriquecer a privados con activos que generan recursos para las cuentas públicas”.
La CTA Autónoma y la CGT emitieron comunicados en rechazo al plan. En un documento publicado en febrero, señalaron que “la venta de AySA, Belgrano Cargas y Nucleoeléctrica pone en riesgo la provisión de servicios esenciales y la soberanía energética y logística del país”.
Los sindicatos del sector también han manifestado su preocupación. El Sindicato de Trabajadores de Agua y Saneamiento (SUTAYSA) advirtió que “la privatización de AySA implicará aumentos de tarifas que los vecinos no podrán pagar”. En el caso de Belgrano Cargas, el sindicato ferroviario denunció que “la concesión por líneas fragmentará el sistema y beneficiará a los grandes agroexportadores en detrimento de las economías regionales”.
El impacto económico
El debate sobre las privatizaciones en Argentina tiene una larga historia. Como señala un informe del CIPPEC, en los años 90 un total de 67 empresas públicas (entre ellas YPF, Ferrocarriles Argentinos, Gas del Estado y Aerolíneas Argentinas) fueron privatizadas, lo que “disminuyó la participación del Estado en la economía y renunció a la gestión de recursos y a actividades productivas muy estratégicas”.
Entre 2003 y 2015, se produjo un giro hacia una matriz “estadocéntrica”, con la incorporación de 13 empresas, de las cuales 6 fueron creadas y 7 fueron re-estatizadas . Este período incluyó la recuperación de YPF, Aerolíneas Argentinas, el Correo, AySA y la creación de Enarsa, entre otras.
El actual gobierno propone revertir ese proceso. Los argumentos económicos esgrimidos son:
A favor de las privatizaciones:
- Fortalecimiento de reservas: la venta de activos permite obtener divisas para pagar deuda sin recurrir al endeudamiento adicional.
- Reducción del gasto público: las transferencias del Tesoro a empresas públicas cayeron un 19% en 2025, de $3,6 billones a $2,9 billones.
- Eficiencia operativa: el sector privado, se argumenta, gestionaría mejor los servicios que el Estado.
En contra de las privatizaciones:
- Pérdida de activos rentables: empresas como Intercargo, Corredores Viales y Nucleoeléctrica registran superávit y podrían seguir generando recursos para el Estado.
- Aumento de tarifas: la experiencia de las privatizaciones de los 90 mostró incrementos significativos en los servicios públicos.
- Concentración económica: la venta de empresas estratégicas tiende a beneficiar a grandes grupos económicos, profundizando la heterogeneidad estructural.
El impacto social
Uno de los efectos más sensibles de las privatizaciones es el impacto sobre el empleo público. Según el informe del CIPPEC, durante el período de privatizaciones de los 90, la dotación de personal en las empresas públicas se redujo drásticamente. El caso de YPF es paradigmático: la empresa estatal tenía 50.000 agentes; tras la privatización, se redujo a 5.000 personas.
En el proceso actual, ya se registra una reducción de unos 6.000 empleados en empresas públicas, con mayor impacto en compañías alcanzadas por el proceso de reforma. Los sindicatos advierten que la venta de AySA, Belgrano Cargas y Nucleoeléctrica podría profundizar esta tendencia.
El impacto social también se mide en términos de acceso a servicios públicos. En el caso de AySA, el gobierno reconoció que aún se deben “llevar a cabo tareas para que sea atractiva para el sector privado, lo que apunta al precio de la tarifa y al recorte de subsidios económicos a los usuarios” . Ante la consulta sobre cuánto falta ajustar la tarifa para que los usuarios paguen todo el costo del servicio, fuentes de AySA no pudieron dar una respuesta; solo apelaron a que “todos los meses hay un ajuste del 1 por ciento”.
