Jujuy exportó en 2025 litio, oro y plata por 953 millones de dólares, concentró el 15,8% de las exportaciones mineras del país y alberga la planta solar más grande de América Latina. Sin embargo, un docente de nivel inicial cobra $840.000 mientras la canasta familiar supera los $1.446.000. La provincia tiene superávit en sus cuentas, pero el gobierno de Carlos Sadir insiste en que “no hay plata” para mejorar los salarios. Mientras tanto, las exportaciones del litio crecen, Cauchari sigue facturando y los funcionarios provinciales perciben dietas millonarias.
La realidad que no se nombra
El gobernador Carlos Sadir no se cansa de repetir que el primer bimestre de 2026 fue “el peor en materia de recaudación por coparticipación de los últimos trece años”. Lo dice con cara de preocupación, como si la crisis fuera un fenómeno natural, una tormenta que cayó del cielo y que su gobierno debe soportar con estoicismo. Lo repite en cada conferencia de prensa, en cada apertura de sesiones, en cada reunión paritaria.
Pero hay una verdad que Sadir no menciona: mientras sus funcionarios hablan de “asfixia fiscal”, Jujuy sigue siendo una de las provincias más ricas del norte argentino en términos de producción de riqueza. En 2025, las exportaciones mineras de Jujuy alcanzaron los 953 millones de dólares, posicionando a la provincia como la tercera exportadora minera del país, solo detrás de Santa Cruz y San Juan. El litio, ese mineral que el mundo entero disputa, representa más de la mitad de las ventas externas del NOA y es el principal motor de la economía provincial.
Pero esa riqueza no se traduce en mejores salarios para los trabajadores estatales. Al contrario. Mientras los dólares del litio se acumulan en las arcas provinciales o se destinan al pago de la deuda externa, los docentes jujeños cobran $840.000 de salario inicial, muy por debajo de la canasta familiar que en febrero superó los $1.446.000. Y mientras los maestros recurren al pluriempleo para subsistir (venden comida los fines de semana, manejan Uber, trabajan 14 horas diarias), la dirigencia política provincial se embolsa dietas millonarias y vive en una burbuja de privilegios que contrasta con la miseria de los salarios públicos.
Las tres joyas de la provincia
Jujuy no es una provincia pobre. Lo que ocurre es que su riqueza está secuestrada por una estructura de deuda insostenible y por un modelo de gestión que prioriza el pago a los acreedores internacionales por encima del salario de sus trabajadores.
Tomemos el caso de Cauchari, el parque solar más grande de América Latina. La planta costó 610 millones de dólares, financiados con un crédito del Eximbank de China (US$ 330 millones) y la emisión de un bono verde en el mercado internacional (US$ 210 millones) . Según el propio gobierno, la energía generada por Cauchari debía pagar la deuda y dejar una renta para la provincia.
Pero los números nunca cerraron. El abogado Juan Giusti, que accedió a la facturación de Cauchari en el marco de una causa judicial, demostró que la planta factura anualmente US$ 51,2 millones, lejos de los US$ 60 millones que prometía Gerardo Morales. El resultado final es lapidario: la provincia perderá 176 millones de dólares por este proyecto, una deuda que los jujeños vienen pagando desde 2017.
Y no es solo Cauchari. El litio, esa joya estratégica que debería ser la palanca del desarrollo provincial, también se exporta en bruto, sin industrialización local, sin generación de valor agregado. Las regalías mineras que recibe Jujuy son un porcentaje ínfimo de lo que facturan las empresas. Y los dólares que ingresan por exportaciones (953 millones en 2025) se destinan prioritariamente al pago de los compromisos externos contraídos por la gestión de Morales.
El superávit que se esconde
La paradoja más grotesca es que Jujuy tiene plata. El diputado del PTS-FITU, Gastón Remy, reveló en la Legislatura que la provincia acumula un superávit de $500.457 millones en fondos que generan rendimientos financieros bajo control discrecional del Ejecutivo. Esos fondos están depositados en cuentas bancarias, generando intereses que engordan las arcas provinciales mientras los docentes no cobran el aumento que reclaman.
El gobierno, por supuesto, no habla de ese superávit. En cambio, insiste en la “eficientización del gasto” y en la necesidad de “priorizar salarios de forma responsable”. Pero la realidad es que la “responsabilidad” que pregona Sadir implica que los trabajadores estatales sigan perdiendo poder adquisitivo mientras los funcionarios de primera línea (muchos de ellos militantes del oficialismo) cobran sueldos que multiplican por diez el salario docente.
¿Cuánto gana un diputado provincial en Jujuy? ¿Cuánto cobra un ministro del Ejecutivo? ¿Cuánto perciben los asesores, los directores de entes autárquicos, los gerentes de empresas públicas? Esas cifras no son públicas, pero los gremios denuncian que son millonarias. Y mientras tanto, los docentes que forman a los hijos de esos mismos funcionarios tienen que trabajar 14 horas por día, en dos o tres escuelas, para llegar a fin de mes.
La deuda que se paga con el salario de los trabajadores
El gobierno provincial sostiene que no puede mejorar la oferta salarial porque está “condicionado por la caída real de ingresos” . Pero lo que Sadir no dice es que los ingresos que caen son los de la coparticipación federal, no los recursos propios de la provincia. Y esos recursos propios (que incluyen las regalías del litio, la facturación de Cauchari y el superávit acumulado) se destinan prioritariamente al pago de la deuda externa.
El propio Juan Manuel Soler, candidato a diputado por el Frente Justicialista, lo planteó con crudeza en 2025: “El jujeño no sabe en qué se vio beneficiado con semejante endeudamiento de la provincia en dólares, ya que todas las deudas que tiene el gobierno de la provincia impiden mejorar los salarios de miseria que tiene la administración pública” .
Y Soler tenía razón. Los 610 millones de dólares que costó Cauchari se financiaron con créditos que hoy se pagan con la renta de la propia planta. Eso significa que los dólares que genera la energía solar no van a los jujeños, sino a los acreedores internacionales: el Eximbank de China, los bonistas que compraron el bono verde, el Banco de Desarrollo de América Latina. Y el mismo mecanismo se repite con la minería del litio: las empresas exportan, la provincia recauda regalías, y esas regalías se destinan al pago de deudas anteriores.
Salarios de miseria y dietas millonarias
El resultado de este modelo es una estructura salarial profundamente desigual. Un docente de nivel inicial cobra $840.000. Una familia tipo necesita $1.446.000 para no caer bajo la línea de pobreza. La brecha es de más de $600.000. Para cubrirla, los maestros tienen que trabajar en dos o tres escuelas, vender comida los fines de semana, manejar Uber, hacer changas.
Mientras tanto, en la cúspide del Estado provincial, los funcionarios políticos perciben dietas que multiplican por diez ese salario. Los diputados provinciales cobran más de $2 millones. Los ministros del Ejecutivo, todavía más. Los asesores, los directores de entes autárquicos, los gerentes de empresas públicas (muchos de ellos designados por “cuota política”) tienen salarios que nada tienen que ver con la realidad de los trabajadores de base.
Los gremios lo saben. Por eso, cuando el gobierno habla de “diálogo” y “responsabilidad fiscal”, los docentes responden con paros y movilizaciones. Saben que la plata está, pero se la llevan otros.
