El primer bimestre de 2026 dejó un saldo lapidario para las finanzas provinciales: una caída real de los fondos coparticipables del 7,6% en enero y del 9,7% en febrero, lo que significó una pérdida acumulada de $964.619 millones en términos reales. El desplome se originó en la baja de la actividad económica que afectó la recaudación del IVA y en las modificaciones en la percepción aduanera del impuesto impulsadas por el gobierno nacional. Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, asegura que la recuperación llegará con la reactivación económica y la reforma laboral, los gobernadores, advierten que los números no cierran y que la conflictividad social ya se manifiesta en paros docentes en al menos 15 provincias y en una ola de protestas que cruzó el 24 de marzo.
$965.000 millones menos en dos meses
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) aún no publicó el dato de actividad económica de febrero, pero los números de la recaudación ya están disponibles y son lapidarios. Según un informe del diputado Guillermo Michel, las provincias perdieron $964.619 millones en términos reales durante el primer bimestre de 2026 como consecuencia de la caída de los fondos coparticipables.
El detalle por mes es elocuente:
| Meses | Caída real interanual de coparticipación |
| Enero | 7,6% |
| Febrero | 9,7% |
En términos absolutos, la masa coparticipable totalizó en febrero $5,44 billones, lo que representó una contracción real interanual del 7,5% en los ingresos de las provincias. En comparación con enero, el retroceso fue aún mayor: 9,5%.
La Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, fue la más afectada en términos absolutos, con una pérdida de $204.499 millones en el bimestre. Le siguieron Santa Fe ($82.957 millones), Córdoba ($81.028 millones), Entre Ríos ($45.337 millones) y Tucumán ($44.372 millones).
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) precisó que, en el acumulado de los primeros dos meses, nueve de los diez principales impuestos registraron caídas reales. Los tributos que más retrocedieron fueron:
- IVA: caída de $1.680.000 millones
- Retenciones a las exportaciones: baja de $587.000 millones
- Aportes y contribuciones a la seguridad social: reducción de $455.000 millones
El único impuesto que mostró una mejora fue Combustibles, con un aumento real de $71.000 millones.
Las causas del desplome
La caída de la coparticipación no es un accidente. Los analistas identifican dos causas principales, ambas vinculadas a decisiones de política económica del gobierno nacional.
1. La baja de la actividad económica
El principal factor fue el desempeño negativo del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyo derrumbe responde directamente a la contracción del consumo y la actividad económica. Según el Iaraf, la recaudación de IVA cayó un 13% real interanual en febrero, mientras que la del impuesto a las Ganancias bajó 0,8%.
La suma de estos dos impuestos (que representan aproximadamente el 94% de la masa coparticipable neta) tuvo una variación negativa del 8,3% en febrero.
2. La modificación en la percepción aduanera del IVA
El segundo factor, de orden técnico, pero con impacto político, es la restitución de los certificados de exclusión de percepciones del IVA aduanero, una medida impulsada por el gobierno de Javier Milei que favorece a los importadores. Según el Iaraf, esta modificación “golpeó las percepciones de Ganancias” y amplificó el efecto negativo sobre los ingresos provinciales.
El economista Nadin Argañaraz, director del Iaraf, precisó que la caída de la recaudación nacional en el primer bimestre fue de $3,3 billones en términos reales. De ese total, $2,4 billones corresponden a recursos que dejó de percibir la Nación, mientras que los $930.000 millones restantes son los que perdieron las provincias.
La respuesta del gobierno nacional
El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a dar su lectura de los números. En un evento de la Fundación Mediterránea en Córdoba, aseguró que el gobierno tiene la intención de que la recaudación aumente, pero no a través de la suba de impuestos, sino por medio de la aplicación de la reforma laboral y la ley de Inocencia Fiscal.
“La segunda cosa que tiene que pasar para que crezcan los ingresos tributarios es que el país crezca”, afirmó Caputo. Y agregó: “Lo que pasa en Argentina es que el ahorro está, pero abajo de los colchones. No es una casualidad que el país no crezca desde 2011”.
El ministro también apuntó a la necesidad de desarrollar el mercado de capitales: “En cualquier país normal, mediano, el porcentaje de préstamos al sector privado está por arriba del 30%. En Argentina es apenas del 3%. No tenemos un mercado de capitales y por eso ha sido un país que ha dependido mucho del crédito externo, cosa que tenemos que terminar”.
En la misma línea, el gobierno nacional anticipó que la alternativa para las provincias es la autorización para la toma de deuda, un camino que ya comenzaron a transitar CABA, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Un dato adicional que confirma la estrategia oficial es el Decreto 161/2026, publicado el 18 de marzo, mediante el cual el Poder Ejecutivo otorgó un anticipo financiero de $100.000 millones a la provincia de Santa Cruz, con una tasa de interés del 15% anual, que deberá ser devuelto mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación. La norma establece que la Secretaría de Hacienda podrá “retener automáticamente los fondos emergentes de la Ley N° 23.548” para cancelar el anticipo.
Los gobernadores “los números no cierran”
La respuesta de los mandatarios provinciales no se hizo esperar. Según publicó El Entreríos, en al menos 15 provincias los gobernadores enfrentan conflictos salariales, con los docentes como principal frente de tensión.
Los reclamos más duros se registran en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones, Salta, Río Negro, San Juan, Jujuy, La Rioja y Catamarca. En Entre Ríos, ante la falta de acuerdo paritario, Rogelio Frigerio cerró la negociación por decreto. Con respecto a Tucumán, Osvaldo Jaldo consensuó después de varias semanas de tensión. En Chubut, Ignacio Torres logró firmar la paritaria, lo mismo que Alfredo Cornejo en Mendoza.
El ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini, fue explícito al anunciar el aumento salarial a los docentes: mencionó la caída de la coparticipación federal del 12% entre enero y febrero como uno de los argumentos para explicar los límites de la oferta salarial.
Según datos del Iaraf, Corrientes registró una caída acumulada del 14,7% en el primer bimestre, con una baja del 6,8% en enero y del 7,9% en febrero.
Un gobernador norteño, en diálogo con El Entreríos, describió la estrategia de la Casa Rosada: “Desde Nación nos aseguran que a partir de mayo tendremos un repunte de la coparticipación vía Ganancias, porque ingresa la primera cuota anual de ese impuesto para empresas. Pero con eso no alcanza. Por más que mejore, si no hay reactivación después volvemos a las bajas”.
El mismo mandatario advirtió sobre la tensión política subyacente: “Hoy por hoy, la gente empieza a sentir cansancio de un esfuerzo económico que no les da los resultados esperados y, en materia política, el presidente y su mesa chica no pasan un buen momento”.
El impacto social
El estrés financiero de las provincias ya comenzó a traducirse en conflictividad social. La conflictividad docente es el emergente más claro. En al menos 15 provincias, los maestros reclaman mejoras salariales superiores a las que los gobernadores aseguran estar en condiciones de otorgar, lo que derivó en medidas de fuerza.
“Que no haya clases nos golpea, pero lo que no hay es plata”, ironizó un mandatario citado por El Entreríos, parafraseando la famosa frase del presidente Milei.
Pero el malestar no se limita al sector docente. El 24 de marzo, en la movilización por los 50 años del golpe de Estado, las consignas contra el gobierno nacional se mezclaron con reclamos por la crisis económica. Según La Política Online, “las consignas apuntaron a la crisis económica que sigue golpeando el bolsillo de las amplias mayorías”.
En la Plaza de Mayo, junto a las banderas clásicas de derechos humanos, aparecieron carteles que apuntaban directamente al ajuste del gobierno y la situación de los trabajadores. En Tucumán, los manifestantes instalaron un cajón fúnebre de cartón que “velaban a los jubilados de la era Milei”.
La masividad de la marcha sorprendió a los organizadores y funcionó como un “catalizador de la oposición a Milei”, con una presencia transversal que incluyó a Axel Kicillof, Sergio Massa, La Cámpora y la CGT.
El impacto político
En las conversaciones entre provincias y Nación ya empezó a aparecer la palabra “blindaje” económico. Según El Entreríos, se trata de un “eufemismo para referirse al planteo de los gobernadores sobre que los números no les cierran para atender las demandas salariales, garantizar prestaciones y seguir cubriendo los huecos que dejó la administración central”.
En esos primeros contactos aparecen algunas ideas que no son nuevas, como la coparticipación del impuesto al cheque. Pero las dos partes tienen en claro que, sin una reactivación firme de la economía, el reparto discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no alcanza para robustecer las finanzas provinciales.
El economista Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, advirtió que el retroceso en los ingresos “no constituye un hecho aislado, sino que se suma a un desempeño muy flojo en 2025, cuando la recuperación de la actividad económica fue heterogénea”.
Osvaldo Giordano, titular del Ieral de la Fundación Mediterránea, aportó una mirada estructural: “El modelo nacional apuesta a seguir bajando impuestos, con lo que no está dentro del modelo la idea de mejorar ingresos. La composición del gasto es muy diferente respecto de Nación. En las provincias la mayor parte va a salarios. Los de docentes, seguridad y salud son los principales. El ajuste fiscal requiere otra estrategia, un enfoque distinto de cómo dar mejores servicios sin sumar personal”.
