La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó este viernes la sentencia de primera instancia que condenaba a la Argentina a pagar más de US$ 16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park por la expropiación de YPF en 2012. El tribunal determinó que la jueza Loretta Preska había interpretado erróneamente la ley argentina y que los reclamos por incumplimiento de contrato no eran admisibles bajo la legislación local.
El fallo, considerado histórico por el gobierno de Javier Milei, no solo le ahorra al país un desembolso equivalente al 45% del presupuesto nacional, sino que además despeja un obstáculo central para el eventual regreso de la Argentina a los mercados internacionales de capital. La decisión, que aún puede ser apelada ante la Corte Suprema de Estados Unidos, golpeó duramente a Burford Capital: sus acciones se desplomaron hasta un 54% en Wall Street.
El fallo histórico
El viernes 26 de marzo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York emitió una decisión que marca un antes y un después en el litigio más largo y costoso que enfrentaba la Argentina en tribunales extranjeros.
Por unanimidad, los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson revocaron la sentencia de primera instancia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, que condenaba al país a pagar una indemnización de US$ 16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, antiguos accionistas minoritarios de YPF.
El fallo de la Cámara fue contundente: “Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato no son admisibles conforme al derecho argentino”. Además, el tribunal confirmó que YPF fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de estatización.
La decisión se basó en tres pilares fundamentales que la defensa argentina, coordinada por la Procuración del Tesoro, había sostenido a lo largo de todo el proceso:
- Jurisdicción Argentina: el argumento central fue que el juicio debió tramitarse en tribunales locales. La defensa sostuvo que correspondía a la justicia argentina determinar qué norma prevalecía: la Ley de Expropiación de 2012 o el estatuto de YPF, que obligaba a lanzar una oferta pública al adquirir más del 15% de las acciones.
- Error de interpretación técnica: el Estado argumentó que la jueza Preska había interpretado erróneamente el derecho societario y administrativo argentino al dictar la condena original. La Cámara de Apelaciones coincidió en que los estatutos de una empresa no constituyen un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar daños de esa forma, y señaló que la ley de Expropiaciones argentina prohíbe expresamente las acciones judiciales de terceros que interfieran con una expropiación.
- El cálculo del tipo de cambio: como estrategia de “mínima”, la Argentina planteó que, de haber una condena, el monto debía calcularse con el tipo de cambio de 2023 y no el de 2012. Esto hubiera reducido la cifra de US$ 16.100 millones a unos US$ 4.920 millones, aunque finalmente la Cámara optó por la revocación total.
Los actores en pugna
El origen del conflicto se remonta a 2012, cuando el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió expropiar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol. La decisión, defendida en el Congreso por el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof, apuntaba a recuperar el control de la principal empresa energética del país en un contexto de caída de la producción y aumento de las importaciones de combustibles.
Si bien en 2014 el Estado argentino llegó a un acuerdo con Repsol para indemnizarla con unos US$ 5.000 millones, los accionistas minoritarios entre ellos (Petersen Energía (del grupo argentino Petersen) y Eton Park) quedaron fuera del acuerdo y presentaron una demanda en Nueva York. Alegaron que, al tomar el control, el gobierno había violado el estatuto de YPF, que obligaba a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas.
En 2015, Petersen Energía quebró y el fondo de litigio Burford Capital compró sus derechos a demandar por unos 15,1 millones de euros, a cambio de quedarse con un porcentaje de la futura indemnización. Burford, especializado en financiar litigios ajenos a cambio de una parte de la ganancia, se convirtió así en el principal beneficiario del caso. En 2023, la jueza Loretta Preska le dio la razón, dictando la condena más grande de la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano.
La reacción en los mercados
El impacto del fallo de la Cámara de Apelaciones fue inmediato y brutal en los mercados financieros. Las acciones de Burford Capital se desplomaron hasta un 54% en Wall Street, reflejando la repentina evaporación de la jugosa indemnización que esperaba cobrar. En Londres, la caída fue del 46%.
En las antípodas, los activos argentinos celebraron. El ADR de YPF en Nueva York avanzó más del 5%, mientras que en la Bolsa de Buenos Aires la suba fue superior al 3%. El riesgo país, que venía operando en niveles elevados por la incertidumbre, mostró una clara tendencia a la baja tras conocerse la noticia.
El discurso oficial
El presidente Javier Milei salió a celebrar el fallo con una euforia inusual, incluso para sus estándares. En un acto oficial en Buenos Aires, calificó la noticia como “el mayor logro jurídico de la historia nacional” y no perdió la oportunidad de atacar con virulencia a sus adversarios políticos.
“Gracias a la gestión de Horacio Marín (presidente de YPF), al equipo de abogados y la Procuración del Tesoro, logramos que la Argentina tenga que evitar el pago”, sostuvo Milei. Y acto seguido, arremetió: “Como soy Milei lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar lo que hizo el inútil imbécil de (el exministro de Economía Axel) Kicillof y la corrupta y presidiaria de Cristina Kirchner”.
La referencia a la ex presidenta alude a su condena por corrupción y prisión domiciliaria, mientras que el ataque a Kicillof apunta a su rol central en la expropiación de YPF y su actual posición como gobernador de la provincia de Buenos Aires, el principal bastión de la oposición.
En la vereda opuesta, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue más técnico, pero igualmente celebratorio. Felicitó al equipo legal de la Procuración del Tesoro, liderado por Sebastián Amerio y Juan Stampalija, y reveló un dato clave de la gestión: “Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un arreglo (settlement) y jamás les dimos cabida”. Esta postura de no negociar, que contrastaba con la incertidumbre del litigio, fue una apuesta de alto riesgo que finalmente dio sus frutos.
El impacto económico y político
Más allá de la celebración política, el fallo tiene implicancias económicas profundas. En primer lugar, libera al Estado argentino de una deuda contingente de más de US$ 16.000 millones que, de haber tenido que pagarse, hubiera representado un golpe letal para unas reservas del Banco Central que ya son negativas en términos netos.
En segundo lugar, despeja un enorme obstáculo para el eventual regreso de la Argentina a los mercados internacionales de capital. Según el Buenos Aires Times, el fallo “ayuda a despejar el camino del gobierno para un eventual regreso a los mercados internacionales”. La espada de Damocles del juicio de YPF era una de las principales razones por las que los inversores internacionales mantenían al país en cuarentena.
Sin embargo, el panorama no está exento de matices. El tribunal de apelaciones fue explícito al señalar que la Argentina “procedió erróneamente” y que “violó promesas que hizo a inversores extranjeros para atraer capitales en los años 90, y eso daña la credibilidad del país como destino de inversión”. El fallo no es un cheque en blanco a la conducta del Estado argentino, sino una decisión técnica sobre la admisibilidad del reclamo bajo la ley local.
Cierre
La revocación de la condena por parte de la Corte de Apelaciones de Nueva York es, sin lugar a dudas, una victoria mayúscula para el Estado argentino. Le ahorra al país un desembolso de US$ 16.100 millones, golpea a un fondo especulativo que había hecho del litigio su principal activo y despeja un nudo central para el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito.
El gobierno de Javier Milei cosecha así el fruto de una estrategia que combinó una defensa técnica impecable (que se mantuvo coherente a lo largo de los gobiernos de Macri, Fernández y ahora Milei) con una apuesta política de no negociar con los fondos buitre que buscaban un acuerdo.
El hecho de que los jueces de la Cámara hayan señalado que la Argentina “procedió erróneamente” al violar promesas a inversores extranjeros es una advertencia sobre la importancia de la previsibilidad y la seguridad jurídica, valores que el gobierno libertario dice defender con fervor.
La celebración de Milei, con sus dardos a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, busca capitalizar políticamente un éxito que despeja el terreno para su principal objetivo económico: el regreso a los mercados internacionales. Como dijo el propio ministro Caputo, nunca se negoció. Y esa decisión, ahora, tiene un premio de 16.000 millones de dólares para las arcas del Estado.
