Con récord histórico de producción y Vaca Muerta aportando siete de cada diez barriles, el país registró en marzo aumentos de hasta el 16% en los combustibles que la ubican entre los tres más caros de Sudamérica. Mientras el gobierno argentino descarta cualquier intervención en los precios “meterse en los mercados es matar la gallina de los huevos de oro”, afirma la secretaria de Energía, Brasil lanzó un paquete de R$ 30.000 millones con subsidios directos y un impuesto a las exportaciones petroleras. La comparación expone dos modelos antagónicos frente a la misma restricción externa.
La paradoja argentina
La paradoja no podría ser más elocuente. En enero de 2026, Argentina alcanzó la producción de petróleo más alta de la que se tenga registro oficial: 4.262.675 metros cúbicos de crudo. En febrero, ese récord se consolidó con una producción promedio de 867.656 barriles por día, de los cuales Vaca Muerta aportó siete de cada diez barriles, con un crecimiento interanual del 30%.
El ministro de Economía celebró en sus redes sociales el resultado: “Este crecimiento estuvo impulsado por la producción de Vaca Muerta, que aumentó un 35,5% interanual”. La euforia oficial tenía sustento: después de décadas de déficit energético, el país se había convertido en exportador neto de energía, una condición que, en teoría, debería blindar al mercado interno de los shocks externos.
Sin embargo, el mismo mes en que se anunciaba el récord de producción, los surtidores argentinos registraban una escalada de precios sin precedentes. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), la nafta súper acumuló un aumento del 16% en lo que va de marzo, mientras que la premium subió 11,7% y el gasoil común trepó 15,6%.
El resultado es que hoy Argentina tiene el tercer combustible más caro de Sudamérica, con un litro de nafta a USD 1,343, superada solo por Uruguay (USD 1,899) y Perú (USD 1,343) . En enero de este año, antes del conflicto, el país recién escalaba al sexto puesto . En apenas tres meses, la escalada en el ranking regional fue tan pronunciada como la suba en los surtidores.
El argumento oficial
La respuesta del gobierno argentino ante este escenario ha sido, cuanto menos, explícita. La secretaria de Energía, María Tettamanti, fue categórica: “Meterse en los mercados a regular precios o prohibir exportaciones es matar la gallina de los huevos de oro y nosotros no lo vamos a hacer. Es un fenómeno transitorio”.
La funcionaria sostiene que la Argentina tiene que “aprovechar su potencial energético” y que “no hay que asustarse por los movimientos del mercado, sino gestionarlos, y eso le corresponde al sector privado” . La apuesta oficial es que el superávit energético, impulsado por Vaca Muerta, compense el impacto social del aumento.
Detrás de esta declaración subyace una concepción precisa: el precio de paridad de exportación como criterio rector. Es decir, el combustible se vende internamente al mismo valor que podría obtenerse exportándolo. En un contexto de guerra y precios internacionales disparados, ese criterio garantiza que las petroleras maximicen sus ingresos en dólares, pero transfiere íntegramente el shock externo a los consumidores locales.
El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció una estrategia de micropricing para “amortiguar los aumentos”, basada en promedios móviles que atenúan los picos de subas y bajas. Sin embargo, los números muestran que el amortiguamiento tiene límites: la industria viene absorbiendo parte del shock a costa de reducir su margen de refinación (crack spread) de USD 59 por barril en diciembre a USD 40,5 actualmente, una caída del 30%. Pero esa capacidad de absorción no es infinita. Los analistas proyectan nuevos aumentos de hasta 10% en las próximas semanas.
El modelo brasileño
A pocos kilómetros de distancia, Brasil implementó una estrategia radicalmente distinta. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lanzó un paquete de emergencia de R$ 30.000 millones para contener la suba del diésel . Las medidas incluyen:
- Subsidio directo de R$ 0,32 por litro para productores e importadores de diésel
- Exención del PIS/Cofins (impuestos federales) sobre el diésel importado, otro alivio de R$ 0,32 por litro
- Impuesto del 12% a las exportaciones de petróleo para financiar el paquete
Pero la intervención brasileña no se detuvo allí. El gobierno estableció una tabla de precios de referencia para el diésel, que funciona como un precio techo para acceder al subsidio: solo recibirán los R$ 0,32 por litro quienes vendan el combustible por debajo de los valores fijados por el Estado .
La tabla diferencia dos tipos de combustible: el diésel importado o refinado con petróleo importado, cuyo precio tope varía entre R$ 5,294 y R$ 5,510 por litro según la región; y el diésel producido con petróleo nacional, cuyo tope se ubica entre R$ 3,509 y R$ 3,864 por litro . En la práctica, esto permite que Petrobras, única refinadora con petróleo nacional, opere con precios muy inferiores a las cotizaciones internacionales.
La lógica es clara: el Estado fija condiciones de mercado que desacoplan el precio interno del internacional. Quien quiera recibir el subsidio debe vender más barato. Y Petrobras, para ser elegible, no puede aumentar sus precios por encima de esos topes.
Las consecuencias
Los resultados de estas estrategias antagónicas son visibles en los surtidores. Mientras la nafta en Argentina trepó a USD 1,343 por litro, en Brasil el precio promedio se ubica en R$ 6,65 por litro para la gasolina (aproximadamente USD 1,229). Pero la diferencia más notable es en el diésel: en Argentina subió 15,6% en marzo; en Brasil, el gobierno logró contener el impacto con el subsidio de R$ 0,32, aunque el precio en surtidores aún promedia R$ 6,80 por litro.
Sin embargo, el modelo brasileño no está exento de costos. El subsidio implica un gasto fiscal significativo que debe financiarse con el impuesto del 12% a las exportaciones petroleras, una medida que genera tensiones con el sector privado. Además, los analistas del Goldman Sachs advierten que la Petrobras podría perder competitividad frente a los importadores si decide no aumentar precios para seguir recibiendo el subsidio, con un impacto negativo estimado en USD 1.200 millones en su flujo de caja.
El JPMorgan, por su parte, evaluó que el precio de referencia anunciado “aún implica un descuento del 30% respecto a la paridad internacional”, y que el aumento de precios sigue siendo una decisión de Petrobras. En otras palabras: el gobierno crea las condiciones, pero la petrolera estatal mantiene márgenes de autonomía.
La restricción externa en dos versiones
lo que está en juego aquí es la restricción externa en su forma más pura: la capacidad de un país para desacoplar su mercado interno de las fluctuaciones de los precios internacionales.
Argentina eligió la paridad de exportación como criterio rector. En un contexto de guerra y precios altos, eso significa que el shock externo se traslada íntegramente al consumidor local. La lógica oficial es que intervenir en los precios sería “matar la gallina de los huevos de oro”, es decir, desalentar inversiones en Vaca Muerta y perder los ingresos fiscales asociados a las exportaciones.
Brasil, en cambio, optó por la intervención activa: subsidios, impuestos a las exportaciones, precios de referencia y condicionamientos a Petrobras. El costo es fiscal y genera tensiones con el sector privado, pero el beneficio es que la población no paga en los surtidores la totalidad del shock externo.
No hay aquí una solución técnicamente superior. Hay una decisión política sobre quién soporta el costo de la guerra que se libra a miles de kilómetros. En Argentina, la apuesta es que el superávit energético y la disciplina fiscal justifican la no intervención, y que el costo social será compensado por otros mecanismos. En Brasil, la apuesta es que el Estado debe amortiguar el golpe, aunque eso implique un mayor gasto público y una gestión más activa de la política de precios de Petrobras.
Análisis
La paradoja argentina (más petróleo que nunca, pero combustible entre los más caros de la región) no es una anomalía. Es el resultado de una decisión de política económica que prioriza la paridad de exportación por sobre la contención de precios internos. Mientras Brasil interviene con recursos fiscales para desacoplar su mercado del shock externo, Argentina lo transfiere íntegramente al consumidor, con la convicción de que ese es el precio a pagar por consolidar el superávit energético.
La pregunta que queda abierta es si la “gallina de los huevos de oro” (Vaca Muerta) justifica que el costo del conflicto en Medio Oriente lo paguen las familias argentinas en cada carga de combustible. O si, como en Brasil, hay margen para que el Estado amortigüe el golpe sin desalentar la inversión que, después de todo, sigue siendo la misma.
El barril que quema en el Golfo Pérsico no distingue fronteras. Pero los modelos para enfrentarlo sí. Y lo que está en juego, en el fondo, es una definición central sobre el rol del Estado frente a la restricción externa.
