El 2 de abril marca, para la Argentina, una de esas fechas que la historia se empeña en no dejar pasar. A 44 años del desembarco que inició la guerra de Malvinas, el país se detiene para honrar a los 649 soldados caídos y a los veteranos que volvieron a una patria que, durante décadas, los miró con indiferencia.
Pero esta conmemoración encuentra a la Argentina en un momento de profunda contradicción. Mientras el presidente Javier Milei encabeza el acto central en la Plaza San Martín de Retiro, el Centro de Ex Combatientes de La Plata lo denunció penalmente por considerar que sus declaraciones constituyen un “plan sistemático de entrega de nuestras Malvinas”.
La denuncia se apoya en una entrevista concedida al medio británico The Telegraph, donde el mandatario supeditó la recuperación del archipiélago a la voluntad de sus habitantes: “El territorio solo debería regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen”.
Una frase que, para los excombatientes, vulnera la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” sobre los territorios insulares.
La guerra que fue un intento de sostener un gobierno de facto
El 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar que gobernaba la Argentina desde 1976 intentó un golpe de efecto: recuperar las Islas Malvinas por la fuerza. La Junta Militar, que ya llevaba seis años de terrorismo de Estado, con 30.000 desaparecidos, una economía en caída y un descontento social creciente, buscó en la gesta patriótica un salvavidas político.
La guerra fue, en esencia, un intento desesperado de un régimen de facto por sostenerse en el poder apelando a un sentimiento nacional que ellos mismos habían pisoteado.
Pero la guerra duró 74 días. Y cuando terminó, con la rendición argentina el 14 de junio de 1982, la dictadura no solo había perdido las islas, sino también cualquier resto de legitimidad que le quedaba. La derrota aceleró su caída y, en octubre de 1983, la democracia recuperó su lugar.
Sin embargo, lo que la guerra reveló con crudeza fue una estructura de poder que había enviado a sus jóvenes a morir por una causa que ni siquiera habían preparado. Como señala el investigador Daniel Chao, “Argentina en el ’82 no tenía una Ley de protección para los conscriptos que explicitara qué hacer con los jóvenes que cumplían el Servicio Militar Obligatorio en caso de que se entrara en guerra”.
El Teatro de Operaciones Malvinas, el espacio designado para la batalla, tuvo que ser redefinido después de la guerra para incluir en las protecciones a los pilotos de la Fuerza Aérea que combatían desde el continente. “Se empieza a definir qué fue la guerra cuando la guerra termina”, resume Chao.
El abandono de los héroes
Si la guerra fue una decisión de los generales, la posguerra fue el calvario de los soldados. Los veteranos que volvieron al continente se encontraron con un país que no sabía qué hacer con ellos. Y un Estado que, durante décadas, los dejó en la deriva.
Chao documenta con precisión el extenso historial de fallas y desatenciones. “Hubo muchas fallas, y la mayor de todas tiene que ver con la salud. Siempre fueron discontinuas, tardaron mucho, no avanzaron como debían, se fueron resolviendo a la marcha y como se pudo”, sostiene. La Ley N° 23.109, aprobada en 1984 y reglamentada en 1988, disponía una convocatoria nacional para que la salud física y mental de todos los veteranos fuera revisada. “Nunca se llevó a cabo”, afirma el investigador.
Los veteranos empezaron a tener una obra social recién en 1990, con PAMI. Un tratamiento específico para sus dolencias llegó en 2003. Y en 2008 fue creada la primera institución que les brindó cuidados psiquiátricos. Cuatro décadas después, Chao insiste en que “estos hombres tienen que seguir siendo cuidados porque fueron enviados en nombre del Estado argentino a jugar su vida por un problema político”. Y concluye con una frase que debería grabarse en la memoria colectiva: “No podemos permitir que queden al borde de la marginalidad”.
El costo de esa marginalidad fue cruel. “Hubo ola de suicidios, alcoholismo, drogadicción; las formas de vivir la posguerra fueron diversas y el Estado argentino nunca cumplió el rol de cuidarlos”, señala Chao.
Los generales que quedaron impunes
Mientras los soldados eran abandonados, los generales que ordenaron la guerra no solo no fueron condenados por su responsabilidad en el conflicto, sino que algunos ni siquiera fueron juzgados por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
En 1985, el Juicio a las Juntas condenó a prisión perpetua a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, y dictó penas menores para Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti. Pero Leopoldo Galtieri, el general que ordenó el desembarco en Malvinas y llevó al país a la guerra, fue absuelto en ese juicio, al igual que Jorge Anaya y Arturo Lami Dozo.
Años después, en 1988, un tribunal civil los condenó a 12 años de prisión por su responsabilidad en la guerra. Pero en 1990, el entonces presidente Carlos Menem dictó un indulto que los benefició a ellos y a todos los condenados por violaciones a los derechos humanos. Galtieri murió en 2003 sin cumplir un solo día de cárcel.
Los indultos de Menem fueron anulados por la justicia en 2006 y 2007, pero muchos de los responsables de la dictadura ya habían fallecido. En octubre de 2025, un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en Tandil, el denominado “Juicio La Huerta”, terminó con 27 absoluciones de los 35 imputados. Las organizaciones de derechos humanos repudiaron el fallo. Como dice la dirigente Petra Marzocca, que a sus 84 años sigue peleando por sus desaparecidos, los genocidas “parecían santos varones, que no se sabía por qué estaban ahí siendo juzgados”.
La impunidad, como la herida de Malvinas, no cierra.
La amenaza de hoy
A 44 años de la guerra, el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas debería ser una política de Estado, una causa nacional que trascienda los colores partidarios. Pero las declaraciones del presidente Javier Milei han encendido todas las alarmas.
En diciembre de 2025, en una entrevista con el diario británico The Telegraph, Milei afirmó que el territorio “debería ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”. Para el Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM), esas palabras no son una opinión personal: son un acto de gobierno con consecuencias jurídicas internacionales que debilita la posición argentina en el reclamo de soberanía.
La denuncia penal presentada contra el Presidente sostiene que Milei ejecuta un “plan sistemático de entrega de nuestras Malvinas, Islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes”. Y advierte que “cuando el Poder Ejecutivo emite declaraciones públicas (…) sin reafirmar el reclamo de soberanía, está sentando precedente” utilizable por la contraparte británica.
El 2 de abril de 2025, en un discurso por la misma fecha, Milei había expresado: “Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies (…) a punto tal que ellos prefieran ser argentinos”. Para el CECIM, ese enfoque refuerza la gravedad institucional de una política que, de concretarse, significaría renunciar al reclamo histórico.
El gobierno de Milei, además, ha profundizado su alineamiento con Estados Unidos, el principal aliado de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. La geopolítica de la región es clara: la recuperación de Malvinas no depende exclusivamente de la voluntad política doméstica. El archipiélago es una pieza clave de la seguridad hemisférica para la alianza angloamericana. En ese contexto, cualquier concesión en el discurso es un regalo para Londres.
Como si fuera poco, el gobierno impulsa negociaciones con el Reino Unido para levantar la restricción que pesa sobre Argentina para la compra de armamento, una de las pocas herramientas de presión que el país tiene en el conflicto. La paradoja es brutal: mientras se debilita el reclamo de soberanía en el discurso, se negocia con el ocupante para que le venda armas.
El rol de Brasil y la fragmentación regional
La debilidad argentina se potencia por la fragmentación de América Latina. En 2012, el entonces presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva había dicho: “¿Cómo es posible que Argentina no tenga las Malvinas?”. Aquella declaración parecía sellar un compromiso de hierro entre los dos países más importantes de Sudamérica.
Catorce años después, la realidad es muy distinta. El acuerdo “Sociedad Estratégica Brasil–Reino Unido 2026-2030”, sellado entre el canciller Mauro Vieira y la secretaria de Asuntos Exteriores británica, fortalece el diálogo político, la cooperación internacional, el comercio y la inversión entre Brasil y el Reino Unido hasta 2030. Para la Argentina, las consecuencias son devastadoras: cuando la principal potencia regional define objetivos comunes con la potencia ocupante, el reclamo argentino deja de ser una causa continental para transformarse en un conflicto bilateral aislado.
La solidaridad regional que alguna vez fue el mayor obstáculo para la expansión colonial británica se ha diluido. El uso de aeropuertos brasileños por parte de la Royal Air Force para sus vuelos hacia las Islas Malvinas se ha vuelto una constante, facilitando el abastecimiento de la base militar de Monte Agradable.
La patria que aún no se reconcilia con sus héroes
El 2 de abril es, para Argentina, la fecha que nos recuerda que no somos una nación completamente integrada si nos robaron un tercio del territorio. Es el día en que honramos a los 649 soldados que dieron su vida en una guerra que ningún civil eligió. Y a los veteranos que volvieron para encontrarse con el olvido, la indiferencia y, en muchos casos, la pobreza.
El veterano César Trejo advierte que la “desmalvinización” es un proceso que se ha construido desde las élites políticas y comunicacionales. Y denuncia que “prevalezcan las visiones desmalvinizadoras que se fueron configurando en la inmediata posguerra”. El hecho de que un presidente argentino diga que idolatra a Margaret Thatcher o Winston Churchill no es una cuestión personal, sino “una estructura cultural que viene del fondo de la historia argentina”.
Cuanto más abajo y más adentro de la patria, sostiene Trejo, menos desmalvinización. “Y cuanto más arriba, ahí está la desmalvinización. Hay verdaderamente una tradición anglófona que detesta lo americano, lo popular, lo criollo”.
El desafío, 44 años después, es recuperar la causa Malvinas como un objetivo nacional que trascienda la grieta. Es entender, como dice Trejo, que “Malvinas es el futuro porque una nación como la nuestra, que tiene más de diez millones de kilómetros cuadrados, hay tres millones y medio que están en manos extranjeras”. Es una tarea pendiente que el Estado debe asumir con todas sus fuerzas, cuidando a sus héroes y defendiendo su soberanía.
El investigador Daniel Chao lo resume con una frase que debe funcionar como brújula: “El centro de la veteranía tiene que ser el cuidado, el cariño y la protección de quienes representaron a la Argentina en el único conflicto bélico donde nuestro país fue protagonista. Eso no los vuelve marginales ni exige repetir que debemos reinsertarlos; debemos cortar con ese facilismo que hemos creado”.
A 44 años de la guerra, la herida de Malvinas no cierra. Y mientras los veteranos siguen esperando que la patria los mire con los ojos que nunca tuvieron, el gobierno de hoy amenaza con entregar lo que ellos dieron su vida por defender.
