El primer bimestre de 2026 dejó un saldo lapidario para las finanzas jujeñas: una caída real de la coparticipación federal del 8,3% en enero y del 8,7% en febrero, lo que significó una pérdida acumulada de $27.009 millones en términos reales. Mientras el gobierno provincial ofrece un adelantamiento del aumento salarial del 4% para marzo y un bono en mayo, los gremios estatales rechazan la propuesta por considerarla insuficiente y denuncian una “metodología de imposición”. En el medio, la provincia enfrenta un déficit de $3.000 millones en el presupuesto 2025, una inflación que en el primer bimestre acumuló el 6,2%, y una canasta básica que en febrero alcanzó los $1.446.657 para una familia tipo, muy por encima del salario inicial docente de $840.000.
El número que golpea las cuentas provinciales
La caída de la coparticipación federal se ha convertido en el principal dolor de cabeza para las finanzas de Jujuy. Según datos oficiales difundidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y analizados por el gobierno provincial, los fondos provenientes de la coparticipación federal experimentaron en enero una variación interanual negativa del 8,3%, caída que se agudizó en febrero alcanzando una disminución del 8,7% en términos reales. En el acumulado del primer bimestre, Jujuy perdió $27.009 millones.
El gobernador Carlos Sadir fue categórico al describir la magnitud del problema. En declaraciones a la prensa, calificó el primer bimestre de 2026 como “el peor en materia de recaudación por coparticipación de los últimos trece años en términos reales”. Esta caída no es un hecho aislado: según la diputada provincial María Teresa Agostini, “desde julio de 2025 los ingresos del Estado nacional pierden sistemáticamente la carrera contra la inflación, configurando un escenario de recesión que golpea directamente el corazón del federalismo fiscal”.
El contexto nacional es igualmente preocupante. Según datos de ARCA, la recaudación impositiva nacional sufrió un desplome del 9,5% real en febrero, profundizando una crisis de las finanzas públicas que ya no tiene red de contención. Los derechos de exportación se desplomaron un 39,5%, los de importación retrocedieron un 26,5%, y los impuestos internos coparticipados cayeron un 16,4%.
Las causas del desplome
La caída de la coparticipación no es un accidente. Los analistas identifican causas estructurales que explican el fenómeno. El principal factor fue el desempeño negativo del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyo derrumbe responde directamente a la contracción del consumo y la actividad económica.
Según un informe del diputado nacional Guillermo Michel, la masa coparticipable totalizó en febrero $5,44 billones, lo que representó una contracción real interanual del 7,5% en los ingresos de las provincias. El IVA cayó un 3,2% real interanual, lo que desdibuja cualquier expectativa de alivio para los gobernadores.
El economista y diputado del PTS-FITU, Gastón Remy, ofreció una lectura política del fenómeno: “Lo que Sadir llama crisis es en realidad el resultado del menor consumo y la caída de actividad causados por la política macroeconómica de Milei, a la cual él adhiere. No es un derrumbe natural, es un ajuste provocado”.
La diputada Agostini coincidió en el diagnóstico: “La retracción del consumo causa impacto inmediato y sin remedio. La masa de fondos que se distribuye automáticamente a las provincias se achica a medida que los impuestos principales pierden fuerza”.
La respuesta del gobierno provincial
Frente a este escenario, el gobierno de Carlos Sadir ha optado por una estrategia de ajuste interno. Según lo expresado por el propio gobernador, la administración provincial se enfoca en la “eficientización del gasto” y el “uso de recursos propios” para mitigar el impacto en el sector público.
“Venimos asumiendo responsabilidades que antes recaían en el Estado nacional. Nos hicimos cargo de obras paralizadas, de programas sociales discontinuados y de necesidades urgentes en infraestructura, transporte, viviendas, salud y educación. No lo hicimos desde la queja, lo hicimos desde la responsabilidad de gobernar”, aseveró Sadir en su mensaje de apertura de sesiones legislativas del 28 de febrero.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, reveló un dato que complica aún más el panorama: la Cuenta de Inversión del presupuesto provincial 2025 mostrará “un déficit aproximado de tres mil millones de pesos”. Cardozo explicó que esta situación es el “resultado de priorizar salarios y obras” públicas, y subrayó la importancia de “fortalecer los salarios de forma responsable y considerando las condiciones y posibilidades financieras” de la provincia.
El impacto en las paritarias
El escenario de caída de recursos impacta de lleno en las negociaciones paritarias con los gremios estatales. El gobierno provincial ofreció a los trabajadores públicos un adelantamiento del aumento salarial del 4% en marzo, duplicando la pauta inicialmente prevista para este mes, y mantiene la promesa de un bono extraordinario en mayo.
Según explicó el ministro Cardozo, la propuesta presentada a los sindicatos en las reuniones de la semana pasada es “una propuesta superadora” respecto de la planteada a principios de año. “La pauta de marzo sería de un cuatro por ciento, más la conversión que se está haciendo en los distintos escalafones lleva a que el acumulado supere ampliamente el ocho por ciento” de aumento, detalló.
Sin embargo, los gremios estatales rechazaron la oferta. La secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), Mercedes Sosa, calificó la metodología como de “imposición” y advirtió a los trabajadores a “leer entre líneas porque cuando el Gobierno dice que va a adelantar el aumento del dos por ciento, no está diciendo que aumentaron el presupuesto para pensar en una recomposición, sino que eso puede traducirse como que no va a haber paritarias en mayo ni bono”.
Las reuniones paritarias se realizaron el lunes y martes de la semana pasada en dependencias de Conectar Lab, en el barrio Alto Padilla. Participaron dirigentes de ADEP, APL, APOC, APUAP, ATE, ATSA, CEDEMS, SEOM, UPCN, sindicatos municipales del interior y demás agremiaciones docentes.
La voz de los legisladores
La caída de la coparticipación y la tensión paritaria generaron repercusiones en la Legislatura provincial. La diputada María Teresa Agostini, del bloque Frente Jujuy Crece, fue una de las voces más críticas. “La situación descripta somete a las cuentas provinciales a una tensión extrema”, observó. “Con escasos fondos de transferencia automática, el ajuste deja de ser una opción política para convertirse en una obligación aritmética”.
Agostini también cuestionó la decisión del gobierno nacional de girar Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de manera discrecional. Según publicó Diario Jujuy, el gobierno nacional envió $47.000 millones en ATN a las provincias aliadas en marzo, pero Jujuy recibió apenas $2.000 millones, una suma que los gobernadores tachan de mínima: “No cubre ni el 6% de lo que perdimos”.
El diputado Santiago Jubert, también del Frente Jujuy Crece, salió en respaldo de la gestión de Sadir. “A pesar de la falta de acompañamiento del Gobierno Nacional, la Provincia mantiene su hoja de ruta con obras clave y una proyección de desarrollo sostenible”, destacó. La diputada Alejandra Mollón ponderó el mensaje de Sadir coincidiendo en que “el empleo genuino se crea cuando hay inversión. Y la inversión llega cuando existen reglas claras, previsibilidad y un Estado que acompaña”.
La visión opositora
El bloque del PTS-FITU, conformado por los diputados Alejandro Vilca, Natalia Morales, Lamia Debbo y Gastón Remy, salió al cruce del discurso oficial con una lectura diametralmente opuesta. Según el economista y diputado Gastón Remy, Jujuy no está en crisis, sino que acumula un superávit de $500.457.776.482 en fondos que generan rendimientos financieros bajo control discrecional.
Remy presentó un análisis detallado de las cuentas públicas para desmontar el argumento oficial de la “asfixia fiscal”:
- Coparticipación Federal: Durante 2025, los envíos nacionales crecieron por encima de la inflación durante 8 meses consecutivos.
- Recaudación Provincial: Se mantuvo en alza respecto de la inflación incluso hasta enero de este año.
- Superávit Acumulado: Jujuy guarda $500.457 millones en fondos que generan rendimientos financieros bajo control discrecional.
- El Negocio del Litio: Con exportaciones anuales de 2 billones de pesos, el litio genera ingresos equivalentes al 75% del presupuesto provincial total.
“El gobierno hizo gala del superávit acumulado año tras año, ahora parece que se olvidaron del mismo. Lo que no se puede olvidar es que, al igual que Milei, el superávit se logra en base a ajustar el salario y la obra pública”, señaló Remy.
El diputado también vinculó los recursos provinciales a cajas estatales que no rinden cuentas: “El año pasado, Cauchari facturó $64.404 millones y Jujuy Hidrocarburos $4.656 millones, sin rendición de cuentas al pueblo”.
El impacto económico y social
Detrás de los números hay una realidad social que se vuelve cada vez más áspera. Según datos del INDEC, una familia tipo necesitó en febrero $1.397.672 para no caer bajo la línea de pobreza a nivel nacional. En Jujuy, medios locales reportaron para febrero una canasta básica en torno a $1.446.657,74.
Este dato contrasta con los salarios estatales. Según denuncias de los gremios, el salario inicial de un docente en Jujuy es de $840.000, muy por debajo de la canasta familiar. “Es una falta de respeto que funcionarios con dietas millonarias les digan a los docentes que tienen el básico más bajo de la región que no hay plata. Con la riqueza que produce Jujuy, deberíamos tener los mejores salarios del NOA”, concluyó Remy.
La diputada Agostini advirtió sobre los sectores en riesgo: “Con siete meses de retroceso acumulado, la capacidad de las provincias para sostener servicios básicos, salarios y obra pública se encuentra bajo una presión sin precedentes”.
En el análisis de Perico Noticias, la caída de la coparticipación golpea al menos cuatro sectores críticos: el Estado provincial (menos margen para salarios y más tensión con los gremios), los municipios (primer mostrador de la crisis), la obra pública (cada obra que se demora enfría empleo y consumo) y el aparato productivo regional (menor capacidad de acompañar a sectores ya golpeados).
