“Hoy no se equipará la cantidad de comercios que abren con los que cierran”. La frase, del vicepresidente de la Cámara de Comercio de Jujuy, Alejandro Bustamante, resume la crisis que atraviesa el sector comercial en la provincia. Mientras los locales vacíos se multiplican en el centro de San Salvador de Jujuy y en las ciudades del interior, las familias jujeñas destinan cada vez más ingresos a pagar deudas con tarjetas de crédito que ya no pueden sostener.
La morosidad en los créditos a hogares trepó al 10,6% en enero, el nivel más alto en 20 años. En Jujuy, la canasta básica total aumentó 4,9% en febrero, casi el doble que el promedio nacional (2,7%), y una familia tipo necesita $1.330.408 para no caer bajo la línea de pobreza. Mientras tanto, el gobierno de Carlos Sadir promete alivios fiscales, pero no logra frenar la hemorragia: los comerciantes denuncian que no hay exenciones en Ingresos Brutos y que la única medida aplicada es insuficiente.
Locales vacíos, persianas bajas y ventas que no repuntan
El centro de San Salvador de Jujuy ya no es el que era. Los comerciantes lo describen con crudeza: locales que cerraron después de las Fiestas y no volvieron a abrir, persianas bajas que se multiplican, y una afluencia de clientes que es “mínima”. Roxana, que comercializa artículos diversos, señaló a Todo Jujuy que incluso la venta escolar aún no despegó: “Preguntan precios, pero no están fluidas las ventas como otros años”.
Claudia, vendedora de indumentaria, describió un panorama similar: “Las ventas de enero son bastante bajas y se nota la diferencia con el año pasado. Hay menos gente y eso se refleja día a día”. Y agregó un dato lapidario: varios comercios de la zona cerraron tras la temporada fuerte de diciembre, afectados por alquileres elevados y ventas insuficientes.
El fenómeno no se limita a la capital. Desde la Cámara de Comercio advierten que el cierre de negocios “se replica con mayor crudeza en el interior provincial”, donde a la caída del consumo se suman el alto costo de los alquileres comerciales, los embargos por deudas impositivas y la presión del contrabando en una provincia de frontera.
La voz de los comerciantes
El diagnóstico más contundente proviene de Alejandro Bustamante, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Jujuy. En declaraciones a El Destape, Bustamante advirtió que el sector atraviesa “serios problemas en cuanto a las ventas”, que están “muy decaídas”. Y resumió la situación con una frase que debería encender todas las alarmas: “Hoy no se equipara la cantidad de comercios que abren con los que cierran”.
El dirigente señaló que “se ven locales vacíos durante mucho tiempo porque invertir en este contexto es muy difícil y no hay expectativas de mejora en el corto plazo” . La explicación, según Bustamante, es sencilla: “Dependemos del ingreso de la gente. Si la gente no puede comprar, nosotros quedamos como ‘convidados de piedra’”.
La preocupación por la morosidad también atraviesa al sector. “Hoy vemos que las tarjetas de crédito están explotadas, mucha gente paga el mínimo y eso es el principio del fin, porque los intereses son muy altos. Se genera una bola que después es imposible de frenar”, describió Bustamante.
Los números le dan la razón. Según datos del Banco Central, la proporción de créditos en situación irregular dentro de los hogares pasó del 2,67% a comienzos de 2025 al 10,6% en enero de 2026, un deterioro que no tiene antecedentes en las últimas dos décadas.
El factor estructural
La crisis comercial no es un fenómeno aislado. Es la consecuencia directa de un deterioro del poder adquisitivo que en Jujuy es más agudo que en el resto del país.
Según el último informe de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec), la Canasta Básica Total (CBT) registró en febrero un incremento del 4,9%, una cifra que prácticamente duplica la media nacional informada por el Indec (2,7%). La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de indigencia, también evidenció una suba del 4,8% en el mismo período.
El resultado es lapidario: una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en febrero ingresos por $1.330.408 para no caer bajo la línea de pobreza. En tanto, ese mismo grupo familiar debió contar con al menos $601.713 para cubrir la canasta alimentaria mínima y no ser considerado indigente.
A nivel interanual, la CBA aumentó 39,1% en comparación con febrero de 2025, mientras que la CBT se incrementó 39,5% en el mismo período. Estos números explican por qué los jujeños tienen cada vez menos margen para destinar al consumo comercial: la plata se va en alimentos, servicios y deudas.
Los rubros más golpeados
La caída del consumo no discrimina rubros, pero hay sectores que están en la primera línea del fuego.
Indumentaria y electrodomésticos son los que sienten con mayor impacto la caída de las ventas, según Miguel Mamaní, titular del Centro de Empleados de Comercio (CEC). El dirigente señaló que la “retracción de la demanda” ya está provocando el cierre de locales y despidos, y advirtió que “el trabajador no gana lo que corresponde. La mayoría no llega con efectivo al día 10 o 15 de cada mes”.
La brecha salarial es brutal. Un empleado de comercio que recién ingresa percibe un sueldo estimado de $1.100.000, mientras que la canasta básica para no ser pobre se sitúa hoy entre $1.400.000 y $1.500.000. Ese desfase explica por qué el consumo no repunta.
Pero el malestar también alcanza a rubros que parecían más protegidos. Las farmacias, según la presidenta del Consejo Farmacéutico de Jujuy, Cristina Fascia, están “al borde de una emergencia prestacional y sanitaria”. El problema es de liquidez: las farmacias deben pagar a las droguerías en 15 días, pero las obras sociales y prepagas demoran entre 60 y 90 días en abonar lo que les corresponde.
Fascia citó un ejemplo lapidario: “El Pami ha pagado la primera quincena de enero un 52% y en la segunda quincena de enero ha pagado un 53%, pero al día de hoy ya debe tres quincenas”. La consecuencia directa es que “las farmacias empiezan a desabastecerse y no pueden reponer su stock debido a la falta de fondos, lo que afecta directamente a los pacientes”.
La respuesta del gobierno
Frente a este panorama, el gobierno de Carlos Sadir ha anunciado un paquete de medidas de alivio fiscal. En enero, el gobernador presentó un conjunto de beneficios que incluye:
- Exención por 12 meses en Ingresos Brutos para contribuyentes que se registren espontáneamente
- Exención del 100% para las actividades de la industria manufacturera
- Reducciones del 50% y 25% para el comercio de productos alimenticios, el transporte automotor y la construcción y modificación de viviendas familiares
- Exención del 100% en Impuesto de Sellos para contratos de carácter familiar y del 50% para los comerciales
- Plan de regularización con descuentos de intereses y honorarios en ejecuciones fiscales
Sin embargo, los comerciantes consideran estas medidas insuficientes. Guillermo Bustamante, referente de la Cámara de Comercio, sostuvo que ciertas medidas políticas “no alcanzaron al comercio” y que “se nota”. Remarcó que no hubo exenciones en Ingresos Brutos para el comercio en general y que la única reducción aplicada resulta “insuficiente frente a la gravedad del contexto”.
El reclamo central de los comerciantes es la competencia desleal. Desde la Cámara denunciaron el crecimiento del comercio informal, los showrooms, ferias y las plataformas de venta online sin controles, lo que genera una profunda desigualdad frente a los comercios formalmente establecidos, que deben cumplir con impuestos, habilitaciones y empleo registrado.
El impacto social
El comercio es uno de los principales generadores de empleo en Jujuy, con alrededor de 60.000 puestos de trabajo. Cuando los locales cierran, no solo caen las ventas: se pierden fuentes de ingreso para familias enteras.
La situación es particularmente grave en el interior provincial. Según la Cámara de Comercio, el cierre de negocios “se replica con mayor crudeza” en las localidades del interior, donde a la caída del consumo se suman el alto costo de los alquileres comerciales, los embargos por deudas impositivas y la presión del contrabando.
El malestar social ya comienza a expresarse en otros sectores. El dirigente social de San Salvador de Jujuy, Juan Vargas, denunció que el subsidio que reciben los comedores infantiles “equivale a 15 pesos por día por chico” y que el aporte estatal “resulta insuficiente y llega con atraso”. Vargas sostuvo que la última vez que se pagó fue en septiembre, y que la actualización más reciente del presupuesto se hizo hace dos años.
