Ante la escalada del conflicto, el Gobierno provincial confirmó la apertura de una instancia formal de negociación con representantes de familiares y retirados de la policía.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo señaló que se convocará a una mesa de trabajo institucional para abordar los reclamos del sector. Según la comunicación gubernamental:
“A solicitud de los representantes de familiares y retirados, se acordó una mesa de trabajo conjunto para avanzar en soluciones”.
El documento también indica que el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia se encuentra elaborando una “propuesta superadora destinada al escalafón de Seguridad”, con el objetivo de revisar la estructura salarial del sector.
La negociación se desarrollará el próximo lunes el tema salarial con la mesa que se conforme, con funcionarios, técnicos de hacienda y seguridad. Los próximos apartados se negociara por aparte las próximas semanas entre funcionarios del área económica, autoridades de seguridad y representantes de los sectores que impulsan el reclamo.
Los principales reclamos del sector
Las familias y los policías retirados sostienen que los salarios del sector quedaron rezagados frente al aumento del costo de vida. Según denuncian, esta situación obliga a muchos efectivos a buscar ingresos adicionales para sostener sus hogares.
Entre los puntos centrales del petitorio se destacan:
Recomposición salarial
- Reclaman un aumento significativo de los salarios de la fuerza.
- Algunos sectores plantean subas cercanas al 70% para recuperar poder adquisitivo.
Actualización del salario inicial
- Exigen que el sueldo de ingreso se acerque al costo de la canasta básica.
Mejora de haberes para retirados
- Los ex efectivos sostienen que los aumentos recientes no se trasladaron plenamente a jubilaciones y pensiones.
Revisión de adicionales
- Se cuestiona la distribución de adicionales dentro de la estructura policial y se solicita mayor equidad en su asignación.
Condiciones laborales
- También se plantean reclamos vinculados a equipamiento, cobertura social y condiciones de trabajo.
Durante las movilizaciones, familiares de efectivos señalaron que muchos policías “buscan trabajos alternativos para llegar a fin de mes”, reflejando la presión económica que atraviesan los ingresos del sector.
La dimensión política del conflicto
Aunque el reclamo es impulsado formalmente por familiares y retirados (debido a las restricciones legales que tienen los efectivos en actividad para manifestarse) el conflicto tiene una clara dimensión política e institucional.
El gobierno provincial, encabezado por el gobernador Carlos Sadir, busca encauzar el conflicto mediante una negociación que evite una escalada dentro de las fuerzas de seguridad.
En ese marco, el Ejecutivo intenta equilibrar tres variables sensibles:
- evitar una protesta directa de efectivos policiales, que podría generar un problema de gobernabilidad;
- contener el impacto fiscal que implicaría una recomposición salarial amplia;
- y preservar la estabilidad institucional dentro de las fuerzas de seguridad.
Perspectivas
La mesa de negociación anunciada por el Gobierno será determinante para el desarrollo del conflicto en las próximas semanas.
Si el Ejecutivo logra presentar una propuesta salarial que satisfaga parcialmente las demandas, el escenario podría descomprimirse. Sin embargo, si las negociaciones no arrojan resultados concretos, el reclamo podría ampliarse y aumentar la presión política sobre la administración provincial.
En un contexto económico marcado por inflación persistente y restricciones fiscales, la discusión salarial dentro de las fuerzas de seguridad aparece hoy como uno de los desafíos más delicados para la estabilidad política y financiera de la provincia de Jujuy.
